Crece tensión en Nicaragua: sacerdotes han solicitado salir del país para no poner en peligro su integridad

Los sacerdotes en Nicaragua no se sienten seguros en el país, por lo que han solicitado emigrar del territorio. Desde el año pasado, se ha presentado una difracción entre el Estado y la Iglesia, la cual ha llevado a más de una situación de tensión y carácter nacional.

Los funcionarios religiosos, bajo la ordenanza del Seminario de Managua, solicitaron el domingo 29 de enero marcharse de Nicaragua con destino a sus países de origen, debido a que afirman ser perseguidos y afectados por el autoritarismo de Ortega. Aproximadamente desde septiembre, el mandatario empezó a arremeter nuevamente contra la institución religiosa, debido a que afirmó que promovían el golpe de Estado por medio de los obispos. Además, indicó que la Iglesia es una tiranía. Es por ello que los cardenales y obispos consideran que se han vuelto objetivo del Estado, el cual los persigue y no permite que lleven a cabo su oficio.

Las persecuciones contra personas vinculadas a la Iglesia se han presentado desde 2018, con periodos más y menos intensos. El origen de estas fue la época en la que la religión protegió a los manifestantes que estaban en contra de Ortega. Según las cifras, los ataques de la Fuerza pública y seguidores del presidente dejaron 355 muertos, siendo admitidos casi en su mayoría por el Estado. Ahora se está presentando otro capítulo entre la difracción Estado con Iglesia, debido a que supuestamente desde los templos se están incentivando mensajes en contra del Gobierno.

En 2018 el Gobierno sandinista expulsó de Nicaragua a un sacerdote colombiano y a uno salvadoreño que entre ambos llevaban más de 50 años predicando en el país. La situación se mantuvo estable (dentro de lo que cabe) en los últimos años, pero los últimos meses han significado una reagudización del roce entre Ortega y los religiosos.

Recientemente, el monseñor Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, fue enviado a juicio por ser uno de los principales líderes de la oposición de la Iglesia contra Ortega. Según las autoridades, los mensajes y acciones del monseñor afectan el poder Ejecutivo, son basados en conspiraciones y promueven la información falsa. La orden se efectuó ante el Distrito Penal de Audiencia de Managua el pasado 10 de enero y las autoridades indicaron que mientras de desarrolla el proceso judicial, Álvarez debe continuar con la modalidad de prisión preventiva que tiene desde agosto.

Otro caso reciente fue la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, la decisión de ilegalizar la Asociación Misioneras de la Caridad y la orden de la madre Teresa de Calcuta, y la clausura de medios de comunicación católicos, como el de televisión de la Conferencia Episcopal.

Por esta situación, los sacerdotes extranjeros quieren salir de Nicaragua, debido a que su integridad y seguridad corre peligro. El cardenal Leopoldo Brenes afirmó el 29 de enero que “Los sacerdotes que han salido del Seminario, los catecúmenos ordenados aquí han querido regresar a sus países. Si se ordenan pero quieren regresar para servir [en sus países], están en libertad y yo les voy a dar la excardinación” (la licencia para ir a otras diócesis), pues “lo importante es servir” y “yo no soy dueño de la vocación”.

La decisión fue mencionada en la homilía dominical en la Archidiócesis de Managua, en el cual Brenes recordó el caso de un sacerdote chileno que se marchó. A pesar de que no se menciona la razón explícita ni un mensaje con respecto a Ortega, se supone que va de la mano con la persecución y la situación mencionada anteriormente contra Álvarez.

Horas después de dar a conocer el comunicado, la Iglesia ha recibido apoyo internacionalmente. Óscar Andrés Rodríguez, cardenal de Honduras, lamentó la decisión, indicando que consideran como una injusticia que los miembros de la Iglesia en Nicaragua sean acusados por una organización judicial mal administrada y manipulada por la política afín al Gobierno. “Los hermanos de la Iglesia de Nicaragua, injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas, cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente”, sostuvo el cardenal.

Por otro lado, puntualizó que en Nicaragua no hay paz interior y que, el día que los cargos contra la Iglesia dejen de estar presentes, los cardenales y sacerdotes podrán vivir en paz. Además, manifestó que cuando la sociedad se basa en la ambición de poder, gloria y riqueza, la justicia no se tolera y termina afectando a inocentes.

El 20 de enero, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh ), señaló que el líder sandinista pretende destruir la autoridad de la Iglesia. “En 2022 se agravó la persecución religiosa. El régimen Ortega Murillo continuó con su propósito perverso de destruir la autoridad de la Iglesia por el apoyo que, enmarcado dentro de su labor pastoral, ha brindado al pueblo nicaragüense desde la rebelión social iniciada en abril 2018″, sostuvo ese organismo en su informe anual frente a esta coyuntura.

En el capítulo titulado Persecución a la Iglesia y sus clérigos, el Cenidh indicó que “este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes”.