Haití y la tragedia olvidada

El país más pobre del continente. Esta frase tan usada tiene muy poco de falsa. Cerca de 11 millones de haitianos, que comparten la isla de La Española con sus vecinos de República Dominicana, viven en un país con niveles de pobreza africanos. La inflación, de dos dígitos desde 2014, hace que un litro de leche cueste más de la mitad de un salario mínimo diario de dos dólares, que constituye el ingreso del 60 por ciento de los trabajadores.

Por eso, cuando el viernes 6 de julio el gobierno del presidente Jovenel Moïse eliminó los subsidios a los combustibles, los haitianos no aguantaron más y salieron el mismo día a las calles. En la capital, Puerto Príncipe, y en otras localidades como Jacmel, Petit-Goave y Les Cayes, hoteles y vehículos quedaron reducidos a cenizas. Los saqueos en los almacenes y los bloqueos en las carreteras se generalizaron en el país. Bastaron 24 horas para que Haití ardiera.

No era para menos, pues con la decisión del gobierno de Moïse, recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la gasolina aumentó un 38 por ciento; el diésel, un 47 por ciento; y el queroseno –el más usado por las familias pobres– un 51 por ciento. El FMI planteó en Haití un paquete de medidas para reducir el déficit presupuestal y cumplir la meta de crecimiento de 5 por ciento anual, a la cual Haití solo llegó en 2011 gracias a la inversión extranjera. Gran parte de esta corresponde a las ayudas que el país recibió para recuperarse del terremoto que en 2010 dejó más de 200.000 muertos y cerca de 1,5 millones de desplazados.

Apenas dos días después de iniciadas las protestas, el 8 de julio, el gobierno tuvo que echar para atrás la medida mientras rechazaba todo acto de violencia o vandalismo. Una semana después, el primer ministro Jack Guy Lafontant, renunció a su cargo durante la sesión de la Cámara de Diputados. Lafontant reconoció que la decisión había sido “un error bienintencionado”, explicó. Con ese funcionario afuera, los ánimos de los haitianos se calmaron y las protestas terminaron con un total de siete muertos y decenas de heridos.

Sin embargo, la población no baja la guardia y aún está preocupada por lo que viene. Por el acuerdo entre  Haití y el FMI, vigente desde febrero de este año, el gobierno haitiano se comprometió a ejecutar reformas económicas en un plazo no más allá del próximo mes de agosto. Entre las medidas aparecen, de un lado, aumentar las tarifas del servicio eléctrico y la recaudación de impuestos y del otro, recortar el gasto público.

Expertos consideran que Moïse y Lafontant estaban advertidos con respecto a los posibles efectos colaterales de los consejos del FMI. Como recordó el analista Pedro Brieger en un reciente informe para CNN, a mediados de la década del noventa Haití podía producir todo el arroz necesario para alimentar a su gente. Pero para atender la recomendación del FMI, el país caribeño bajó los impuestos al arroz importado del 55 al 3 por ciento. Con esa medida solo resultaron favorecidos los productores norteamericanos,  pues Estados Unidos hoy, más de 20 años después, tiene a Haití como uno de los cinco principales destinos de exportación de ese cereal. De esa manera, el país más pobre del continente importa del país más rico del planeta el 80 por ciento del arroz que consume.

Aunque Haití vive en la incertidumbre desde hace décadas, el terremoto de 2010 acabó con todas sus esperanzas, por remotas que fueran. Después de la tragedia surgió el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití, que presupuestaba que la economía se recuperara a un ritmo del 5 por ciento anual. Ocho años después la proyección de esa tasa de crecimiento no pasa del 2 por ciento. Además, en los últimos cinco años el gourde, la moneda haitiana, se ha devaluado en un 50 por ciento y la inflación está a punto de alcanzar el 14 por ciento. 

A eso hay que restarles los 1.200 millones de dólares al año que el país dejó de recibir con la salida, desde octubre pasado, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). Ese monto equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y al 50 por ciento de los gastos del gobierno haitiano. Además, la crisis en Venezuela secó los recursos monetarios y energéticos que el país recibía por cuenta de PetroCaribe, la alianza petrolera por la cual el gobierno de Hugo Chávez aseguraba la amistad de varios países del Caribe.  Como si eso fuera poco, 14 funcionarios del gobierno de Port au Prince están presos por casos de corrupción relacionados con ese programa.

Haití vive de nuevo la inestabilidad política y económica que parece una constante desde que terminó la dictadura de la familia Duvalier en 1986. Desde entonces los presidentes, las revueltas populares y los golpes de estado vienen y van como si constituyeran el único destino posible para los haitianos. En medio de la tormenta, algunos ven en las palabras de Renald Exantus algo diferente. El diputado haitiano instó al resto de sus colegas a reducir hasta en un 40 por ciento el presupuesto del Parlamento para 2019 en un intento por “recobrar la confianza de los ciudadanos y salir de la crisis ética y moral que vivimos”, explicó.