Panamá
Decisión histórica: Corte Suprema Panameña anula por inconstitucional contrato minero que desató multitudinarias protestas
La Corte Suprema de Panamá declaró este martes “inconstitucional” el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes.
“Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406″ del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), anunció la presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López, al dictaminar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del tribunal.
Luego del anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte. “Más que una victoria de la institucionalidad, es una victoria de la democracia del pueblo”, dijo al canal Telemetro la ambientalista Raisa Banfield, quien al grito de “sí se pudo” con un megáfono afuera de la Corte celebró el fallo dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España.
Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas, han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial. Tras el fallo, manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de rutas, informaron medios locales.
Acato del fallo
“Recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy”, escribió en la red X el presidente panameño, Laurentino Cortizo, quien fue criticado por gremios de empresarios por su “inacción” ante los bloqueos.
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“Esta batalla no ha terminado, el pueblo tiene que recoger el cierre de First Quantum”, señaló Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los convocantes de las protestas, en un discurso afuera del tribunal.
Moratoria minera
El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño.
El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial. La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares al año.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta Centroamérica y México. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la ambientalista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.
Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de las concesiones para explorar y explotar minas de metal. A su vez, dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato de FQM y el gobierno.
¿Y ahora qué?
La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al gobierno su “intención” de “presentar demandas arbitrales”, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá en vigor desde 2013, aunque espera que la situación se resuelva mediante diálogo.
El gobierno de Cortizo se dijo preparado “para defender los intereses nacionales” frente a un eventual arbitraje, que de perderlo implicaría una indemnización multimillonaria para las arcas públicas. Algunos expertos creen para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.
“Claro que uno tiene más fortaleza con un fallo”, afirmó a la AFP el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó uno de los recursos contra el contrato. La Cámara de Comercio llamó a aceptar el fallo y a prepararse de manera consensuada y técnica para “un cierre ordenado” de la mina.
Felipe Chapman, socio director de la firma de asesoría económica Indesa, dijo a la AFP que “si se cierra (la mina), se pierde su contribución al tamaño del PIB, que tomará algunos años recuperar, igual que los empleos y el ingreso fiscal”, pero el país puede potenciar otros sectores, como el turismo.
*Con información de AFP.
