Dimite el fiscal encargado del caso Ayotzinapa ante las crecientes diferencias internas

Ómar Gómez Trejo, fiscal encargado del caso de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dimitió. La decisión se hará efectiva a partir del 1.° de octubre, según informaciones del diario Milenio.

Varios altos cargos han atribuido la dimisión a que Gómez considera que se ha estado actuando a sus espaldas, especialmente a la hora de solicitar detenciones como la del exfiscal general Jesús Murillo Karam. La Fiscalía había revocado recientemente más de una veintena de órdenes de arresto contra militares de Iguala, además de la del exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco, que abrió la investigación del caso Ayotzinapa, y la del secretario de Seguridad Estatal, Leonardo Vázquez Pérez.

Antes de asumir el cargo al frente del caso, Gómez fue secretario del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), si bien en junio de 2019 fue nombrado titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su salida debido a las diferencias con los procedimientos para aprobar las órdenes de detención y señaló que “se respetan todos los puntos de vista”.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación”, sostuvo.

Acusaciones a Peña Nieto

Familiares y amigos de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala, en el estado de Guerrero, acusaron al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto de “haberles mentido” en relación con lo sucedido y pidieron que se aplique un “castigo” contra los militares supuestamente implicados.

La mayoría insistió en que Peña Nieto mintió e instaron al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “decir qué sucedió realmente con los normalistas”, según señala Blanca Nava, madre de uno de los estudiantes. “Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables. Los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República ya detenido. Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, sino también de desaparición forzada”, manifestó.

Así, aseguró que “no callarán” e insistió en que los responsables deben ser castigados, “no liberados”, según informaciones recogidas por el diario El Universal. “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas, mientras no las tengamos seguiremos luchando, hay miles de desaparecidos”, sostuvo.

Mario César Contreras, padre de César Manuel, otro de los normalistas desaparecidos, acusó al presidente de “contradecirse a la hora de hablar de juzgar a los militares”. “Primero dice que sí, que sí libera las 80 y tantas órdenes de aprehensión, y él mismo lo indicó y después señaló que no. ¿Por qué desestimar 16 órdenes de aprehensión del Ejército Mexicano?”, cuestionó.

Sus palabras llegan un día después de que se convocaran protestas por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzianapa, símbolo de la connivencia entre las autoridades y los grupos criminales para encubrir crímenes.

“Le pido al presidente que si el fiscal general de la República no puede hacer su trabajo, le deje el puesto a otra persona para que lo desarrolle”, afirmó Nava. Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación. En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía contempló las negligencias e irregularidades que habrían cometido las autoridades del anterior gobierno del expresidente Peña Nieto. Esta nueva pesquisa apunta a que los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales.