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Corte Suprema estadounidense avala veto migratorio de Trump

La prohibición afectaría, en diferentes niveles, a ciudadanos de Corea del Norte, Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen.

4 de diciembre de 2017
| Foto: AFP

El polémico decreto anti-inmigración de Donald Trump recibió el lunes luz verde temporal de la Corte Suprema para ser implementado en su totalidad mientras se procesa su apelación, un triunfo del presidente que defiende esta medida como una forma de luchar contra el terrorismo.

Objeto de una intensa batalla judicial que aún no se dilucida, esta orden ejecutiva presidencial prohíbe de manera permanente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana —Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen—, así como de personas de Corea del Norte y altos funcionarios de Venezuela.

Trump la justifica por motivos de seguridad nacional, pero sus detractores, y los jueces que bloquearon su aplicación, consideran que discrimina a los musulmanes y viola la Constitución de Estados Unidos.

La aplicación de la medida, firmada el 24 de septiembre por la Casa Blanca para reemplazar una prohibición temporal de 90 de días que expiraba, fue bloqueada hace casi dos meses por dos tribunales inferiores.

El 17 de octubre, un día antes de que entrara en vigor, un juez de Hawái estimó que el texto no era capaz de demostrar cómo la entrada de ciudadanos de los países seleccionados "dañaría los intereses de Estados Unidos". Un juez de Maryland también bloqueó la medida.

El gobierno apeló ambas decisiones y obtuvo una primera victoria en noviembre. 

Entonces, una corte de apelaciones en California autorizó que el decreto se implementara parcialmente, negando solamente la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana que no tuvieran una "relación auténtica" con una persona o entidad de Estados Unidos.

Victoria presidencial

Pero ahora la administración Trump, que sostiene que la prohibición es crucial para disuadir ataques terroristas, obtuvo un fuerte respaldo de la Corte Suprema.

En su decisión del lunes, el máximo tribunal autorizó la implementación total de la medida. En una votación de 7-2, los jueces permitieron que el gobierno haga cumplir el decreto mientras las apelaciones siguen su curso. 

En esos procesos, dos audiencias están previstas esta semana: el miércoles en San Francisco (California, oeste), para la decisión de Hawái, y el viernes en Richmond (Virginia, este), para la de Maryland. 

Los jueces dijeron que esperan que los tribunales de apelaciones aceleren sus decisiones, dejando abierta la posibilidad de que la medida regrese a la Corte Suprema bajo otro cuestionamiento legal.

El gobierno celebró la decisión de la más alta instancia judicial del país, subrayando que el decreto es "vital" para cumplir el objetivo de proteger al país de amenazas externas e internas.

"Esta es una victoria sustancial para la seguridad del pueblo estadounidense", dijo el fiscal general, Jeff Sessions.

"Nos complace haber defendido esta orden y estamos alentados de que una mayoría clara de la Corte Suprema haya permitido que la legítima proclamación del presidente para proteger la seguridad nacional de nuestro país entre en pleno vigor", apuntó.

"Consecuencias devastadoras"

Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes no tardaron en cuestionar el pronunciamento de la Corte.

Omar Jadwat, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que "el prejuicio antimusulmán del presidente Trump no es ningún secreto", al recordar cómo el mandatario retuiteó días atrás videos con contenido antimusulmán, inicialmente publicados en Twitter por un grupo británico de extrema derecha.

"Es desafortunado que el decreto pueda aplicarse en su totalidad, pero esta orden no aborda los méritos de nuestros reclamos. Seguimos defendiendo la libertad, la igualdad y a aquellos que están injustamente separados de sus seres queridos", añadió.

Para el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), el fallo tendrá "consecuencias devastadoras para la comunidad musulmana".

"La decisión de la Corte Suprema evitará que muchas personas se reúnan con sus familias, reanuden sus estudios o tomen trabajos", dijo la abogada Mariko Hirose, al anunciar que el IRAP también continuará luchando contra el decreto.

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