Lezo: la gigantesca operación en España con efecto dominó en Colombia

España comienza a abrir un proceso de lucha contra la corrupción que levantará ampolla y que tendrá duros efectos en Colombia. Este miércoles, fue detenido en su residencia el expresidente de la Comunidad de Madrid (2013 – 2015), Ignacio González, por orden de un juez de la Audiencia Nacional. Al político se le acusa de los delitos de prevaricato, organización criminal (concierto para delinquir), malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del Canal de Isabel II y sus empresas filiales en Latinoamérica entre las cuales se encuentran cuatro compañias de servicios públicos con sede en Barranquilla, Santa Marta y Ríohacha.

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De acuerdo con versiones de los diarios españoles El País, El Confidencial y La Vanguardia de Barcelona, también fueron detenidos Ignacio Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II empresa pública que gestiona el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid y el expresidente de Interamericana de Servicios S.A. Inassa. La empresa es socia mayoritaria de la Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, y Recaudos y Tributos, la organización encargada de la gestión de cartera, hasta hace dos años concesionaria del recaudo de los impuestos en Santa Marta. Desde 2015 operan en consorcio la concesión del acueducto de Ríohacha, a través de la empresa Asaa.

También fue detenida María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de Canal de Isabel II, exdirectiva de Inassa y de la Triple A de Barranquilla, acusada de la compra de Emissao, una empresa de ingeniería en Brasil, la cual fue comprada por cuatro veces su valor en mercado.

Aunque desde hace varios años se ha venido denunciando la corrupción en Canal de Isabel II y sus empresas filiales en América Latina, los medios españoles han dado un gran despliegue a la captura destacando el hecho como un ‘auténtico bombazo’ judicial. La decisión la tomó el juez Eloy Velasco, quien investiga la desviación de dineros públicos que habría beneficiado a personas vinculadas al anterior gobierno de la comunidad de Madrid.

Otras fuentes indican que la Audiencia Nacional investiga una supuesta financiación ilegal a través del Partido Popular, partido político que se encuentra en el poder en España desde hace más de una década. De acuerdo con las versiones de los diarios españoles, la guardia civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones y numerosos registros, entre ellos el domicilio de Ignacio González, quien siendo directivo de Canal de Isabel II, fue visto ingresando en Cartagena en una casa del Centro Histórico con unas bolsas que en su momento los periódicos españoles presumieron se trataba de bolsas de dinero.

Un hermano de Ignacio González fue otro de los capturados por ser presuntamente testaferro de la operación. También fueron citados a declarar e imputados por el presunto delito de coacción, el director del periódico La Razón, Francisco Marhuendas y Mauricio Casals, presidente de la junta directiva del mismo diario. Al parecer Marhuendas y Casals, habrían presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades en el seno del Canal de Isabel II en la que estaba implicado Ignacio Rodríguez Sobrino.

A finales de la década de los años 90 unos directivos de Aguas de Barcelona, socia de Triple A de Barranquilla, crearon Interamericana de Aguas, Inassa, que terminó siendo socia mayoritaria de la triple A de Barranquilla, luego ingresaron en 2002 como socios de Metroaguas de Santa Marta, la más antigua concesión de servicios públicos que precisamente entregó las redes a la ciudad el pasado martes al vencerse el último otro sí, tras una puja de cuatro años con el exalcalde Carlos Caicedo quien denunciaba la nula inversión y el mal servicio prestado durante 26 años.

La otra sociedad subordinada a Inassa es la firma Recaudos & Tributos S.A., con sede en Barranquilla, que se dedica al cobro de cartera y durante 13 años fue la concesionaria de los recaudos en Santa Marta, contrato que terminó por una pelea jurídica instaurada también por el exalcalde Carlos Caicedo, a quien la Corte Constitucional le dio la razón. 

A comienzos de semana, el Procurador Fernando Carrillo, había hecho una advertencia sobre la necesidad de poner lupa en la ejecución de la empresa en Colombia. El alto funcionario asistió a la entrega de las redes de agua y alcantarillado por parte de Metroagua al Distrito de Santa Marta, que fue posible luego de un complejo y largo pleito judicial. “Ojalá lo que ha ocurrido en Santa Marta sea tenido en cuenta por el resto del territorio nacional, se constituya en un buen ejemplo y sea un escenario replicable para Colombia”, dijo. Pidió estar "vigilantes" sobre lo que viene. 

El año pasado Semana.com publicó los debates que en la Asamblea de Madrid realizaron los partidos de oposición contra el manejo de Canal de Isabel II, entre los citados estuvo el actual presidente de Canal de Isabel II, y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien dijo que en América Latina durante 15 años no habían invertido un duro, pero habían obtenido ganancias por 65 millones de euros.

La situación judicial que comenzará a enfrentar la empresa en España tendrá repercusiones en el país y es posible que muy pronto se comience a conocer cómo esa cadena de corrupción pudo llegar a Colombia y quiénes en el país tuvieron que ver con esto. Se prenderá un nuevo ventilador.