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Departamento de Estado de EE. UU. dice que ELN y disidencias siguen siendo las amenazas terroristas más importantes de la región
El informe se refiere a la paz total de Petro, que incluye negociaciones y diálogos con grupos armados en todo el país.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe sobre terrorismo en el año 2023, en el que le proporciona al Congreso de ese país un documento anual completo y exhaustivo sobre terrorismo en aquellos países y grupos que cumplan los criterios de la ley para ser incluidos en el documento.
En el texto que ese Departamento le entregó este diciembre al Congreso, Estados Unidos asegura que en Colombia, durante el mandato de Gustavo Petro y bajo la política de paz total —que incluye diálogos y negociaciones con grupos al margen de la ley—, “las organizaciones terroristas Segunda Marquetalia, Farc-EP y ELN continuaron cometiendo actos de terrorismo en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencia contra la población civil, secuestros y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales”.
El informe asegura que, en el 2023, el terrorismo siguió siendo un problema de seguridad para algunos países en diversas partes del hemisferio occidental y “el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Segunda Marquetalia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) en Colombia y Venezuela, y Sendero Luminoso (Sendero Luminoso) en Perú, siguieron siendo las amenazas terroristas más importantes de la región”.
Con respecto a las Farc-EP y el ELN, el informe dice que siguen cometiendo actos de terrorismo en el país e incluso en Venezuela, con atentados bomba, secuestros y otros ataques públicos.
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“En noviembre de 2022, en cumplimiento de una orden del presidente colombiano Petro, el fiscal general de Estados Unidos anunció que se suspenderían las órdenes de captura contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente”, recuerda el texto.
Sobre la relación del Gobierno de Maduro con los grupos al margen de la ley colombianos, Estados Unidos asegura que “Venezuela siguió brindando refugio seguro al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), grupos terroristas de origen colombiano, que operan en Venezuela y cerca de las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia”.
El ELN sigue centrado en atacar a los servicios de seguridad y a la infraestructura económica (en particular, oleoductos y gasoductos y torres de alta tensión) y en extorsionar a empresas extranjeras y locales, según el Departamento de Estado.
El enfoque que el informe quiso detallar tiene que ver con los ataques permanentes de los grupos guerrilleros en Colombia, pese al esfuerzo del gobierno por mantener la paz en las regiones. Incluso, habló de los recientes ataques contra la fuerza pública: “Nueve soldados colombianos murieron en un ataque del ELN cerca de la frontera con Venezuela. En mayo, miembros del ELN atacaron un convoy policial con explosivos y mataron a dos policías y a un civil en la ciudad colombiana de Tibú”.
El Departamento de Estado también hizo énfasis en la presencia de grupos terroristas internacionales como Hezbolá, con sede en el Líbano, que contaba con partidarios y miembros de su grupo en Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Perú.
Cabe recordar que al menos 1,5 millones de personas han sido desplazadas en Colombia desde la firma de la paz con la extinta guerrilla de las Farc, informó el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) este jueves 12 de diciembre, en el marco del octavo aniversario del acuerdo.
Si bien el acuerdo redujo las cifras de violencia, en los últimos años, el conflicto se ha recrudecido por las operaciones de grupos disidentes, de la guerrilla ELN y del Cartel del Clan del Golfo, entre otros.
Ocho años después del famoso apretón de manos entre Santos y el último comandante de las Farc-EP, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, también han crecido las críticas contra el tribunal especial creado para juzgar los peores crímenes del conflicto, pues aún no ha emitido su primera sentencia.