Dictadura de Ortega cierra INCAE: un golpe a la educación y la economía en Nicaragua

Las acciones del régimen de Daniel Ortega cada vez son más represivas para la población civil que afronta, desde distintas aristas, la persecución por parte de la dictadura sandinista, siendo, esta vez, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), uno de los principales perjudicados por las decisiones autoritarias de Ortega.

Durante las últimas horas se ha conocido que el gobierno de Nicaragua decretó este lunes el cierre del INCAE, un centro educativo de negocios, cuyos activos y propiedades pasarán a ser parte del estado, como lo ha hecho durante los últimos años con demás centros empresariales y de educación, señaló Europa Press.

La orden de esta expropiación, ante la comunidad internacional, fue interpuesta por el Ministerio de Gobernación, el cual, nuevamente, vuelve a diluir el protocolo administrativo para darle justificación a la anulación de personería jurídica de una organización privada, ajena al régimen de Ortega.

¿De qué se le acusa al INCAE?

El gobierno de Nicaragua ha acusado el INCAE de no presentar cuentas durante los últimos tres años de tener ciertas “inconsistencias” entre el periodo 2015-2019. Asimismo, “se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”, de acuerdo con información oficial.

Por otro lado, los funcionarios han asegurado que el centro educativo no brindó “políticas de transparencia” al Ministerio, el cual vigila detalladamente la actividad de las ONG en el país. Por otro lado, también se le acusó de no cumplir con algunas obligaciones no especificadas. Por ende, los bienes del INCAE pasaron a ser parte del Estado de manera “inmediata”, lo cual confiere al régimen de Ortega con el poder absoluto para disponer de la escuela.

Dada la constante ola de autoritarismo en Nicaragua, la ONU le ha puesto la lupa a Daniel Ortega, a tal punto de aseverar, por parte de su oficina de Derechos Humanos, que durante el año pasado, el gobierno nicaragüense anuló la personalidad jurídica de más de 3 mil organizaciones civiles, además de clausurar más de 20 medios de comunicación, algunos religiosos.

La iglesia católica es perseguida por Ortega

Según el último informe de la Lista Mundial de Persecución (LMP), Nicaragua ocupa el lugar 50 entre las naciones que más sufren de persecución cristiana, por detrás de países americanos como Colombia, Cuba y México, debido a que las instituciones católicas en el territorio centroamericano son foco de protección civil frente al autoritarismo de Ortega.

Desde las protestas generalizadas en contra del sandinismo en 2018, la población nicaragüense se encuentra cada vez más reprimida, entre los que se encuentran los sacerdotes, obispos y demás religiosos católicos, ya que han sido una comunidad opositora a las acciones realizadas por el régimen hacia la población civil.

El informe de la LMP indicó que desde hace 5 años, la iglesia católica ha sido foco de vigilancia y de calumnias por parte del Ejecutivo, además de ser censurada gracias a los cierres de estaciones de radio por medio de las cuales los opositores de Ortega podían dar su opinión del gobierno además de argumentar las razones por las cuales Nicaragua se estaba convirtiendo en un dictadura.

Asimismo, la iglesia católica ha sido testigo de la clausura de canales de televisión religiosos, organizaciones benéficas, además de la detención arbitraria de religiosos y fieles católicos, por lo que, desde la Santa Sede, el papa Francisco ha pedido por la liberación de presos religiosos y políticos atribuidos al régimen de Ortega, mientras la comunidad internacional exhorta al Ejecutivo que restablezca la democracia en la nación centroamericana debido a los peligros de violencia, migración y libertad a lo que se está exponiendo toda la población, tanto a militantes como a detractores del régimen de Managua.