¿Cómo entender la crisis de Venezuela más allá de la Constituyente?

Para evaluar las salidas de fondo a la profunda crisis económica, social y política que vive Venezuela, hay que tener la capacidad para mirar más acá y más allá de la cruenta coyuntura que está mostrando el balance de manifestantes muertos, heridos y detenidos, durante más de tres meses protestas de calle y que es el resultado de la fuerte represión de las fuerzas del orden público y de los grupos paramilitares y parapoliciales, mal llamados “colectivos”. Esta conflictividad por lo general trata de ser explicada partiendo de un hecho puntual: el llamado realizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a los ciudadanos para enfrentar la ruptura del orden constitucional que implican las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30-03-17. En estas se reducen de tal manera las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría calificada opositora, a favor del Poder Ejecutivo, que prácticamente conducen a su anulación como Poder Legislativo.

Siempre enmarcados en este enfrentamiento de poderes, después de más de 120 días de pugnacidad política, en este mes julio que está finalizando, el país y el mundo están a la expectativa de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que por iniciativa del presidente Maduro, que registra más del 80 por ciento de rechazo de gestión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está programando para el próximo domingo 30, soportado en su infraestructura comicial y contando con los tradicionales operativos de protección militar que se han utilizado en el país para eventos electorales. Pero lo que si no es usual en nuestra tradición del voto, es que la designación se esté planteando bajo reglas que distan del sufragio universal y directo que ha regido en el país desde el año 1947.

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La AN como respuesta política a este retroceso de los derechos democráticos que lleva implícito esta convocatoria constituyente, que cuenta además con la reprobación de la Fiscalía General de la República, el pasado 16 convocó a una consulta popular que sin contar con los recursos del Estado y sin el innecesario tutelaje militar, como se corroboró ese día, logró la participación de más 7 millones y medio de venezolanos, en su mayoría residentes en el país, pero con una significativa contribución de los que viven en el exterior. Enmarcados en este masivo respaldo los partidos que hacen vida en la MUD, en el marco del momento que denominan “hora cero”, entre otras acciones y propuestas, le han ofrecido al país el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”. La AN por su parte asumiendo que se está en un momento crucial para la defensa de la democracia y el Estado de derecho, ha intentado renovar el TSJ, nombrando nuevos magistrados, corrigiendo las fallas y errores de procedimiento en las que incurrió la AN saliente del año 2015, dominada por el oficialismo.

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Sin embargo, para entender la difícil encrucijada en la que se encuentra Venezuela y precisar hasta qué punto se le da respuesta en esta pugna entre la AN y el gobierno de Maduro, hay que empezar por tener claro la profundidad de la crisis que se vive. En tal sentido hay que empezar por considerar que la economía venezolana ha estado prácticamente estancada en las últimas seis décadas, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que solo creció 3,9 por ciento entre 1960 y 2010. Situación que ha tendido a agravarse especialmente desde 2015, año en el que el Banco Central de Venezuela (BCV), registró un decrecimiento de -10 por ciento del PIB con respecto al año anterior. El BCV no dio las cifras oficiales de 2016, sin embargo para ese año el Fondo Monetario Internacional, estimó el decrecimiento en -12 por ciento y para este 2017, este organismo internacional proyecta un decrecimiento de -4 por ciento. El BCV sigue sin dar estimaciones. En este tan lamentable desempeño se combinan la baja de los precios del petróleo, la disminución de la producción petrolera nacional y la postración de la economía no petrolera, especialmente la privada, sujeta al asfixiante control de cambio y al desincentivo que el gobierno ha propiciado para la producción nacional.

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Al lado de la crisis económica aparece la social. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada en 2016 por tres prestigiosas universidades del país, la pobreza afecta al 82 por ciento de los venezolanos, el 52 por ciento de los hogares se ubican en la categoría de la pobreza extrema, al no disponer de los medios necesarios para la compra de la canasta alimentaria. Las proteínas animales y vegetales, tan solas son accesible para menos de la mitad de la población. El 94 por ciento de los encuestados considera que la violencia se viene incrementando y las principales ciudades venezolanas, empezando por Caracas, están consideradas entre las más violentas del mundo. La escasez de los alimentos básicos está convirtiendo a las calles de las ciudades y pueblos venezolanos en los propios paisajes de la penuria; la gente debe hacer largas colas para obtener algún mendrugo. La estructura clientelar y de control político que el Gobierno ha intentado montar con el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) no ha logrado solventar las carencias en los sectores populares. Se estima un déficit de unos 3 millones de viviendas que afecta alrededor de la mitad de las familias venezolanas. Unos 6 millones de personas, cerca del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), trabajan en el sector informal. El salario mínimo nacional que en la región solo supera al de Haití y Cuba, se ve cada vez más disminuido frente al peso de una inflación, la segunda más alta del mundo, que este año se estima pueda llegar al 2.000 por ciento.

Frente a este drama venezolano, efectivamente hace falta un cambio de Gobierno, pero hay que entender que el fracaso de la gestión del presidente Maduro, hay que evaluarlo en un contexto más amplio de lo realizado durante sus años de mandato. Ni siquiera es posible comprenderlo en el marco del proceso bolivariano que se instauró con la primera presidencia de Hugo Chávez Frías en 1999. Precisamente hay que evitar caer en los mismos errores que se cometieron entonces. En aquel momento no se advirtió que el problema fundamental era más profundo que la irrupción de nuevos actores políticos, que se requería del cambio del modelo rentista petrolero, que como vimos ya estaba mostrando signos de debilitamiento. Todo lo contrario, los gobiernos bolivarianos lo han exacerbado, aumentando la dependencia del país a las exportaciones petroleras e incrementando el control estatal en todas las esferas de producción y distribución discrecional de la renta petrolera. Han llevado a extremos la práctica clientelar, tanto como mecanismo de coerción de manifestación de voluntad política como para el trato preferencial en los negocios de interés público, que hoy abarcan una muy amplia esfera que va desde la distribución de alimentos y medicinas, hasta los sectores básicos que tradicionalmente el Estado venezolano se resguardaba como: petróleo, minerales, construcción y mantenimiento de infraestructura y servicios públicos.

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La masiva y duradera agitación de calle que se ha mantenido durante más de tres meses, claro tiene que ver la democracia pero igualmente con la necesidad de encontrarle una respuesta a la crisis económica y social que vivimos y que nos obliga a pensar en una Venezuela pospetrolera. Este es un punto del debate que no está presente con nitidez ni en los propósitos de la instalación de la ANC, que pretende la “profundización” de una revolución que se instaló en el mantenimiento del modelo caduco, ni en la “hora cero” para el rescate de la democracia que plantea la MUD. Esperemos que más temprano que tarde demos el paso de superar el agotado esquema rentístico y pasemos a ser un país productivo e inclusivo, sabiendo que tenemos opciones más allá del petróleo.

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*Doctor en Ciencias. Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo -CENDES- de la Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Red Académica Binacional que trabaja con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.