Del milagro a la crisis en Chile

La agudización del desempleo se ha convertido en el principal problema de Chile hoy en día. Según cálculos de Miguel Kast, presidente del Banco Central, el desempleo oscila hoy entre un quince o un 16% de la fuerza laboral del país, consistente en unos tres millones y medio de personas.
Un estudio de la Universidad de Chile aseguraba que la anterior era una cifra conservadora, al indicar que la desocupación a nivel nacional en marzo último llegó a un 19.1%, es decir, unos 720 mil desocupados. Una revista local ilustró esa situación así: "Los desocupados pueden llenar once veces el estadio nacional, con capacidad para 70 mil espectadores. Y aún quedarían afuera, sin poder ingresar alrededor de 30 mil."

Pero la realidad es mucho más cruda. Jaime Pérez de Arce, economista de la Central de Estudios Económicos y Sociales (Vector) considera que a los 720 mil desempleados computados por la universidad de Chile se deben sumar los 162 mil del plan del empleo mínimo (desocupados que reciben 1.300 pesos mensuales--35 dólares--y son considerados como subempleados, ante un nivel medio de remuneraciones obreras de 6.000 pesos mensuales), así como los inactivos con deseos de trabajar sólo 20 horas a la semana. Este conjunto arrojaría una cifra global de un millón 125 mil personas dispuestas a ocuparse que no encuentran una plaza remunerada.

Tales cifras son cuatro veces superiores a las de los gobiernos anteriores a Pinochet.

Este fenómeno no es más que el reflejo de la crisis económica global que sacude al país. Con una deuda externa de 12.637 millones de dólares y una balanza comercial con un déficit, en 1981, de 2.598 millones de dólares Chile está viendo caer sus reservas internacionales a sólo 3.778 millones de dólares.

Según las autoridades, esta crisis es causada por la recesión internacional. No obstante, según analistas independientes, las causas de ello deben buscarse en el modelo monetarista de la escuela de Chicago, el cual ha tenido el más puro exponente en la economía de este país, durante los últimos años. Tal modelo exige que el Estado se abstenga de intervenir en la actividad privada y congele, eso sí drásticamente, los salarios. La economía, para la cual se fija tasas inflexibles de cambio, es volcada hacia el exterior.

Tal orientación dio al comienzo algunos resultados: el producto bruto interno creció de 3,8% en 1976 a 8,3% en 1978; la inflación pudo ser moderada a 9.5% el año pasado, cuando en 1976 llegó a 174.3%; la balanza de pagos obtuvo un superavit de 1.244 millones de dólares en 1980.

Pero después de esa fase, comenzó el declive. El dólar fijo (desde hace tres años Chile estableció una tasa inelástica de 39 pesos por dólar), se tradujo en alzas de precios internos de un 25% sobre los precios internacionales, llevando a numerosas empresas a la quiebra, ante la imposibilidad de competir en un mercado abierto a las mercancías extranjeras. Esto condujo a una caída del 3% del producto interno bruto y a los espectaculares niveles de desempleo.

Los correctivos que el gobierno ha comenzado a implementar consisten básicamente en descargar sobre la masa laboral el peso de la crisis: argumentando que los salarios representen altos costos para las empresas, y que éstas deben reducir sus precios, ha exigido a los trabajadores que acepten rebajas en sus sueldos.

Kast recientemente lo planteó en estos términos: "Esa gente va a aprender a costalazos si no se reduce su ingreso. (...) en la medida que esas personas no captan que pueden comprar estabilidad en la empresa a cambio de un salario menor, se exponen a la cesantía".

En ese mismo sentido se ha expresado Jorge Selume, decano de la facultad de Economía de la universidad de Chile; "el salto del desempleo de un diez por ciento a un 19.1% en el gran Santiago se habría evitado si todos hubiesen aceptado una rebaja, el año pasado, de un diez por ciento".

Selume pide, además, que se rebaje el salario mínimo, y se modifique el Plan Laboral. Este último reanudó en 1979 la negociación colectiva, luego de una amenaza de boicot internacional que la central obrera norteamericana AFL-CIO profiriera en solidaridad con los sindicatos chilenos.

Pero no todos los economistas creen que la caida de los salarios sea una salida a lacrisis. José Pablo Arellano y René Cortázar, de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, Cieplan, proponen una caída de utilidades en las empresas de un 17%, más una inflación interna del 8%, que sea más baja que la del resto del mundo para remontar el desnivel del 25% sobre los precios internacionales. "Si las empresas niegan ‘castigarse‘ y no absorben esta pérdida significa que los salarios de los trabajadores deberían ‘desbarrancarse‘ en un 36%".

Guillermo Medina, consejero de Estado expresó el punto de vista de los trabajadores: "No podemos estar de acuerdo con una rebaja de sueldos y menos con la amenaza de que si no se acepta habrá una cesantía prolongada."

Parece entonces abrirse paso entre algunos sectores la propuesta de una devaluación del peso chileno en un 20% más la creación de un mecanismo que permita "mantener una paridad o cambio real entre el dólar y el peso, y no ‘pegar‘ el tipo de cambio, como se hizo en 1979" según la revista Hoy.

A estas medidas, claro está, débense agregar otras, a juicio de los expertos: alza de aranceles que protejan la produccion interna, mas subsidios a las exportaciones. Esta vía lleva a desmontar virtualmente el esquema económico monetarista que hasta ahora ha prevalecido (y a una aceptación implícita de su fracaso). Por ello los círculos gubernamentales tienden a considerar que las dificultades son sólo momentáneas y que el ritmo de crecimiento se reanudará cuando la recesión internacional termine.

Pero tal renuencia a aceptar los hechos comporta riesgos serios a la estabilidad del régimen. Los índices de desempleo actuales, sumados a la pauperización súbita de los sectores empleados que propone el gobierno, introducirá un elemento francamente explosivo en el terreno social.