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Continúa la persecución de Daniel Ortega a la Iglesia católica, mientras se cierra otra emisora de radio en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua ha cerrado nueve emisoras católicas en lo que va de agosto.
El gobierno de Nicaragua, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Corres (Telcor) decidió cancelar este miércoles 24 de agosto la licencia para transmitir de otra emisora de radio de la iglesia católica en ese país. Con esta, ya son nueve emisoras canceladas, que se suman a la fuerte persecución de Daniel Ortega a los religiosos.
La emisora cancelada fue Radio Stereo Fe, que según Telcor, operaba de manera ilegal, ya que funcionaba con un permiso que se le extendió a su fundador ya fallecido Francisco Valdivia. Por lo que para funcionar “legalmente”, tenía que estar la emisora a nombre de su actual director, Álvaro Toledo.
La emisora no estuvo de acuerdo con las razones manifestadas por el Instituto de Telecomunicaciones y argumentó que la radio tuvo diferentes directores desde su creación en el año 1994 y jamás tuvieron ningún tipo de problema legal para funcionar.
“Casi 28 años de evangelización radial en FM se han terminado hoy (...) Tuvimos la visita de los señores de Telcor, Managua, nos entregaron la notificación donde nos informan que nuestra radio se tiene que apagar de inmediato”, escribió la emisora Radio Stereo Fe en sus redes sociales oficiales.
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El cierre de esta emisora se suma al de otras ocho y tres canales de televisión que pertenecían directamente a la iglesia católica de Nicaragua. La cancelación de medios de comunicación y el encarcelamiento de sacerdotes se suman a la persecución histórica que lleva a cabo Daniel Ortega contra los religiosos. La religión católica es la más profesada por los ciudadanos del país centroamericano.
Gobierno de Nicaragua convertirá en centro cultural el edificio del periódico La Prensa
Nicaragua convertirá en un centro cultural el local donde funcionaba el diario La Prensa de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y ocupado por la policía desde el año pasado, anunció este martes 23 de agosto el Gobierno.
Las instalaciones del diario, el más antiguo del país con 95 años de existencia, fueron tomadas por la policía el 13 de agosto de 2021, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero contra sus directivos.
Este martes, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció la próxima construcción del “Centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho”, que administrará el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). Las grandes letras con el nombre del diario que se apreciaban en la fachada del edificio fueron retiradas.
El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fue arrestado el año pasado en medio de una seguidilla de detenciones de dirigentes de la sociedad civil, opositores y aspirantes presidenciales, antes de las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo.
“El robo se concreta este 23 de agosto”, a pesar de que durante el juicio a Holmann la fiscalía no presentó pruebas que demuestren algún ilícito, denunció La Prensa en su plataforma digital, que se elabora actualmente en el exilio desde Costa Rica. Este año, Holmann fue condenado a nueve años de cárcel.
La decisión sobre el edificio de La Prensa ocurre un día después de que el Gobierno inaugurara la “Casa de la Soberanía” en el inmueble que servía de sede a la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad a la que expulsó del país en abril.
Nicaragua anunció su retiro del organismo en noviembre de 2021, luego de que la OEA desconociera la reelección de Ortega, con sus rivales presos o exiliados. “Aquellos lugares que han sido antro de maquinación, de crímenes de lesa humanidad, hoy son centros para la profunda espiritualidad y la educación”, dijo Murillo. “No volverá el pasado de odio (...). Eso está decretado”, agregó.
En el último año, el Gobierno ha ilegalizado unas 1.500 entidades, entre organizaciones de la sociedad civil o universidades, argumentando que no se ajustaban a las leyes y colocando sus inmuebles a disposición del Estado.
Organismos humanitarios contabilizan, además, 190 opositores presos en Nicaragua. Ortega, en el poder desde 2007, los acusa de complotar para tratar de derrocarlo, con ayuda de Washington.
