Congreso chileno aprobó reducción de la jornada laboral, ¿a cuántas horas semanales se redujo?

El Congreso de Diputadas y Diputados de Chile aprobó por amplia mayoría la propuesta de ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una nueva legislación que ahora deberá ser ratificada por el presidente del país, Gabriel Boric.

La Cámara Baja dio luz verde con 127 votos a favor y tan solo catorce en contra (todos ellos del ultraderechista Partido Republicano) esta propuesta de ley, formulada hace ya cuatro años por la entonces diputada y ahora portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo.

Ya en 2019 el Congreso aprobó la propuesta, si bien es cierto que el Senado la mantuvo bloqueada hasta que Boric asumió la Presidencia e impulsó la votación de una ley que había sido uno de los pilares fundamentales de su candidatura, según recoge la cadena T13.

Ahora el presidente Boric deberá promulgar definitivamente esta ley, y desde el Ejecutivo esperan que la rúbrica final pueda darse el día 1 de mayo aprovechando la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

El secretario de Trabajo, Giorgio Boccardo, explicó que el objetivo del Gobierno pasa implementar la jornada de 40 horas de forma paulatina durante los próximos cinco años, de tal forma que las empresas reduzcan por cada año una hora semanal de la jornada de sus empleados.

Sin embargo, Boccardo confirmó que aquellas empresas que apuesten por una reducción inmediata de la jornada laboral, recibirán a cambio el ‘Sello 40 horas’, una certificación especial del Gobierno.

Panorama del FMI

La economía global languidece, con un crecimiento de 2,8 % en 2023, y de 3% durante los cinco años siguientes, “el más bajo en décadas”, estimó este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera esta perspectiva “anémica”.

Si se da por hecho que “las recientes tensiones del sector financiero están contenidas”, el crecimiento caerá del 3,4% en 2022 al 2,8% en 2023, antes de subir lentamente y establecerse en 3% durante cinco años: “el pronóstico a mediano plazo más bajo en décadas”, afirma el Fondo en la actualización de sus Perspectivas de la Economía Mundial.

“La perspectiva anémica” es un reflejo de la subida de las tasas de interés y las “políticas estrictas necesarias para reducir la inflación”, señala el organismo.

Es, además, una consecuencia del reciente deterioro de las condiciones financieras, la guerra en curso en Ucrania y “la fragmentación del crecimiento geoeconómico”, explica el informe, en referencia a la tendencia creciente de alejarse de la globalización que dominó la economía durante la segunda mitad del siglo XX para abrazar medidas proteccionistas.

La economía de América Latina y el Caribe crecerá por su parte 1,6 % este año (-0,2 pp) y 2,2% en 2024.

Por países y áreas económicas, la organización financiera pronostica un crecimiento para Brasil este año de 0,9 %, México 1,8 %, Argentina 0,2 %, Bolivia 1,8 %, Colombia 1 %, Ecuador 2,9 %, Paraguay 4,5 %, Perú 2,4 %, Uruguay 2 % y Venezuela 5 %. Centroamérica progresará por su parte 3,8% y el Caribe 9,9%.

La economía de Chile, en tanto, se contraerá este año en un 1 %, señala el Fondo.

¿Crisis carcelaria en Chile?

El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, reconoció este martes su preocupación respecto a las instalaciones penitenciarias del país, que atraviesan por una situación de “sobrepoblación” que, además, va “en aumento”.

Según detalló Cordero para la emisora T13 Radio, desde que Gabriel Boric ascendió a la Presidencia chilena hace exactamente trece meses, las autoridades han detenido a unas 6.000 personas, pasando de 40.000 a 46.000 reclusos.

“Tenemos una infraestructura penitenciaria desde el año 2012 (pensada) para 41.000 o 42.000 personas (...). Las proyecciones de la Gendarmería son para principios del próximo año sobre 50.000 (presos), es probable que un poco más”, explicó.

Cordero apuntó que este asunto preocupa a las autoridades chilenas, si bien ha reconocido la complejidad para darle la vuelta a la situación, pues la construcción o remodelación de cárceles son proyectos que “se planifican en un Gobierno y se ejecutan en otro”.

Así, el ministro de Justicia abogó por una solución que, a corto plazo, pueda servir para descongestionar la situación en las prisiones, pero a que a la vez esté pensada con vistas al futuro para evitar que este problema se vuelva a producir.

*Con información de AFP y Europa Press.