CPI concluyó que en Venezuela sí se cometieron crímenes de lesa humanidad

Este jueves, a través de una comunicación, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, le comunicó a quienes fungen como representantes del régimen de Nicolás Maduro que tras revisar la situación existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”. Precisamente, a propósito de este tema, el fiscal Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar al parecer impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial en el que se investiga al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos. Es en ese organismo, desde la Fiscalía de la CPI que se llevan enjuiciamientos de tipo independiente, exámenes preliminares e indagaciones de temas como: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.

“En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, afirmó Bensuda. Lo que pide entonces en este caso la Fiscalía de dicha Corte es información sobre las actuaciones nacionales correspondientes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI.

En días pasados, Semana había informado de una misión internacional de Verificación de Hechos comisionada por las Naciones Unidas para investigar casos de violación de derechos humanos en Venezuela concluyó que tanto Nicolás Maduro como integrantes de su gabinete ministerial y otros altos funcionarios están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”, dijo la Misión, señalando directamente a Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

Lo que se pudo establecer es que dicha Misión siguió 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro del informe. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

De hecho, el chavismo o el conocido oficialismo del régimen de Maduro, ha activado el aparato de propaganda en torno a siete puntos: cuestionar la metolodogía remota; minimizar un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del cual forman parte; decir que la política de “colaboración” con el alto comisionado es suficiente; criminalizar y desprestigiar las fuentes de información; atacar a los integrantes de la Misión pretendiendo enlodar sus credenciales; minimizar lo registrado porque “son solo 200 casos” e incrustar el informe en supuestas estrategias geopolíticas “como cuando la guerra de Irak”.

En las protestas en Caracas, también han ocurrido hechos que preocupan por supuesto a la Corte Penal Internacional.

El documento conocido en ese momento señala a la Policía Científica y a las Faes de la Policía Nacional como grupos de exterminio, responsables del 59 por ciento de las muertes a manos del Estado en el periodo analizado (2014-2019), y autores de ejecuciones extrajudiciales. Documenta que funcionarios de la Faes dijeron a la Misión que era una práctica permitida disparar a la cabeza de las personas. Y que con frecuencia encubren los asesinatos simulando “enfrentamientos” entre las víctimas y los uniformados. Además, revelaron que había recompensas para los cuerpos armados por ejecutar acciones ilegales.