Con hambre, sin papel higiénico ni atención médica: el drama de presos políticos en Nicaragua

Más de 40 opositores que purgan penas de hasta 13 años en Nicaragua “pasan hambre” y su salud está en peligro por maltratos y pésimas condiciones carcelarias, dijeron el lunes sus familiares.

“Nuestros familiares presos están pasando hambre y corroboramos nuevamente aceleradas pérdidas de peso consistentes con estados de desnutrición, como es el caso de la activista Tamara Dávila, quien calculamos pesa ya menos de 100 libras (45 kg)”, alertaron los familiares, en un comunicado leído en una rueda de prensa virtual por Raity Larios.

Larios es hija del sociólogo opositor Irving Larios, uno de los 46 opositores que fueron detenidos el año pasado y recluidos en su mayoría en las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocido como El Chipote.

Los opositores, entre ellos siete exaspirantes a la Presidencia, fueron arrestados en medio de la represión que vivió el país previo a las elecciones de noviembre pasado, en la que Ortega, de 76 años, logró un cuestionado cuarto mandato consecutivo desde 2007.

Los familiares se pronunciaron tras una visita que realizaron a los presos entre el 28 y el 30 de abril pasados, en la que afirman observaron un “deterioro generalizado en la salud”, que atribuyen a una “política sistemática de torturas dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes”.

“Los castigos se han vuelto más frecuentes y van desde chantaje emocional, amenazas de trasladarles a celdas más pequeñas y con peores condiciones y entrega discrecional de paquetería” de los alimentos que les llevan sus familiares, privándolos además de “medicamentos, bebidas y hasta papel higiénico”, precisaron.

Señalaron que seis opositores están recluidos en pequeñas celdas de castigo de doble reja y que los enfermos no reciben atención médica adecuada.

El gerente general del opositor diario La Prensa, Juan Holmann, padece problemas cardiacos.

Por su parte, Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, dijo que encontró a su papá “pálido, más delgado” y que está comenzando a presentar “pérdida de memoria”.

Reclamaron que “persiste la política de aislamiento e incomunicación” hacia los reos, que consiste en negarles llamadas telefónicas, ingreso de cartas y que no los dejan comunicarse entre ellos.

En las visitas a la cárcel, prohíben además a los familiares abrazar o acercarse a los presos y que a las mujeres de los detenidos les tocan los “genitales y senos” durante las requisas policiales, dijeron.

El presidente Daniel Ortega acusa a los opositores presos de haber intentado supuestamente organizar un golpe de Estado con el apoyo de Washington.

Todos los detenidos en la DAJ han sido condenados en los últimos tres meses a penas de hasta 13 años por menoscabo a la integridad nacional.

Estados Unidos reacciona a expulsión de funcionarios de la OEA en Managua

Estados Unidos exhortó en días pasados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a tomar medidas “concretas” para responder al cierre forzado de la oficina del bloque regional en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

“No podemos simplemente encogernos de hombros y mirar hacia otro lado”, dijo el representante estadounidense ante la OEA, Bradley Freden, durante una sesión del Consejo Permanente de la organización.

“Debemos condenar la acción en los términos más enérgicos y considerar otras respuestas más concretas también”, afirmó.

El gobierno de Ortega ratificó el domingo su decisión de abandonar la OEA, expresada el 19 de noviembre, pero que según los estatutos recién se concretará en dos años. También retiró las credenciales de sus delegados ante la OEA y anunció la clausura de la sede de la organización en Managua.

“Es esencial que tratemos este acto como la abominación institucional e ilegal que es”, subrayó Freden.

“Si bien el régimen de Nicaragua nos ha dicho que se va de la OEA, aún sigue sujeto a estas obligaciones. Y si queremos que esas normas signifiquen algo, no debemos tener miedo de aplicarlas en casos escandalosos como este”, enfatizó.

El Consejo Permanente de la OEA trató el tema a pedido del secretario general, Luis Almagro, quien el mismo domingo dijo que las autoridades nicaragüenses habían “ocupado ilegítimamente” las oficinas de la organización en Managua, en “una violación de las más elementales normas internacionales”.

“Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como estas”, sostuvo el pasado miércoles Almagro ante el órgano ejecutivo de la OEA, calificando lo ocurrido de “afrenta para Latinoamérica”.

Almagro repudió además la expropiación del edificio, que según dijo no era propiedad de la OEA, sino arrendado. La decisión fue comunicada el martes por el gobierno de Ortega, que dijo que allí funcionará “el museo de la infamia”.

“Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario actuar ya”, advirtió Almagro.

Y agregó: “Tampoco el Consejo Permanente puede dudar de que cualquier justificación abre la puerta a tener que aceptar mañana nuevas medidas que pueden afectar a quienes hoy callen”.

“La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde”, prometió.

Dieciséis de los 34 miembros activos de la OEA, incluido Estados Unidos, expresaron su “consternación” y “preocupación” por lo ocurrido, reclamando respeto por los principios del derecho internacional.

El embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, calificó la situación como “lo más parecido a una película de Almodóvar” y se mostró escéptico sobre el impacto de una eventual reacción de la OEA.

“Tenemos que ser muy cuidadosos al evaluar nuestros pasos porque probablemente si lo que sigue es una resolución adicional de repente tampoco obtendremos mayores resultados”, dijo.