Crisis política en Perú obligó al cierre indeterminado del acceso a Machu Picchu

En medio de la creciente crisis que enfrenta Perú por cuenta del estallido social originado el pasado 7 de diciembre tras la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones, y el ascenso al poder de Dina Boluarte, situación que ha desencadenado una larga serie de protestas violentas que dejan cerca de medio centenar de fallecidos, el turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados debido al temor y riesgo que despiertan los escenarios violentos para los visitantes.

En ese sentido, el pasado fin de semana, las autoridades de Perú tomaron una difícil decisión referida al cierre, por tiempo indefinido de uno de sus principales atractivos para los visitantes locales y extranjeros; la ciudad inca de Machu Picchu.

De acuerdo con las autoridades, esta decisión se tomó en el marco del riesgo de seguridad que suscita la actual crisis política de Perú, teniendo en cuenta que ya algunos turistas han resultado afectados por ello en tanto las protestas han obligado a varios cierres de vías, e incluso de terminales aéreos, derivando en traumatismos para los visitantes.

Por tal razón, desde el Ministerio de Cultura se anunció que se dispuso el cierre de toda la red de caminos que conducen a la ciudadela de Machu Picchu, advirtiendo así a quienes tenían planeado llegar a Perú para visitar el lugar.

Sobre el tiempo del cierre, las autoridades han advertido que este estará vigente “hasta nuevo aviso”.

la decisión se conoció también luego de que los manifestantes que hacen presencia en varias provincias de Perú causaran una serie de daños en las redes férreas de la región de Cusco, que derivaron en la imposibilidad de usar el sistema de tren que comunica a la ciudad imperial con la ciudadela de Machu Picchu, obligando a su vez que se tuviera que realizar un operativo para rescatar a los turistas que resultaron afectados.

Según medios locales, con el daño de las vías férreas la semana pasada, cerca de 400 turistas quedaron ‘varados’ en la zona.

Estas nuevas decisiones sobre la región de Cusco agravan aún más la situación del sector turístico y los negocios que se sirven de estas actividades de forma conexa como transportes, restaurantes, y comercio en general que el pasado fin de año, por las mismas razones derivadas de la protesta social, y el temor de los turistas a resultar afectados, terminaron porque las reservas hoteleras se redujeran en un 70%, situación que golpea aún más a un sector que se encontraba en la senda de la recuperación tras el ‘stop’ propio de la época de la pandemia.

Las protestas en Perú

Los disturbios propios de las disputas sociales, enmarcadas también en las acciones de represión por parte de las autoridades no cesan en Perú, haciendo que el ambiente se encuentre cada vez más enrarecido, y marcado por el aumento en el número de muertos; lo que a su vez aviva las llamas de la inconformidad social.

Precisamente, la grave situación que se vive en Perú, genera preocupaciones que ya han traspasado las fronteras, y que han originado que, desde distintos rincones del mundo, se conozcan pronunciamientos que llaman tanto al fin de las manifestaciones violentas, como al respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades, señaladas masivamente por las acciones de represión a los manifestantes.

Precisamente, durante el pasado fin de semana, se conocieron pronunciamientos desde la Unión Europea, en el que la entidad paneuropea elevó una voz de repudio ante las elevadas cifras mortales derivadas de la situación, abogando porque gobierno y oposición implementen medidas orientadas a la restitución del orden social.

Durante la jornada del pasado sábado, según confirmaron medios locales, se confirmó el fallecimiento de un nuevo manifestante, quien se encontraba en delicado estado de salud luego de resultar herido en medio de la represión de las protestas en la región de Puno; donde manifestantes, el pasado jueves, intentaron tomarse el aeropuerto de Juliaca.

Precisamente, durante esa misma jornada, también se presentaron altercados entre manifestantes y fuerza pública en inmediaciones de los aeropuertos de Arequipa y Cusco, lo cual derivó en el cierre de las mencionadas terminales aéreas.

El pasado sábado, la ira de los manifestantes también condujo a que grupos de estos emprendieran en contra de establecimientos oficiales, incluso prendiendo fuego a estaciones policiales, lo que ha originado que alto número de personas resultaran detenidas en escenarios que despiertan preocupación en las entidades de Defensa de Derechos Humanos, en tanto existe incertidumbre frente al respeto al debido proceso para estos, y el trato que pueden llegar a recibir.

Precisamente, en el marco de las preocupaciones por la protección de los Derechos Humanos, el pasado fin de semana se conoció una petición por parte de Amnistía Internacional al Gobierno español para pedir que cese el suministro de armas para el control antidisturbios a Perú, advirtiendo que protocolos internacionales advierten que dichos ‘suministros’ no deberían realizarse en casos en los que se presume que las armas serán empleadas en detrimento de la población.

En ese sentido, Amnistía Internacional instó al cese ‘inmediato’ del suministro de armas a Perú por parte de España.