Colombianos y latinoamericanos en Chile, atención a las nuevas reglas migratorias en ese país

El Gobierno de Chile ha endurecido recientemente las medidas frente a la migración ilegal y, recientemente, lo ha oficializado a través de nuevas políticas migratorias.

Política migratoria

Desde el pasado 11 de abril de 2021, el país había promulgado una nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplazaría a la Ley de extranjería de 1975, que no tenía en cuenta las fuertes olas migratorias al país, especialmente desde las fronteras entre Chile y Perú y Chile y Bolivia, por donde entran cientos de personas anualmente de manera ilegal.

Recientemente, el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó algunas medidas de esta ley, con el fin de garantizar una migración “ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país”.

El propósito de la iniciativa es la de buscar ordenar lo que hasta ahora ha sido un proceso caótico que se permite confirmar en la militarización de las fronteras al norte del país, desde febrero de 2023.

No a la regularización

Algunas de las críticas que ha recibido la implementación del proceso es la de eliminar del todo la posibilidad de regularización masiva de migrantes.

Esto significa que no existe la posibilidad que ha habido en otros gobiernos chilenos de que grupos grandes de migrantes ilegales sean regularizados por iniciativa oficial: “A partir de la política no va a haber, como ha ocurrido en otros gobiernos, una regularización general ni masiva”, afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el pasado 6 de julio ante la prensa, al presentar las nuevas medidas.

En años como 2018 y 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, un presidente de derecha, sí ocurrió la regularización masiva que muchos critican que hoy no se dé con Boric, de izquierda, a la cabeza del país.

Empadronamiento

La política de empadronamiento biométrico es una de las medidas más relevantes de la nueva política migratoria. Consistirá en la “toma de una fotografía frontal del rostro, toma de huellas dactilares, además de información básica de identidad para registrar a los extranjeros mayores de 18 años que ingresaron al país hasta el 30 de mayo de 2023 por pasos no habilitados y residen hoy en el país”, según destaca el medio local Biobiochile.

Esta medida afectará a cerca de 193.000 migrantes irregulares y, de acuerdo con el gobierno, se comenzó a implementar el pasado martes 11 de julio.

De acuerdo con el portal institucional del Servicio de Migraciones de Chile, el objetivo de esta política es “establecer la identidad de las personas que, en los últimos años, han ingresado de forma irregular al país”.

Las personas mismas son las que buscarán el empadronamiento, el portal explica entonces que: “Para ser empadronadas, las personas extranjeras deben haber realizado la autodenuncia por ingreso clandestino ante la PDI hasta el 30 de junio de este año e inscribirse en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones, para ingresar sus datos y agendar su cita presencial”.

Delitos

Otra de las medidas que ha sido muy comentada es la de los antecedentes penales. La nueva política permite ampliar la cantidad de actividades ilegales que se considerarán causales de expulsión y prohibición de ingreso.

Por ejemplo, la violencia intrafamiliar será clasificada como delito grave y se incluirá entre las causales de prohibición de ingreso y expulsión.

Además, se agilizará la expulsión de extranjeros que hayan delinquido en faltas de gravedad o que sean reincidientes, y se eliminará la obligatoriedad de que las autoridades previamente notifiquen la deportación a la persona afectada de manera presencial y en su dirección de domicilio.