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Derechos humanos en Nicaragua “continúan deteriorándose”, advierte la ONU
La ONU tiene registrados al menos 195 personas encarceladas antes de las elecciones de 2021 y que han recibido condenas de hasta 13 años de cárcel sin un debido proceso.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció las “graves” violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua, un país donde la situación “continúa deteriorándose” a pesar de los reiterados llamados internacionales para que cese la represión de la disidencia.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas divulgó un informe en el que reclama la excarcelación “urgente” de las personas detenidas de forma arbitraria, ya que la oficina que encabezó hasta finales de agosto Michelle Bachelet está particularmente preocupada por la situación de todas ellas.
La ONU tiene registrados al menos 195 casos, de los cuales medio centenar corresponden a personas encarceladas en los meses previos a las elecciones de 2021 y que han recibido ya condenas de hasta 13 años de cárcel “sin un debido proceso”. Al menos 29 de estas personas continúan detenidas en un centro policial “en condiciones presuntamente inhumanas”.
Entre estos presos figuran siete excandidatos presidenciales en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo no reconocido por numerosos países.
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En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un crítico informe contra el gobierno de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.
El espacio de la sociedad civil se redujo “drásticamente” con el cierre de más de 1.500 organizaciones defensoras de derechos humanos, solo en lo que va de año, y también se intensificaron las restricciones a la libertad de expresión, especialmente con la clausura de al menos 20 emisoras de radio y televisión en lo que va de año.
Además, los ataques a la libertad de prensa han provocado que los trabajadores del principal diario del país, La Prensa, hayan sido obligados a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018.
En una respuesta grabada, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, mostró su “rechazo total” a las consideraciones de la agencia de la ONU que, en su opinión, “se sigue prestando a una engañosa, infame y falsificada situación de los derechos humanos”.
“No aceptamos esas recomendaciones por las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”, añadió.
Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica, lamentó que se incumplieran las recomendaciones de “abstenerse de detener arbitrariamente a más personas que disienten con el Gobierno y de liberar a todas las que estaban detenidas”.
Diálogo poco probable
Los ciudadanos nicaragüenses están llamados de nuevo a las urnas en noviembre y la ONU mantiene serias preocupaciones sobre estas elecciones locales, esto se enmarca en la falta de reformas electorales y judiciales “significativas” a pesar de los constantes llamamientos para llevarlos a cabo.
La discrecionalidad que los expertos atribuyen al Gobierno también llevó a que, en abril, cinco alcaldes opositores fuesen apartados de sus cargos con la excusa de que sus partidos ya no existían. Funcionarios leales al Gobierno central han asumido los puestos vacantes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó al Ejecutivo nicaragüense por su falta de cooperación con organismos internacionales y la ausencia de un diálogo nacional “significativo, inclusivo y participativo”, ya que sería “una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de Derechos Humanos”.
Naciones Unidas asume que, en las circunstancias actuales, es “poco probable” que se produzca este diálogo, puesto que el Gobierno ha encarcelado o forzado a exiliarse a interlocutores potencialmente “relevantes”.
*Con información de AFP y EP.
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