Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra dos altos mandos militares de Rusia, ¿cuáles son las razones?

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov por presuntos crímenes internacionales, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según anunció la entidad, todos los hechos son cometidos en el marco de la guerra que el Kremlin adelanta contra Ucrania desde hace más de dos años, cuando en febrero de 2022 empezó una cruzada armada en territorio ucraniano.

El tribunal dijo el martes que ambos eran presuntamente responsables de dos crímenes de guerra: dirigir ataques contra bienes civiles y causar daños incidentales excesivos a civiles o daños a bienes civiles. También se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad. Las autoridades rusas aún no se han pronunciado sobre la decisión. Los funcionarios ucranianos acogieron con satisfacción el anuncio del martes, calificando que este tipo de decisiones ayudan a la condena internacional contra Rusia.

El defensor del pueblo de derechos humanos del país, Dmytro Lubinets, dijo que la decisión de la CPI significaba que Ucrania estaba un paso más cerca de obtener justicia. ¡Tarde o temprano, todo criminal de guerra recibirá un castigo justo!”, dijo en un comunicado publicado en su Telegram.

De igual manera, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, que trabaja directamente con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que Shoigu y Gerasimov eran considerados individualmente responsables por los crímenes de guerra de los que se le acusan. “Esta es una decisión importante. Todos serán responsables del mal”, dijo en un comunicado dado a conocer este martes.

La CPI dijo que los presuntos crímenes se relacionan con “una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica” que Rusia llevó a cabo en varias partes de Ucrania entre octubre de 2022 y al menos marzo de 2023, sin descartar que estos hechos hayan seguido ocurriendo después de lo registrado por el tribunal internacional.

El panel de tres jueces que tomó la decisión de emitir las órdenes de arresto, concluyó que Shoigu y Gerasimov ordenaron ataques contra bienes civiles, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario. Por lo cual, es la razón principal para imponer las órdenes de captura contra los funcionarios del régimen de Vladimir Putin en Rusia.

Los jueces también dijeron que, aunque algunos de los objetivos podrían haber sido considerados relevantes para la campaña militar de Rusia en ese momento, estaba claro que atacarlos causaría daño a los civiles y que el daño esperado sería excesivo en comparación con la ventaja militar que las tropas del Kremlin tienen en el terreno de batalla, a comparación de las defensas que posee Ucrania actualmente.

Las dos órdenes elevan a cuatro el número total de altos funcionarios rusos buscados por crímenes de guerra, ya que la CPI emitió previamente órdenes de arresto contra el presidente Vladimir Putin y la funcionaria rusa Maria Lvova-Belova, esto por un presunto plan para deportar a niños ucranianos a Rusia, lo cual también constituye un crimen de guerra sancionable y por el cual tendrían que enfrentar a la justicia.

Aun así, hay que tener en cuenta que Rusia no es firmante del acuerdo que establece el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, por lo cual las autoridades no pueden arrestar a Putin, ni a ninguno de los funcionarios con orden de captura en territorio ruso. Sin embargo, en caso de que alguno de estos saliera al país rumbo a algún país que suscribe el acuerdo, serían arrestados de inmediato.

Cuando a Vladimir Putin se le impuso la orden de captura de parte de la CPI, funcionarios del Kremlin se manifestaron en contra, calificando que dicha imposición no ayuda para ningún esfuerzo de conseguir la paz entre Rusia y Ucrania.