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Crisis en Perú: Fiscalía abre investigación contra Ministerio de Salud y en las calles piden la renuncia del Presidente
Perú atraviesa una aguda crisis política: su presidente ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso.
La Fiscalía de Perú ha abierto diligencias preliminares en las instalaciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio de Salud por un presunto delito de atentado contra la integridad de datos informáticos, por haber alterado las cifras de defunciones.
La investigación está siendo desarrollada por fiscales especializados en ciberdelincuencia y peritos del Ministerio Público, con el propósito de “recabar información sobre la modificación de la ficha de defunción de RENIEC”, según recoge la agencia peruana Andina.
El escándalo se desató en el país después de que se diera a conocer un acta falsa de fallecimiento de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo de la justicia y propietario de una casa ubicada en Breña, donde el presidente Pedro Castillo acostumbraba a reunirse durante los primeros días en el cargo.
Sánchez Sánchez huye de la justicia desde el pasado martes 11 de octubre y cuando las autoridades dictaron una detención preliminar dos días más tarde comenzó a figurar como fallecido en la página de RENIEC. El médico que supuestamente certificaba el fallecimiento se apresuró a desmentir en los medios que él no había efectuado esa firma y emprendería acciones legales al respecto, según sostiene el diario Gestión.
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No obstante, los primeros registros de falsas muertes se remontan a finales de septiembre, cuando dos integrantes de una familia se dieron cuenta de que no podían confirmar su local de votación por aparecer como fallecidos.
El día 25 se llegó a ‘certificar’ la muerte del propio Pedro Castillo, además decapitado en el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, la jefa de RENIEC, Carmen Milagros Velarde Koechlin, ha señalado como responsables a los médicos, ya que estos estaban habilitados por el Ministerio de Salud para certificar los fallecimientos. También ha anunciado que a partir de ahora no se tramitarán más certificados de esta naturaleza a través de internet y ha invitado a los sanitarios a hacerlo de forma manual.
El Ministerio de Salud, por su parte, emitió un comunicado a la opinión pública en el que asegura que no es el responsable de gestionar la plataforma informática ni de realizar las revisiones de la plataforma que hace posible la recolección de datos de los fallecidos:
🔴 COMUNICADO | El #Minsa informa a la población lo siguiente. pic.twitter.com/fHfagSY32n
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 14, 2022
La oposición salió a las calles
Cientos de manifestantes opositores marcharon por las calles del centro de Lima, exigiendo al presidente peruano, Pedro Castillo, que renuncie por considerarlo responsable en diversos casos de corrupción.
“¡Fuera Castillo, fuera!” y “¡el pueblo se respeta, queremos la vacancia!” fueron algunas de las consignas durante la protesta, que recorrió unos cuatro kilómetros con banderas peruanas y pancartas que enarbolaban la salida del poder del mandatario.
“Lo que se está viendo es la punta del iceberg de una corrupción brutal que no se vio antes y que ahora estamos viviendo. Se está viendo el desapego a la democracia”, dijo Enrique Quintanilla, un jubilado de 63 años, a la AFP.
La marcha intentó llegar hasta el Palacio de Gobierno peruano, pero fue detenida por barreras de rejas metálicas instaladas por la policía en las calles aledañas.
Allí se produjeron algunos forcejeos entre manifestantes y policías, quienes lanzaron gases lacrimógenos para contener la situación y dispersar el tumulto.
Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, ha debido enfrentar dos intentos de destitución por parte del Congreso (dominado por la oposición) y responder a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano.
Cabe recordar que esta semana la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente.
Con información de AFP Y Europa Press*