Venezuela tras la resaca de la consulta popular

Por: Ronal F. Rodríguez*

Tres elementos se desprenden de la pasada jornada del 16J en Venezuela: Las fuertes raíces democráticas de la sociedad venezolana; la cuestionable legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro; y el desgaste de la estrategia y maquinaria electoral utilizada por el chavismo en estos 18 años.

Primero, Venezuela ha demostrado tener profundas raíces democráticas, a pesar de la crispación política, de los más de 100 días de protesta permanente fuertemente reprimida por los aparatos legales e ilegales a disposición del oficialismo, de los más de 93 muertos en hechos relacionados con las protestas, sin descontar los fallecidos por la arremetida de violencia delincuencial. A pesar de la rabia, la frustración y la impotencia, los ciudadanos prefieren canalizar su ira en las urnas.

Las acciones temerarias y los llamados al estallido social o el golpe de Estado no logran afincarse en un pueblo que anhela la trasformación del país político, la reconstrucción económica y la superación de la crisis humanitaria. Por el contrario, los ciudadanos demandan salidas democráticas que reflejen la voluntad popular ante un oficialismo que recurre con mayor descaro al recetario dictatorial para mantenerse en el poder.

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La participación masiva de los venezolanos el pasado 16J enaltece la tradición ciudadana. Del otro lado, y a pesar de algunos incidentes que reportaron un fallecimiento y algunos heridos, la minoría chavista también dio muestras de civilidad al participar activamente en el simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral -CNE-, si bien el chavismo ya no es la avasalladora fuerza política del pasado aún existe un chavismo duro que a pesar de las adversas condiciones apoya el proyecto político que dirige el presidente Maduro.

Segundo, independientemente de la legalidad o no de la consulta se ha minado la legitimidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- de Maduro. El oficialismo arguye que sin el concurso del CNE no hay posibilidad de validez en el “plebiscito” organizado por la sociedad civil, la Asamblea Nacional (Congreso venezolano) y las fuerzas políticas adversas al chavismo. Del otro lado, se recurre al artículo 350 de la Constitución de 1999 para desconocer la autoridad electoral y llamar a la hora cero en función de los resultados y en atención al mandato ciudadano de más de siete millones de venezolanos.

Pero más allá de la legalidad o no de la consulta, de si es o no un plebiscito, o si se ha configurado un mandato ciudadano, le ha impuesto al oficialismo el difícil reto de cautivar y/o presionar a más de 7 millones de ciudadanos para respaldar su ANC. En el terreno interno e internacional los sectores opositores han dejado sobre la mesa que si ANC no tiene una proporción igual o mayor a la consulta realizada, que contó con la validación de las principales universidades de Venezuela, la legitimidad para cambiar la Constitución está en entredicho.

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Durante años el chavismo luchó para crear el prestigio de la Constitución de 1999. La pedagogía impulsada por el gobierno para la apropiación de la carta incluyó una fuerte campaña que fue desde la apropiación material de los ciudadanos de su Constitución, la mayoría de los venezolanos tenían y portaban el librito azul, hasta la publicación de artículos de la Constitución en productos de la canasta básica: en el arroz, en las caraotas, los empaques tenían fragmentos de la carta política. Los venezolanos usaban la Constitución como el fundamento de las discusiones políticas formales e informales en los primeros años de la polarización, lo que explica porque resulta tan difícil cambiarla.

El propio Hugo Chávez tuvo problemas cuando quiso modificar la Constitución en 2007. En un contexto totalmente diferente, en la cumbre política y económica de la Revolución Bolivariana, pretendió establecer el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, pasando por encima de los poderes regionales y locales para imponer su proyecto comunal. El resultado fue la primera derrota electoral de Hugo Chávez, y la instrumentalización de los poderes públicos para imponer el proyecto político. Hoy Nicolás Maduro sabe que en condiciones normales sería imposible una victoria electoral, el contexto le es absolutamente opuesto, pero con los resultados de 16J ya no solo importa las reglas de elección de los constituyentes sino el número de votos que respalda dicha elección. Si la oposición logró o no movilizar a los más de 7 millones de venezolanos, lo cual el gobierno ya pone en duda, sí logró dar un fuerte golpe simbólico a la legitimidad de la Constituyente.

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El último elemento que se desprende de la consulta del 16J es si el chavismo puede y tiene cómo utilizar su estrategia electoral. En el pasado reciente, el chavismo argumentaba que los constantes procesos electorales eran una expresión de la democracia participativa y protagónica, y se amparaba en sus victorias en las urnas, pero ese éxito electoral se soportaba en una extensa y densa red clientelar de servicios y control de sus bases: con Chávez todo, sin Chávez nada, fue uno de los estribillos con los cuales se amenazó a los seguidores que tenían rasgos de duda.

Pero de las dádivas y regalos se pasó a la extorsión de lo poco que reparte el gobierno en un contexto económico devastado por la inflación, el desabastecimiento, la contracción y el control de cambio. Si las misiones sociales fueron el símbolo de la abundancia y el despilfarro, los Clap se han convertido en el símbolo de la escasez y la mendicidad. Ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades y demandas de sus bases ha optado por el refinamiento de las herramientas de control como, por ejemplo: el “Carnet de la Patria”, un medio camino entre documento de identidad, libreta de racionamiento y credencial de militancia política.

Las amenazas del gobierno de castigar a quienes participaran de la consulta de la oposición fueron parte de la estrategia que buscaba socavar la capacidad de convocatoria de la oposición, e igual se amenazó a quienes pretendían no participar el 30J. Pero la participación, de los más de 7 millones de ciudadanos, ha puesto también sobre la mesa si el oficialismo tiene realmente la capacidad para sancionar a todos aquellos de quienes espera fidelidad. En el pasado había que quitar: un subsidio, el beneficio de alguna misión, una plaza laboral. Hoy el precio de perder los afectos chavistas ha disminuido sustancialmente, cada vez hay menos subsidios, la mayoría de las misiones están en crisis, y se gana más en el sector informal que trabajando para el Estado.

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¿Puede el gobierno de Nicolás Maduro prescindir de la mitad de los empleados del Estado, la mitad de los empleados de los ministerios, de las compañías, de las gobernaciones y alcaldías en poder del chavismo, si estos deciden no apoyarlo? Cuando la proporción de la oposición y su posibilidad de ejercer el gobierno eran pocas, resultaba más fácil extorsionar las bases y garantizar su apoyo. Pero ahora que la oposición cuenta con una buena imagen internacional, con el poder suficiente para organizar un certamen como la consulta del 16J, y cada vez es más posible un gobierno de transición, la capacidad de dominio del oficialismo se reduce sustancialmente.

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*Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario