Defensoría del Pueblo y Congreso cuestionan medida de toque de queda impuesta en Perú

Tras los hechos violentos desatados el pasado lunes, 4 de abril de 2022, en la mayoría del territorio peruano, en el marco de las jornadas de protestas convocadas por los transportadores contra los altos costos del combustible y la adhesión de algunos sectores que piden la renuncia del actual presidente de ese país, Pedro Castillo Terrones anunció la adopción de la medida de inmovilización social para este martes en las regiones de Lima y Callao.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por algunos sectores del país, que han elevado llamados directos al mandatario para que se levante, advirtiendo que no es una providencia ajustada a la realidad, ni tampoco contribuye a solventar la actual crisis que atraviesa el país.

Uno de los sectores y organismos que abogan por la suspensión de la medida de inmovilización social es precisamente la Defensoría del Pueblo, entidad que, mediante un comunicado advirtió que lo impuesto la medianoche anterior por el presidente es “inconstitucional”, e incluso desproporcionada.

Según la Defensoría, el llamado a levantar la medida se realiza en el marco de sus funciones, por mandato constitucional, que le obligan a la “protección de los derechos fundamentales y supervisión de la buena marcha de la administración pública”, advirtiendo que la decisión de Castillo para imponer la inmovilidad social es “inconstitucional por la ausencia de la debida motivación”.

En ese mismo sentido, el ente de protección de los Derechos Humanos en Perú aduce que, según la jurisprudencia vigente, “los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo, deben responder, de forma inexcusable, a los criterios de proporcionalidad y necesidad”, afirmando que en el caso actual, la medida no es justificable, ni “contribuye a preservar el orden social”.

En su comunicado, la Defensoría también advierte que el presidente está afectando a los trabajadores peruanos, señalando que, en tanto la mayoría se desempeña en la informalidad, el Gobierno está vulnerando su derecho al trabajo, y con ello también a la educación, la salud y la alimentación.

Por lo anterior, la Defensoría advirtió que dadas las condiciones en las que se presentó la medida, esta tendrá unas consecuencias que “serán aún más dañinas y generarán alarma en la población”. En ese orden de ideas, la institución indicó al Gobierno que el camino que se debería optar en ese caso es el diálogo, advirtiendo que el mecanismo no ha sido empleado por la administración nacional.

Desde la Defensoría se instó al levantamiento inmediato de la medida.

Otras reacciones

En la misma senda que lo hizo la Defensoría del Pueblo, la presidenta del Congreso de Perú, Maricarmen Alva, también se pronunció públicamente para rechazar la medida adoptada por el presidente, señalando que, pese al estado de emergencia decretado la noche anterior por Castillo Terrones, este “no puede impedir el funcionamiento del Congreso”, remitiéndose al mismo texto de la Constitución peruana, y añadiendo que el Congreso no cesará sus funciones, manteniendo en pie la sesión prevista para este martes, en una jornada en la que incluso está citado a dar explicaciones el presidente de la República, quien recientemente se salvó de una moción de vacancia.

Para la congresista, en declaraciones recogidas por medios locales, el mensaje que envía Castillo a la ciudadanía con el decreto de la medida de estado de excepción e inmovilidad, es “inaceptable” .

En ese mismo sentido, e incluso antes de que se se conociera el pasado lunes la adopción del estado de emergencia, se había pronunciado el congresista Alejandro Cavero, quien ante el pleno del órgano legislativo afirmó que “Perú se enfrenta a un caos y un desgobierno generalizado”.

“El piloto automático en el que estamos no da para más”, sentenció el legislador, quien pese a manifestar que entiende que todos los problemas de su país no se pueden solucionar en unos pocos días, si advirtió que se necesita que el presidente Castillo “de la cara al país y que sepa responder los problemas que en este momento tenemos”.

El legislador adujo que no se puede ser “indolente” ante la situación actual, pidiendo que se planteen soluciones reales, atacando la propuesta que puso sobre la mesa el gobierno Castillo de citar a una constituyente. “Necesitamos que los ministros planteen soluciones”, sentenció.

“Necesitamos soluciones, no gente incapaz”, sentenció contundentemente el legislador, quien horas después, en reacción al anuncio del estado de emergencia, se pronunció en su cuenta de Twitter para cuestionar la decisión de Castillo.

“La respuesta del Presidente Castillo a la protesta ciudadana: encerrarnos como en una dictadura”, dijo.