Denuncian a El Salvador ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por detenciones en régimen de excepción

Organizaciones humanitarias denunciaron al estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta detención arbitraria de 152 personas bajo el régimen de excepción que rige desde hace seis meses para combatir las pandillas.

“Esta denuncia contra el Estado de El Salvador se ha interpuesto (ante la CIDH) porque tenemos un registro de 152 casos de personas que han sido detenidas de forma arbitraria en el régimen de excepción y con ello se han violado derechos humanos fundamentales”, aseguró en una rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz.

Díaz, representante de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, explicó que en la denuncia se planteó que los derechos violados “son el derecho a la vida, a la integridad, libertad, protección judicial y garantías judiciales”.

La denuncia fue interpuesta el pasado 23 de setiembre ante la CIDH por las organizaciones humanitarias Tutela Legal “María Julia Hernández”, Azul Originario (AZO) y Fundación Hermano Mercedes Ruiz (Fundahmer). El abogado señaló que habría más casos de presuntas detenciones arbitrarias, pero que las tres organizaciones denunciantes han “documentado” 152.

Díaz explicó que tras “agotar” diversos mecanismos ante instancias de justicia salvadoreña decidieron llevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en Costa Rica.

El director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio, explicó que las 152 personas han presentado recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero “ninguno de ellos hasta la fecha ha sido ni siquiera admitido”, lamentó.

En respuesta a una escalada de la violencia en el país centroamericano, que dejó 87 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo, el gobierno decretó con el aval del Congreso un régimen de excepción que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre. Hasta la fecha ha permitido detener sin orden judicial a 53.465 presuntos pandilleros.

El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, y faculta la intervención de las comunicaciones. La mayoría de los pandilleros están relacionados con los grupos criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

El régimen de excepción ha sido constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida habilita mecanismos para violar los derechos de los detenidos.

Multitudinarias marchas en México a ocho años de la desaparición de 43 estudiantes

Miles de personas marcharon este lunes en México al cumplirse ocho años de la desaparición de 43 estudiantes, en la primera conmemoración desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva investigación del caso que responsabiliza a militares y altos funcionarios por la tragedia.

La multitud que marchó en pleno centro de Ciudad de México denunció, sin embargo, “retrocesos” en el esclarecimiento del crimen de los alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) y el castigo a los responsables.

“Vemos momentos difíciles, vemos señales que no van en la dirección de los compromisos que hizo el Gobierno”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, durante la protesta que transcurrió pacíficamente, aunque con choques puntuales entre manifestantes y la policía, además de algunos daños a negocios.

La multitud avanzó coreando lemas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, y portando carteles que responsabilizan al Estado y al Ejército por la desaparición de los 43. El gobierno de López Obrador devolvió el caso al primer plano con la creación de una comisión de la verdad.

Su informe, presentado el pasado 18 de agosto, refuta la llamada “verdad histórica” de los hechos planteada por la anterior administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que era rechazada por los familiares.

El nuevo informe acredita la participación de militares en los hechos y desembocó en la captura del exfiscal general Jesús Murillo Karam -gestor de la “verdad histórica”- y tres militares, incluido un general.

La justicia mexicana ordenó detener a otras 83 personas involucradas en la desaparición de los estudiantes. Pero Rosales señaló que la fiscalía ha retirado al menos una veintena de las órdenes de captura anunciadas inicialmente.

“Por eso se tuvo que elevar la protesta en estos días, por eso se tuvo que exigir de manera enérgica respuestas, explicaciones”, agregó el abogado aludiendo a manifestaciones violentas registradas el pasado viernes.

Ese día, unos 40 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron lesionados al enfrentarse con jóvenes encapuchados que lanzaron piedras y explosivos artesanales al interior de un campo militar en Ciudad de México.

*Con información de AFP.