Comisión Política de Drogas de EE. UU. afirma que el Plan Colombia fracasó

Aunque el Plan Colombia fue un éxito como estrategia de contrainsurgencia, fracasó en su lucha contra el tráfico de drogas. Eso concluye la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, grupo designado por el Congreso de Estados Unidos para evaluar la política antinarcóticos del país en las Américas.

En su informe publicado el 1.° de diciembre, la Comisión estudia el panorama de diferentes países de la región, entre ellos Colombia, y realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Estados Unidos. Con respecto al país, señala que desde el año 2000 Washington ha aprobado 11,6 mil millones de dólares en asistencia, de los cuales 10 mil millones fueron destinados al Plan Colombia.

A pesar de las inversiones multimillonarias y las acciones de ambos gobiernos, Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína del mundo. Según el informe, en 2019 el país alcanzó el récord de 212.000 hectáreas cultivadas, por encima de las 160.000 que registró en 1999 cuando entró en vigencia el programa.

Al respecto, advierte que la erradicación masiva por medio de fumigaciones aéreas fracasó, pues “a menos que el Estado proporcione seguridad física y económica (…) los cultivadores volverán a la coca, a menudo con la protección de guerrillas y otros grupos traficantes”. También señala que a este fracaso se suman los recientes retrocesos en seguridad reflejados en las múltiples masacres perpetradas durante el año.

Frente a este panorama, el grupo de expertos afirma que los programas de erradicación deben ir acompañados de iniciativas para el desarrollo de las zonas más afectadas por la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Por ello, hace una lista de prioridades para la política antidroga del gobierno de Estados Unidos.

Inicialmente, sugiere que los programas de cooperación entre Washington y Bogotá incluyan en los diálogos a otras naciones contribuyentes, organizaciones multilaterales y al sector privado, con el objetivo de lograr una mejor coordinación y “el uso eficiente de recursos limitados”.

También recomienda que el gobierno de Estados Unidos apoye la asistencia a guerrilleros desmovilizados en zonas de posconflicto. Para ello, la comisión invita a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de sancionar financieramente a individuos u organizaciones no estadounidenses, a autorizar los programas de desmovilización y reintegración en Colombia, pues las restricciones vigentes no le han permitido al Gobierno apoyar los programas PDET.

Asimismo, destacan que los programas para la construcción de vías terciarias deberían ser prioritarios en la política antidrogas por su capacidad de generar empleo y facilitar a los campesinos la comercialización de sus productos. “Las carreteras afectan negativamente la producción de coca porque hacen más fácil el acceso a las fuerzas de seguridad y los servicios públicos. Además, ayudan a los campesinos a sacar sus bienes al mercado”, señalan.

Otras de sus recomendaciones tienen que ver con los procesos de titulación de tierras y los agronegocios. La comisión recomienda a Estados Unidos apoyar el programa nacional de catastro e incentivar los proyectos productivos agrícolas facilitando su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. También propone que en el mercado estadounidense se traten preferencialmente a los productos que provienen de áreas de posconflicto.

Por último, invita a Washington a apoyar al Gobierno colombiano en la puesta en marcha de programas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además, señala que se debe presionar al gobierno de la Casa de Nariño a cumplir sus obligaciones en este sentido.

En cuanto a la erradicación, la comisión afirma que actualmente es imposible emprender un plan masivo de fumigación aérea de cultivos de coca como se hizo en el pasado. Esto debido a leyes que lo prohíben o restringen en zonas de reserva ambiental, en territorios habitados por comunidades indígenas o afro y en zonas fronterizas. A ello se suman la percepción negativa de las fumigaciones en las comunidades y las preocupaciones por sus efectos en la salud.

Por ello, recomienda enfocar la erradicación, sea manual o aérea, a los cultivos de grandes proporciones o aquellos seleccionados en conjunto con los líderes locales.

El informe fue redactado por una comisión designada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2017. La encabezó Shannon O’Neil, miembro del Council on Foreign Relations, un reconocido centro de pensamiento del país. En su elaboración también participaron Juan González y Dan Restrepo, dos colombianos que trabajaron en la administración de Barack Obama y que podrían tener cargos importantes en el gobierno de Joe Biden.

La publicación será clave para la próxima administración a la hora de determinar el enfoque de la política antidrogas y los programas de cooperación entre Estados Unidos y Colombia