Denuncian que un tercio de los generales del Ejército venezolano tendría nexos con empresas del régimen

Raynell Martínez Mujica, mayor retirada de la Aviación venezolana, dio algunas declaraciones que seguramente no calarán muy bien entre los altos mandos del Ejército de ese país, al asegurar que al menos un tercio de los generales tiene cuentos no muy lícitos con el sector empresarial.

Así lo manifestó en el foro Pasado, Presente y Futuro de la Fuerza Armada, el cual fue organizado por el Centro de Estudios de Democracia Ciudadana (CEDES) en Estados Unidos.

De acuerdo con Martínez, la economía dentro de las Fuerzas Armadas no es dependiente exclusivamente del presupuesto que determina el Gobierno nacional, y que es distribuido por cuenta del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y el Ministerio de Defensa, sino que además “los militares, al no tener el suficiente presupuesto hacen la renta del territorio, obtienen recursos por vía del narco, droga, minería, el combustible, secuestros, armas y monopolio de empresas, de manera que la Fuerza Armada tiene un presupuesto ordinario y uno extraordinario”.

“Un tercio de generales del Ejército están vinculados en empresas de negocios con el régimen, a quienes se llama mili-empresarios, quienes dirigen empresas estatales, son oficiales en servicio activo y/o retirados con empresas privadas que hacen negocios con el régimen y militares en negocios ilegales”, añadió.

Asimismo, explicó que este comercio “extraoficial” ha llevado al Ejército a un “debilitamiento y desprofesionalización de la institución militar. Al capitán o al sargento ya no lo ven como un superior sino como un socio con efecto pernicioso sobre la preservación de la disciplina y la subordinación”.

“Han participado en actividades económicas extrañas como el Plan Bolívar 2000, Pdvsa, sector eléctrico y energético, Metro de caracas, empresas de aluminio, hierro y acero, aeropuertos, puertos y aduanas, Gran Misión de Abastecimiento Soberano y seguro”, son algunos de los proyectos empresariales en los que habrían participado al menos 18 generales de la FANB.

Por esto, es normal que los militares sean ahora observados también como una ficha dentro de un juego en el que la “participación en actividades del narcotráfico y crimen organizado transnacional y en contrabando de gasolina, alimentos y trata de personas”, es la estrategia a defender.

“También en la extorsión por parte de miembros de la tropa, así como abuso de poder. La cantidad de militares involucrados en hechos delictivos es alarmante”, manifestó Martínez notablemente preocupada.

Por otra parte, señaló que la “podredumbre” al interior del Ejército ha hecho que se pongan en entredicho las deudas que pueden tener las Fuerzas Armadas con los países aliados de Venezuela, y la forma en que dichos compromisos pueden estar en el marco de la ilegalidad.

“Venezuela mantiene alianzas con China y Rusia, como las más fuertes en la parte militar, a quienes ha comprado equipos militares, pero se desconoce qué ha adquirido, a qué costo y cómo han sido pagados, porque hay ausencia de control previo y posterior y ausencia de licitaciones”, agregó Martínez.

Las Fuerzas Militares y la política en Venezuela

Como era de esperarse, y según las declaraciones de la mayor retirada, los nexos de generales del Ejército con las empresas nacionales los convierte también en mira de proyectos políticos ambiciosos dentro del ideal continuista de mantener al régimen chavista como el sistema de poder en Venezuela.

“La participación de los militares en cargos públicos indica que es el 30 % de los ministros, así como en las gobernaciones y alcaldías”, aseveró Martínez. Además, agregó que las personas dentro del Ejército contrarias a la ideología dictatorial o a las formas de patrocinar la continuación en el poder, son consideradas “enemigos de la FANB. Actualmente hay 180 militares presos, 252 militares procesados por razones políticas”.

Igualmente, afirmó que la permanencia del régimen es vista como una necesidad estatal, por lo que se han encargado de hacer de la Constitución un fortín legal con el cual justificar sus atrocidades con el Estado de Derecho en Venezuela.

“El socialismo del Siglo XXI ha hecho que la Fuerza Armada cambie su doctrina y su visión de seguridad. Es por ello por lo que en la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas del 2020 hay una reforma total de lo que es el concepto de seguridad (…) Se expandió la militarización del estado y del régimen militar sobre los ciudadanos, se establece una nueva ideología, se fortalece la Inteligencia y Contrainteligencia, que ahora es en todos los niveles de la población, además se crea el Sistema Defensivo Territorial donde la FANB y las Milicias ahora son una sola y se establece el control a través del miedo a las armas”, dijo.