¿Dictadura en Perú? Denuncian ejecuciones de estudiantes en protestas contra Dina Boluarte

Las protestas que estallaron tras la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, han dejado varias víctimas mortales debido a los enfrentamientos entre los ciudadanos y la fuerza pública.

Sin embargo, un informe de Human Rights Watch denunció una práctica que es propia de las dictaduras. La entidad aseguró en su reporte que fuerzas oficiales pudieron haber ejecutado a decenas de manifestantes durante la pasada represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejaron medio centenar de muertos, la mayoría por “heridas de bala”, según la ONG.

“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″, indicó HRW en su informe publicado el miércoles 26 de abril.

Apoyado en las cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW señaló que durante las movilizaciones hubo 49 muertes, 39 de las cuales corresponden a víctimas “por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos”.

“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostuvo César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de HRW, en el informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.

La ONG planteó que una “comisión independiente de expertos internacionales” acompañe las “investigaciones penales” que realiza la fiscalía peruana.

“Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”, añadió el documento oficial.

En el marco de las protestas también murieron seis soldados ahogados cuando huían de manifestantes y un policía. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía.

La fiscalía investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.

Más polémicas en el gobierno de Boluarte

La llegada de Boluarte al poder no ha estado exenta de polémica, pues poco después de su nombramiento ha salido a la luz la supuesta relación que habría mantenido con algunos implicados en el caso Cuellos Blancos, en el que varios funcionarios judiciales están acusados de corrupción.

“Los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación. Si los jueces encuentran responsabilidad, hay que sancionarlos severamente”, dijo en relación a tres de los acusados, Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chang y Antonio Camayo.

Por su parte, el actual ministro de Trabajo, Antonio Varela Bohórquez, confirmó en su declaración también haber sido objetivo de investigaciones por un presunto delito de colusión, también archivada, de la que no ofreció detalles.

En lo que respecta a la nueva ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, señaló que sí ha tenido o tiene investigaciones fiscales en marcha, pero no precisó si estás ya fueron archivadas y que luego dará más detalles sobre este tema.

Con información de AFP Y Europa Press