Diputados de España crearán comisión independiente que investigará a la Iglesia

Los diputados españoles aprobaron este jueves la creación de una comisión independiente de expertos que llevará a cabo la primera investigación oficial que se realiza en el país sobre los casos de pederastia en la Iglesia católica, acusada de opacidad durante mucho tiempo.

Esta iniciativa, defendida por el gobernante Partido Socialista de Pedro Sánchez y por los nacionalistas vascos del PNV, fue respaldada por una amplia mayoría de 277 votos en la Cámara Baja de 350 escaños.

A diferencia de otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Irlanda o Australia, en España todavía no se había abierto ninguna investigación profunda sobre las denuncias de violencia sexual hacia menores dentro de la Iglesia.

Según el texto sometido al voto de los diputados, el Defensor del Pueblo presidirá esta nueva comisión que contará con expertos, representantes de la administración, de las víctimas y de la propia Iglesia.

Sus integrantes se centrarán en “investigar las execrables conductas personales cometidas contra niños y niñas indefensos” con el objetivo de “sacar a la luz, y conocer tanto las personas que cometieron los abusos como a quienes los ocultaron o ampararon”, explica la proposición. Su informe final será remitido después al Parlamento y al gobierno “para la adopción de medidas pertinentes”, agregó.

Esta investigación será “el principio del fin de una situación ignominiosa”, según indicó al diario El País la diputada socialista Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez.

A falta de datos oficiales, el diario El País lanzó un investigación propia en 2018 con la que ha contabilizado 1.246 víctimas desde los años 1930. La Iglesia, de su lado, solo reconoce 220 casos desde 2001.

La Iglesia española dio un primer paso a finales de febrero, cuando encargó una auditoría independiente sobre la pederastia a un despacho de abogados, que garantizó que llegará “hasta el final”.

La Iglesia indicó en ese momento que su auditoría servirá de complemento a cualquier iniciativa de investigación iniciada por el Estado.

Solicitud de uno de los denunciantes

Como se recuerda a comienzos de febrero, el primer denunciante del caso de abusos de la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, destacó que por primera vez se debatió en el Congreso cómo realizar una investigación oficial sobre los abusos en la Iglesia y pidió formalmente que la investigación la llevara a cabo una “comisión independiente” formada por expertos para que “aflore el iceberg de la pederastia clerical”

“Permite cuantificar el problema, aflora el iceberg de la pederastia clerical a la luz, cuántos pederastas hay en España, cuántos obispos encubridores, cuántas víctimas, esto una comisión de investigación del Congreso no lo va a conseguir, una comisión de la verdad sí”, indicó Hurtado en declaraciones a los medios, este martes, ante el Congreso de los Diputados.

Hurtado lanzó la petición a través de la plataforma Change.org que pide la creación de una Comisión de la Verdad formada por expertos independientes que investigue en España los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en la Iglesia española. Más de 54.000 ciudadanos han firmado la petición en 24 horas.

El primer denunciante de Montserrat hizo la propuesta coincidiendo con la petición lanzada por Podemos, Bildu y ERC para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia española en el Congreso, que fue admitida por la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP y Vox.

Para Hurtado, la fórmula idónea para España sería una “comisión de la verdad”, es decir, “una comisión independiente que se dedica única y exclusivamente a recabar el testimonio de las víctimas, a interrogar a testigos, a mirar con detalle casos sangrantes en audiencias públicas y, al final, hace un informe y lo entrega al Congreso”.

Esta comisión debería tener, a su parecer, amplios poderes de investigación para llamar a testigos, pedir documentación, y no estaría integrada por políticos, sino por “jueces retirados, expertos en derecho internacional o expertos en psicología y sociología”, entre otros.

También consideró que una opción efectiva sería que España pidiera asesoramiento a organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, para que tenga “legitimidad y credibilidad”.

A su juicio, lo que “no se puede consentir” es “que la Iglesia se investigue a sí misma”. “La Conferencia Episcopal Española no tiene que tomar el liderazgo de nada, lo que debe hacer es colaborar plenamente, dejar de obstruir y de ocultar archivos canónicos”, añadió.

Descontar las indemnizaciones del IRPF

Igualmente, consideró que la Iglesia es la debe pagar las indemnizaciones a las víctimas, pues no pueden “pretender que la factura de la pederastia eclesial la paguen los ciudadanos”; y propone que el Estado se lo descuente a la Iglesia de los fondos recaudados a través del IRPF.

“Reciben cientos de millones de euros del IRPF, lo que el Estado podría hacer perfectamente es descontarles todo lo que tiene que ver con la investigación de los casos de pederastia o con la indemnización de las víctimas”, aseguró.

Sobre la decisión de la Fiscalía General del Estado, que ordenó a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan todos los procedimientos penales sobre casos de abusos sexuales a menores en instituciones religiosas para su recopilación en un plazo de diez días, Hurtado considera que “es más de lo mismo”.

Según dijo, el “problema” es que la exministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, “sabe que el 99,9 % de los casos pederastia están prescritos”.

En lugar de esto, Hurtado opinó que “los que debería hacer el Gobierno es aprobar de una puñetera vez la imprescriptibilidad de la pederastia”.

Al menos, pide que se reforme el Código Civil para “que la prescripción de daños y perjuicios sea imprescriptible”, lo que permitiría que una víctima de abusos sexuales en la Iglesia pueda denunciar la institución exigiendo una indemnización económica en los tribunales por las secuelas.

“Lo importante es que el proceso de consulta sea muy abierto, participativo, para que todos los colectivos de víctimas puedan dar su voz y realizar propuestas constructivas. No creo que sea tan importante que sea yo u otro quien se reúna con el presidente del Gobierno”, puntualizó.

Con información de AFO y Europa Press