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Colectivos armados: los últimos protectores de Maduro
Van en moto, encapuchados y con pistolas y hasta fusiles. Son los encargados de infundir miedo y reprimir a la disidencia. Sus actuaciones paramilitares no son castigadas por la fuerza pública, con la que trabajan en conjunto.
La defensa de la revolución bolivariana es a sangre y fuego. “Los colectivos armados se han convertido en un mecanismo paramilitar de este gobierno", dice el diputado Tomás Guanipa. Otro parlamentario, Américo De Grazia, señala que "con estos grupos armados, el crimen organizado se ha convertido en una política de Estado. El Gobierno los usa para amedrentar o controlar a la disidencia".
En la calle, la relación es más cercana y el temor, más inmediato. "Van en motos, siempre en banda y se tapan la cara, pero sabemos que son los colectivos por la pinta: chaquetas, guantes y bandanas rojas", describe Luisa Meza, habitante del centro de Caracas, a lo que califica son fuerzas de choque del chavismo.
Los "colectivos" nacieron hace 15 años en Venezuela. Grupos sociales organizados en torno al liderazgo directo de Hugo Chávez para desarrollar trabajo social y "conducir" a las comunidades. Pero su poder se ha ido consolidando durante tres lustros: controlan zonas urbanas, intervienen en las dinámicas sociales, "protegen" edificios públicos y toman la calle para mostrarse "rodilla en tierra" con el chavismo. Meza, de 53 años y trabajadora en una tienda de víveres, asegura que están armados, que intimidan a la gente y que imponen su ley.
"Ellos manejan el estacionamiento. Eso era un terreno baldío que ocuparon y ahora cobran a los vecinos para guardar carros allí. Uno no se puede negar, y nadie viene a reclamar la privatización ilegal de ese sitio ni menos a sacarlos. Nadie los toca", cuenta Virginia Lander, residente de la parroquia Santa Rosalía en Caracas sobre un parqueadero improvisado donde ella y otros guardan sus vehículos por las noches. "Ya sabes que no se pueden dejar en la calle, porque no amanecen", añade.
La acción de los colectivos está basada en el Municipio Libertador, gobernado desde hace 17 años por el chavismo. El exalcalde Freddy Bernal, de hecho, es señalado como uno de los liderazgos capaces de "hablarle" a esos grupos.
Desde 2016, cuando Nicolás Maduro se derrumbó en el favor popular y las protestas se hicieron más cotidianas en sectores populares, los colectivos cambiaron de misión: reprimir. Lo hacen en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional (GNB).
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En una foto difundida en redes sociales el miércoles 19 de abril, se aprecian a civiles portando armas largas junto a motocicletas oficiales de la GNB. La gráfica fue tomada en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, donde estas últimas semanas se han denunciado "ataques" a los edificios desde donde sus habitantes protestan con cacerolas. Ese mismo día, cayó muerto Carlos José Moreno, de 19 años, cuando participaba en una concentración opositora que intentó ser dispersada con disparos a manos de encapuchados. Una de las balas le llegó a la cabeza.
Al día siguiente, en El Valle, un barrio pobre de la capital venezolana, hubo disturbios. Lo que comenzó como un cacerolazo, devino en represión y luego en la acción de civiles armados que llegaron gritando que "candelita que se prende, candelita que se apaga", recordando una frase dicha por Hugo Chávez. Una investigación del portal Runrun.es afirma que esos grupos irregulares habrían permitido los saqueos que ocurrieron en medio de sucesos que dejaron 11 muertos reconocidos por el Estado y siete más, según denuncia de familiares y vecinos del lugar.
Patente de corso
Nicolás Maduro activó el 18 de abril el Plan Zamora para el control del orden público en el cual participan también civiles, incluyendo las bases del partido de gobierno, el PSUV. En enero de 2016 el comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, dijo que el plan implica “la incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social normal al Estado de conmoción interior o exterior”. El 17 de abril de 2017, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la creación e incorporación de los cuerpos de combatientes de esa tolda a la Milicia Bolivariana a la que Maduro ordenó entregarle fusiles.
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Es la legalización de las operaciones conjuntas que ya se registraban en el país. Por ejemplo, el 13 de abril de este año una protesta local en el sector de Ruiz Pineda en Caracas fue respondida por colectivos chavistas con disparos al aire. Incluso, el grupo de civiles armado detuvo a Andrés Ulichny y Keismer Sivira para llevarlos hasta una sede cercana de la Guardia Nacional donde fueron entregados y encarcelados, asumiendo funciones policiales.
En la oposición se rechaza la mera existencia de tales grupos. La Asamblea Nacional, en voz de su presidente Julio Borges, emitió un acuerdo en el que exigen a la Fuerza Armada “hacer valer su propia razón de ser porque no puede haber grupos paramilitares”. El gobernador de Lara Henri Falcón dijo el 13 de abril tener pruebas de complicidad en fotografías y videos al afirmar que “más de 80 motorizados encapuchados salen del Core 4 de la Guardia Nacional bajo el amparo de la PNB y la GNB para sembrar miedo y zozobra”.
El opositor gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció el 16 de abril de 2017 que capturaron a seis integrantes del Colectivo Tupamaro que pretendían asaltar su despacho y que son empleados de la Alcaldía de Guaicaipuro, controlada por el PSUV. Al día siguiente obtuvieron libertad plena por orden de un tribunal.
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El lunes 27 de abril, durante el "plantón" convocado por los adversarios de Maduro, en la ciudad de Mérida, al occidente, el alcalde Carlos García denunció que la respuesta del chavismo fue agredir la protesta con grupos armados. "Se reunieron desde temprano alrededor de la gobernación -que encabeza el chavista Alexis Ramírez- y luego atacaron la manifestación. Allí se produjeron dos muertos y también ingresaron a residencias, quemaron dos vehículos, se robaron una moto y dejaron destrozos", confirmó a Semana afirmando que entre los integrantes de esas bandas están "funcionarios de la gobernación".
Ni armas ni sueldo, dicen
Las denuncias sobre la militarización de tales agrupaciones se han acumulado por decenas. En 2012 fue muy difundida una fotografía del Colectivo La Piedrita con niños armados y en compañía de un diputado del chavismo, en el sector 23 de Enero de Caracas. En 2011, el mismo clan tomó una mueblería quemada en otra zona de la capital, ampliando su rango de acción, como ha ocurrido desde hace años. Los colectivos se adueñan de infraestructuras y controlan sus usos, incluso cobrando. El líder de La Piedrita, Valentín Santana solicitado por tribunales, actuaba sin esconderse y se relacionaba con jerarcas del chavismo.
El colectivo Frente Chavista tiene incluso una oficina en el primer piso del Hospital Universitario de Caracas (HUC). Uno de sus miembros hirió con arma blanca en 2015 a Mauro Zambrano, delegado sindical de los trabajadores del sector salud, luego de encabezar una protesta por reivindicaciones laborales. No es el primer caso de amenaza a la vida que se denuncia en el lugar.
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"Defender a Maduro es defender a la revolución. Él es parte del legado que dejó el Comandante, y si somos revolucionarios tenemos que seguir directrices", dice Pedro Hernández, integrante de la Fundación Guerreros de Capitolio, cuyo logo incluye dos fusiles. Aunque se definen como colectivo, aseguran que hacen "trabajo social", pacífico.
Lo propio afirma Miguel Medina, representante del colectivo Comando Pueblo, quien niega la existencia de encapuchados. "Nosotros siempre estamos debatiendo, diciéndole a la derecha que somos un pueblo leal a Chávez, queremos que respeten a la revolución", dijo en una entrevista de radio en la cual negó que hubiesen respondido violentamente a las intenciones de la oposición de visitar el lugar, como denunciaron los diputados antichavistas. Además afirmó que no sol asalariados del Estado sino que tienen pequeños negocios comunitarios de donde obtienen el sustento.
Pero aunque no sean sueldos, lucrarse con el control que les permita el gobierno forma parte de la ecuación. El colectivo Tres Raíces que opera en el 23 de Enero sería uno de los encargados de la distribución de alimentos a través de los CLAP, cobrando un monto a los vecinos por el "transporte". Lo propio hace el Grupo Luchadores de Mi Patria y el colectivo Catedral Combativa en el centro de la ciudad, quienes cobran "vacuna" por garantizar la seguridad de locales comerciales; mientras que el grupo Sombra se desenvuelve en zonas populares del este de la capital, entre otros ejemplos.
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"Son grupos que han recibido formación en ideología e instrucción en operaciones de guerrilla urbana. Muchos se autogestionan o han recibido fondos provenientes del Frente Francisco de Miranda, alcaldías e incluso la petrolera estatal Pdvsa", escribió la periodista Sebastiana Barráez en El Estímulo sobre los grupos más antiguos, que ella distingue de los "nuevos" que actúan como simples fuerzas de choque con anuencia de mandos militares.
Antecedentes
En junio del año pasado, durante una manifestación por comida, grupos civiles armados atacaron a quienes protestaban y también a 14 periodistas, a quienes también les robaron sus equipos. Entre los agresores había funcionarios del Gobierno del Distrito Capital, también del chavismo, que fueron identificados y denunciados ante el Ministerio Público, pero no hubo sanciones. "Le pedí ayuda a los funcionarios de la Policía Nacional y ninguno hizo nada", contó Andrea Cedeño, una de las agredidas.
El decreto presidencial que activó la Gran Misión Abastecimiento Soberano en julio de 2016 ordena que la distribución de alimentos sea coordinada por un Comando Nacional, que abre dos espacios concretos para la participación de los colectivos. "Por una parte, los ya conocidos comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), coordinados por una cara conocida para estos grupos, el ex diputado Freddy Bernal. Por la otra, el llamado Frente Francisco de Miranda, un conglomerado de grupos -de allí la denominación de ‘frente‘- cuyo exponente político más conocido es el ex canciller Elías Jaua", explicaba entonces un informe de Javier Ignacio Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado quien afirma que hasta ese mes, se contabilizaban 98 colectivos organizados y censados por el "secretariado nacional".
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El también periodista afirma en el texto que el Frente Francisco de Miranda ratificó en su publicación Colombeia su disposición a defender el gobierno de Maduro en todos los planos, incluido el de las armas. Meses más tarde, desde el martes 14 de marzo, se observan en Caracas grafitis de colectivos anunciando la “toma de Caracas” para la defensa de la "revolución", con la figura de un hombre portando un arma de guerra.
En paralelo, el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez difundió un comunicado en su cuenta de twitter @FrenteSergioR con el cual llaman a una “guerra a muerte” contra el paramilitarismo que supuestamente financia Estados Unidos. En el texto afirman que "no aceptaremos más saboteo contra la revolución".
*Corresponsal de SEMANA en Venezuela
