Defensa del presidente de Perú pide a Fiscalía peruana la nulidad del proceso en su contra

El abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, Benji Espinoza, presentó este martes ante la Fiscalía peruana un recurso de nulidad absoluta respecto a la investigación abierta por el fiscal Pablo Sánchez por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada “sin perjuicio de otros”.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, expresó en los alrededores del Ministerio Público, reportó el diario La República.

De acuerdo con el documento, la decisión de Pablo Sánchez viola el Artículo 117 de la Constitución, que prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido, según informó la emisora RPP.

“Si la acción de nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser reconocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no”, agregó, publicó, entre tanto, el diario El Comercio.

El Ministerio Público informó en su cuenta en Twitter de que Castillo había sido incorporado a la investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por la empresaria Karelim López porque obedecían en todo al mandatario.

Con esta investigación, la Fiscalía peruana investiga si los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

Vicepresidenta de Perú niega que vaya a renunciar por denuncia en el Congreso

Entre tanto, la vicepresidenta Dina Boluarte negó el martes que vaya a renunciar por una supuesta infracción constitucional que el Congreso evalúa para inhabilitarla, medida que debilitaría al ya frágil gobierno del presidente Castillo.

Boluarte, también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría peruana por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, lo que la ley peruana prohíbe.

“Acá no hay ninguna renuncia, ningún acto de esa naturaleza, estoy tranquila y serena”, dijo Boluarte a la prensa, para luego afirmar que esta denuncia es una maniobra política para echar abajo al gobierno izquierdista.

Según la vicepresidenta, este caso “ha sido el pretexto perfecto de los señores de la derecha para ir sobre la vacancia [destitución de Castillo] y seguir atacando al presidente”.

Al mismo tiempo, dos congresistas opositores denunciaron a Boluarte por el mismo caso.

“En el gobierno sabemos que desde el primer momento que ganamos las elecciones, el 6 de junio de 2021, todas las voces y tambores han estado detrás de la vacancia” de Castillo, dijo Boluarte.

La Contraloría afirma que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno.

Boluarte, abogada de 60 años, es oriunda de Apurímac, región al sureste de Perú. El Club lo integran los apurimeños que residen en Lima.

El Congreso, controlado por la derecha opositora, la puede inhabilitar de la función pública por 10 años si aprueba la denuncia, algo que parece descontado ante la polarización que vive Perú desde que Castillo asumió la presidencia hace 10 meses.

Boluarte admitió que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello.

El artículo 126 de la Constitución peruana establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

En caso de ser removida, ello allanaría el camino para que el Congreso retome sus planes de destitución de Castillo, algo que los opositores radicales han intentado dos veces anteriormente.

Boluarte “podría enfrentar una denuncia constitucional y ser inhabilitada, pero solo para el cargo de ministra. Si la inhabilitan como vicepresidenta, sería una maniobra para dejar un vacío”, dijo el jurista Omar Cairo, citado por el diario La República.

La Constitución prevé que en ausencia del vicepresidente, el jefe del Congreso debe suceder al presidente si deja anticipadamente el mando.

La actual jefa del Parlamento es la opositora María del Carmen Alva.

Con información de Europa Press y la AFP.