Crisis diplomática: Corte IDH acusa a Perú de ‘desacato’ por liberación de Fujimori

La reciente liberación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre de 2023, como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional peruano, ha desencadenado un nuevo episodio de tensiones legales y diplomáticas.

Un documento oficial, fechado el 19 de diciembre, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), manifestó su preocupación y calificó la acción como un “desacato a las resoluciones de supervisión de esta Corte”.

Este señalamiento sugiere una clara discrepancia entre las decisiones del Tribunal Constitucional peruano y las expectativas y condiciones establecidas por la Corte IDH, con sede en San José y reconocida como un órgano judicial del sistema interamericano, el cual ya había intervenido previamente en este asunto.

En un pronunciamiento fechado el mismo 6 de diciembre, la Corte IDH instó a Perú a aguardar antes de ejecutar la orden de liberación de Fujimori. El motivo detrás de esta solicitud era permitir el tiempo necesario para analizar si la decisión del Tribunal Constitucional cumplía con las condiciones y resoluciones previas emanadas de este órgano judicial interamericano.

Alberto Fujimori, de 85 años, ha resaltado su estado de salud precario y las complejidades médicas que rodean su situación. Afectado por dolencias crónicas, el expresidente peruano abandonó la prisión el mismo día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó posponer su liberación. Este pedido de la Corte IDH se dio en respuesta a la orden del Tribunal Constitucional peruano, que restituyó un indulto otorgado en 2017 a Fujimori por “razones humanitarias”.

Las condiciones médicas de Fujimori son motivo de especial atención y preocupación. El exmandatario enfrenta una serie de problemas de salud, siendo el cáncer lingual uno de los desafíos más destacados. Además, se le ha diagnosticado fibrilación auricular e hipertensión, constituyendo un conjunto de dolencias que requieren una atención médica constante y especializada.

La decisión de liberar a Fujimori con base en razones humanitarias se enmarca en la consideración de su delicado estado de salud. Sin embargo, esta acción ha generado un intenso debate, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la interpretación y la aplicación de la justicia en casos que involucran a figuras públicas con problemas médicos significativos.

La Corte IDH indicó que dispondrán “una supervisión reforzada a las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos del caso Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú” en lo que respecta al indulto al expresidente peruano.

El exgobernante, de origen japonés, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en 2009. Estuvo preso un total de 16 años.

El proceso legal en torno a la libertad de Alberto Fujimori ha estado marcado por una serie de giros y controversias que han añadido complejidad a su caso. La primera instancia relevante se dio en 2017, cuando Fujimori fue beneficiado con un indulto por razones humanitarias. Este evento generó un amplio debate en la sociedad peruana, polarizando opiniones sobre la justificación y la equidad de esta decisión.

Sin embargo, la trama legal dio un giro sorprendente en 2019, cuando la Corte Suprema anuló el indulto otorgado a Fujimori, lo que provocó un revuelo tanto nacional como internacional. Esta anulación reavivó el escrutinio sobre los aspectos éticos y legales relacionados con el caso, así como las circunstancias que rodearon la concesión inicial del indulto.

La situación tomó otro rumbo en el complejo entramado judicial cuando el Tribunal Constitucional intervino y, de manera inesperada, restituyó el beneficio del indulto a Fujimori.

*Con información de la AFP.