Perú, el embrollo del siglo

“Los poderes en Perú llegaron a un punto de bloqueo que solo la decisión del Tribunal Constitucional puede destrabar. Los corruptos y populistas han desprestigiado tanto las instituciones que Perú hoy es ‘disfuncional’ ”. Con estas palabras, el analista Sebastian Grundberger le definió a la Deutsche Welle la situación actual de Perú. Curiosamente, SEMANA habló con más de quince políticos, académicos, abogados y ciudadanos de a pie que repitieron casi textualmente las palabras del alemán.

En efecto, casi nadie duda de que Perú atraviesa por una crisis política e institucional, y que viene cocinándose desde hace tres décadas. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el lunes porque los congresistas, de mayoría fujimorista y aprista, negaban su ‘cuestión de confianza’ para modificar la Ley Orgánica de Elección de los miembros del Tribunal Constitucional y despolitizar este órgano. Y al hacerlo, desató una tormenta que hasta hoy no cesa.

Los congresistas desacataron la orden del Ejecutivo de desalojar las instalaciones del Congreso. En cambio, a la medianoche de ese día juramentaron como presidenta interina a Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Vizcarra hasta ese momento. Por si fuera poco, menos de veinticuatro horas después Aráoz renunció al cargo “por falta de garantías mínimas para ejercerlo y por el bien de Perú”, y pidió nuevas elecciones legislativas. Aráoz demostró que no tiene problema en cambiar de opinión rápidamente, pues ahora asegura que lo mejor sería aceptar la disolución sin generar fricciones o “cataclismos”. Algunos lo interpretan como una forma de ocultar su propio fracaso político y de lavarse las manos ante la tremenda crisis.

Mercedes Aráoz aceptó el lunes a la medianoche el encargo del Congreso de convertirse en la presidenta interina. Menos de veinticuatro horas después renunció.

Pero ahí no para la cosa. Porque si bien esa renuncia fue un golpe para los fujimoristas, el presidente del Congreso, Pedro Carlos Olaechea, y el del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, insistieron en que la renuncia no es efectiva porque la presentó ante un Congreso que “no existe”. No tuvieron en cuenta que, en opinión de expertos, la ecuación funciona exactamente a la inversa: si el presidente disolvió constitucionalmente el Congreso, este no existe para nombrar una presidenta interina. Y ahí está justamente el intríngulis del asunto. Como dice el refrán, “el diablo está en los detalles”.

Por un lado, algunos abogados aseguran que el presidente se apresuró a tomar una decisión sin que los parlamentarios negaran oficialmente su moción de confianza (a pesar de que la estaban demorando y aplazando constantemente).

Mientras tanto, otros consideran que Vizcarra se acogió al pie de la letra a la Carta Política, que dice en su artículo 134 que el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso “si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, como en efecto sucedió. Por supuesto, en este punto entra la interpretación de los juristas, porque ¿puede suponerse que un retraso es necesariamente una censura o una negación en la ‘cuestión de confianza’?

El exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú Fernando Calle Hayen parece no tener dudas al respecto. “Vizcarra falló en interpretar tácitamente que habían votado contra la ‘cuestión de confianza’ y eso es una cosa muy forzada porque la Constitución es muy clara. El ‘pedido de confianza’ se debate y se vota en la misma sesión o en la siguiente, y no habían votado”, le dijo a la BBC.

Vizcarra le había advertido al Congreso que si seguía aplazando su ‘cuestión de confianza’ lo disolvería. Y así lo hizo. Ahora, la mayoría de los congresistas se niegan a abandonar el recinto y sus cargos, para desconocer al presidente.

Calle Hayen no ve grises en la discusión, pero otros sí. Eduardo Dargent, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en filosofía política, le dijo a SEMANA que las dudas constitucionales ya están casi superadas y, por el contrario, favorecen a Vizcarra: “El presidente hizo lo correcto. La Constitución se queda chica para analizar la desesperación de los opositores por nombrar magistrados del Tribunal y la necesidad del presidente de detener ese proceso. Me parece que la discusión constitucional no permite entender el contexto de pugna por lograr impunidad, objetivo último del fujimorismo, del Apra y, en general, de una clase política amañada. Y esa es la discusión importante en realidad: unos congresistas dudosos, salpicados por la corrupción y con excesivo poder”.

De vieja data

Y es que mirar más allá de los debates legales permite entender precisamente que la crisis institucional de Perú viene de muy larga data, al igual que la guerra con los fujimoristas.

Por eso hay que recordar que en 1992 Alberto Fujimori también disolvió el Congreso por medio del famoso fujimorazo. Pero no lo hizo como Vizcarra. Fujimori ya había capturado antes el Poder Judicial, la Fiscalía, los medios de comunicación, y dio lo que podría llamarse un autogolpe de Estado en el que disolvió inconstitucionalmente el Congreso y asumió como virtual dictador.

Fujimori, acosado por sus propios abusos y por acusaciones de corrupción, eventualmente renunció y hoy permanece preso. El escándalo de la empresa brasileña Odebrecht lo enlodó y, en adelante, a casi todos los presidentes de Perú: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y, finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó en 2018, después de que este renunció por los múltiples señalamientos.

Desde ese momento Vizcarra volvió la lucha contra la corrupción su bandera política, pero también su mayor piedra en el zapato, pues sin partido ni bancada en el Congreso los fujimoristas se dedicaron a rechazar casi todas sus propuestas. El presidente no dudó entonces en quitarles su inmunidad parlamentaria y en ir tras ellos por el caso Odebrecht. Hoy hay 476 personas, entre políticos y empresarios, investigados por corrupción; muchos de ellos perdieron sus puestos y otros no pueden salir del país hasta que se resuelva su caso.

En varias regiones del país los ciudadanos salieron a las calles para pedirle al presidente disolver el Congreso. Cuando lo hizo, lo aplaudieron en las plazas principales de Perú. Incluso en la ciudad de Huancayo los peruanos desfilaron con una gran bandera para demostrar su aprobación a la medida.

Incluso, la propia Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente preso, está en prisión preventiva desde octubre de 2018, mientras los investigadores del caso Lava Jato resuelven si estuvo involucrada o no en lavado de activos provenientes de sobornos de Odebrecht. El 12 de septiembre, la Corte Suprema redujo la orden inicial de 36 meses de prisión preventiva a 18, un asunto que de nuevo generó todo tipo de tensiones entre el presidente, la Corte y los congresistas. Vizcarra afirma que los fujimoristas presionaron y sobornaron a la Corte para reducir la condena, a pesar de que no hay ninguna prueba de eso hasta ahora.

En cualquier caso, esa tenacidad le valió a Vizcarra el apoyo de cerca de la mitad del país, según las últimas encuestas, y, sobre todo, los aplausos en su idea de disolver el Congreso. Se estima que antes de esta semana el 70 por ciento de los peruanos apoyaba la moción de adelantar las elecciones legislativas para acabar con las maquinarias y las clases políticas tradicionales, que se afincaron en el Congreso con el 56 por ciento de las sillas. Ello sucedió desde que Keiko Fujimori perdió por poco la presidencia contra Kuczynski en 2016.

La vieja popularidad de la dinastía Fujimori comienza a desaparecer. Los peruanos han mostrado, como casi ningún otro pueblo, una fuerza incontenible en la lucha contra la corrupción. Por eso no dudaron en celebrar a Vizcarra esta semana.

Sin embargo, no hay que perder de vista que la crisis proviene incluso de antes de Fujimori, pues si bien es claro que este dio un golpe de Estado en 1992 al disolver el Congreso, también es evidente que los congresistas desde ese entonces dejaban mucho que desear y que la crisis institucional y la ilegalidad habían permeado casi todas las esferas de poder en el país. Tanto, que inicialmente a Fujimori muchos lo vieron como el salvador del país.

¿Qué viene ahora?

Los medios nacionales e internacionales dicen que esta es la pregunta del millón. Hasta el cansancio han buscado la respuesta y se han apoyado en especialistas para atinar a algún pronóstico. Pero todavía es demasiado pronto para saber con exactitud en qué terminará el atasco político por el que está pasando Perú.

Hay, sin embargo, cuatro elementos fundamentales. El primero tiene que ver con que las Fuerzas Armadas, y la ciudadanía en su mayoría, apoyan a Martín Vizcarra. Un asunto nada menor si se tiene en cuenta que eso determina finalmente quién tiene la sartén por el mango. No es gratuito, entonces, que Vizcarra se pronunciara el martes, rodeado por la cúpula militar, sobre la ilegitimidad del gobierno de Mercedes Aráoz.

El segundo está relacionado con la Constitución, que establece que si dentro de los próximos cuatro meses de disuelto el Congreso no se llevan a cabo las elecciones, los congresistas tienen pleno derecho de recobrar sus facultades y destituir el Consejo de Ministros. Así que el presidente está en una carrera contrarreloj. Necesita actuar pronto, pero con estrategia si quiere salir del agujero.

El tercero, y uno de las más decisivos, tiene que ver con que Jorge Barata, presidente de Odebrecht en Perú, testificará en los próximos días para delatar a los congresistas que recibieron financiamiento de la constructora para sus campañas políticas. Eso podría agudizar la crisis política, pero también acabar de hundir a muchos fujimoristas implicados en el caso. Barata hablará de los congresistas que recibieron coimas y aparecen en sus registros con apodos como ‘Cowboy’, ‘Pescador’, ‘Musa’, ‘Princesa’, entre otros.

Finalmente, casi todos los internacionalistas coinciden en que unas elecciones apresuradas no necesariamente sanean el sistema político del país “que está podrido desde adentro”, según le dijo a SEMANA Carlos Alza, experto en políticas públicas de la London School of Economics.

Los medios más importantes del país y también los internacionales no dudaron en describir la crisis con alarmantes frases: “Mate al Congreso”, “Perú con dos presidentes”, “Crisis total”, entre otras. Esto demuestra la importancia histórica de lo que sucede en el país andino.

“Perú está en una crisis republicana, de principios del Estado de derecho, y una crisis de ética pública básica. La sociedad entera está quebrada, se han olvidado los principios fundamentales del Estado democrático. Lamentablemente, el fujimorismo y el aprismo le han hecho mucho daño a Perú, pero también la izquierda inoperante que se ha movido en el transfuguismo. Los empresarios han copado los medios de comunicación y las redes sociales se han vuelto la guillotina pública. Es una sociedad desestructurada que requiere un nuevo horizonte y una nueva clase política”.

Al final, ese “nuevo horizonte” solo es posible con una reforma a la Constitución misma. En eso sí coinciden casi todos los expertos que SEMANA contactó con el exmagistrado Hayen. Convocar a elecciones sin que haya una reforma estructural de las leyes y de las reglas del juego podría dejar al país en el mismo vacío institucional en el que se encuentra ahora. Unas elecciones traerían los mismos problemas, pues se harían con las mismas reglas y los mismos vicios.

Por eso, la mayoría apunta a la necesidad de una Constituyente con el apoyo de la OEA. Algo que también Vizcarra ha pedido, para transformar el sistema de elección de magistrados e impedir que un solo partido tenga tanto poder. Así como para hacer otras reformas en el sistema general de elecciones.

Pero en el corto plazo el panorama sigue oscuro, pues lo más probable es que el presidente llame a elecciones, su única opción, si le quiere ganar el pulso al fujimorismo. Pero al hacerlo corre el riesgo de quedar en el mismo punto muerto. A menos de que en las elecciones legislativas surjan nuevas voces, una constituyente está lejos de los planes. Y con ello la crisis del siglo seguirá creciendo como un gran Frankenstein: desordenada y monstruosa. 

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Una economía inmune a la política

Ni cuatro presidentes condenados por el caso Odebrecht ni la disolución del Congreso ni la incertidumbre sobre la gobernabilidad del presidente Vizcarra lograron afectar la economía del país, que creció 4 por ciento el año pasado. ¿Por qué?

Apesar de las constantes crisis políticas e institucionales de Perú, su economía parece inmune a cualquier escándalo. De hecho, es una de las que más crece en América Latina.

Según comentó la revista Dinero, para 2019 el Fondo Monetario Internacional estima una expansión de 3,5 por ciento, mientras se prevé que el resto de la región crezca máximo al 0,5. Aunque parece paradójico, esto tiene que ver con que los sucesivos gobiernos han sido cuidadosos en favorecer la inversión extranjera, generar confianza entre los empresarios y aislar los escollos políticos de los económicos.

Por eso, la economía peruana cumplió este mes 21 años consecutivos de crecimiento y estabilidad, según varios analistas. Este buen desempeño, según el artículo de Dinero, se debe a que ni Toledo ni García, Humala o Kuczynski tocaron los principales pilares económicos de un país (aunque no tuvieran problemas en mancillar el Estado en los aspectos políticos): apertura de mercado, confianza inversionista, libre comercio, control inflacionario y ahorro.

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“El presidente Vizcarra nos unió como pueblo”

Gustavo Gorriti, uno de los periodistas más importantes de Perú, cuenta su percepción sobre la difícil situación del país, a la que ve más como una oportunidad que como una crisis.

Gustavo Gorriti. Periodista y escritor

Hay algo sin duda que la prensa internacional no está viendo, incluso tampoco la nacional, sobre la crisis política que enfrenta mi país en este momento, y es que se ha dado un entrampamiento. O como dirían en Colombia, una serie de puntos muertos, una parálisis de larga data entre un Congreso totalmente obstruccionista y un Ejecutivo sin bancada, que solo ha develado las enormes fisuras institucionales del Perú que venían desde antes.

Si me preguntan qué pienso de todo esto, les contesto que el único error de Vizcarra fue haberse demorado tanto en tomar la decisión de disolver el Congreso para llamar a una reforma constitucionalmente avalada, que limpiara por fin las instituciones de tantas clases políticas acomodadas.

Pero con todo y la demora, creo que Vizcarra nos unió como pueblo. Nos unió porque entendió el mayor clamor popular de Perú: luchar contra la corrupción, especialmente contra los implicados en los casos Lava Juez y Lava Jato. De ahí que su popularidad creciera súbitamente, mientras la del Congreso bajaba hasta llegar al punto helado en el que está hoy, uno de los más bajos en la historia del país. No quiero seguir, entonces, el juego del ruido mediático. El Congreso ya está disuelto, sin dudas y sin grises. Es más, el Congreso no está en condiciones de acceder o no acceder a nada. Puede que se resistan a hacerse a la idea unos días más, pero pronto cederán y se someterán a las elecciones. Ya no tienen la sartén por el mango.

De hecho, llevan tiempo sin tenerla.Así que de algo estoy convencido: la parte superficial –epidérmica– de la crisis pasará relativamente pronto. Vizcarra podrá continuar y llevar a cabo elecciones en enero, tal como está legalmente programado. Pero en cuanto a lo más profundo, en cuanto a los problemas estructurales de nuestro país, tendremos que esperar un poco más. Hay necesidad de un profundo saneamiento y sabemos que eso no se logrará con las próximas elecciones.

Pero, al contrario de las visiones apocalípticas que varios han pintado por ahí, yo creo que esta crisis es una gran oportunidad para ir saliendo, poco a poco, de este escollo en el que estamos metidos. Los cambios quizás no serán sustantivos, pero sí lo suficientemente perceptibles como para darles mayor impulso a las iniciativas contra la corrupción y, en consecuencia, para empezar a pensar en otros problemas que han sido relegados por este mal. Ahora, ¿eso significa que me adhiero a esa apuesta que algunos plantean de hacer una reforma constitucional después? No, en absoluto. Considero que eso sería un error.

Hay que hacer otro tipo de reformas, mucho más pragmáticas y rápidas, tal vez más ciudadanas, enfocadas en crear una sociedad mucho más meritocrática, transparente y sana. Le apuesto más a ese tipo de propuestas porque soy un optimista frente al futuro. Creo que esta crisis nos permite vernos más a fondo y sacar lo mejor de ella.