Disparar sin aviso, la estrategia de las autoridades de Sri Lanka para detener protestas

Las autoridades de Sri Lanka ordenaron a sus fuerzas disparar sin aviso previo contra quien sea sorprendido vandalizando o saqueando bienes públicos, luego de la muerte de ocho personas en nuevas protestas por la grave crisis económica del país.

La orden llegó después de que el Gobierno desplegara decenas de militares en la capital, Colombo, y en otras ciudades para aplicar el toque de queda decretado.

“Se ordenó a las fuerzas de seguridad que disparen sin aviso previo contra cualquiera que dañe bienes públicos o atente contra la vida”, indicó el Ministerio de Defensa. Según la policía, ocho personas, incluyendo dos de sus efectivos, murieron.

El principal hospital de la capital indicó, por su parte, que atendió a 219 heridos.

Los incidentes llevaron a la dimisión del primer ministro Mahinda Rajapaksa, pero eso no sirvió para contener la indignación de los manifestantes, que trataron de irrumpir por la fuerza en su residencia oficial.

Tropas armadas tuvieron que acudir al rescate porque los manifestantes habían bloqueado el acceso principal de su residencia en Colombo y trataban de entrar al edificio donde Rajapaksa, el hermano mayor del presidente, y su familia se había refugiado.

“Tras una operación por la madrugada, el exprimer ministro y su familia fueron evacuados por el ejército a un lugar seguro”, dijo un alto responsable a AFP. “Al menos diez cocteles molotov fueron lanzados al complejo”, añadió.

“No nos vamos”

El poder del clan Rajapaksa tambalea; después de meses de apagones, la escasez de productos en esta isla, que tiene 22 millones de habitantes y está ubicada al sur de India y que se enfrenta a su peor crisis económica desde la independencia en 1948.

Sin embargo, el exjefe de gobierno no huirá del país, afirmó su hijo mayor Namal Rajapaksa.

“Mi padre está a salvo, se encuentra en un sitio seguro y se comunica con la familia”, declaró a AFP. “Hay muchos rumores de que nos vamos a ir del país. Nosotros no nos vamos a ir”.

Mahinda Rajapaksa, de 76 años, es el líder del clan que ha dominado la vida política de Sri Lanka por casi dos décadas y fue presidente entre 2005 y 2015, luego de haber sido primer ministro en 2004.

A pesar de los múltiples llamados de dimisión, su hermano menor, el presidente Gotabaya Rajapaksa, se mantiene en el cargo y controla las fuerzas de seguridad.

El viernes, decretó un estado de emergencia para reforzar sus poderes.

“Nos pegaron, pegaron a los medios, pegaron a mujeres y niños”, dijo un testigo a AFP pidiendo no ser identificado.

La policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a las masas y declaró un toque de queda que se mantendrá hasta el miércoles por la mañana.

Casas y vehículos calcinados

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el martes la creciente violencia en Sri Lanka y llamó a las autoridades a evitar más incidentes.

“Estoy profundamente preocupada por la escalada de violencia en Sri Lanka después de que los partidarios del primer ministro atacaron a manifestantes pacíficos en Colombo”, declaró la expresidenta chilena en un comunicado.

Aun así, los manifestantes desafiaron el toque de queda para vengarse de los militantes progubernamentales. Decenas de casas de partidarios de los Rajapaksa fueron quemadas, así como carros, autobuses o camiones, en Colombo y sus alrededores.

Mahinda Rajapaksa dijo que dimitía para allanar el camino hacia un Gobierno de unidad. Pero no estaba claro si la oposición se unirá a un nuevo Ejecutivo, puesto que en el pasado se negó a aliarse con cualquier miembro del clan familiar.

Con el sistema político de Sri Lanka, incluso en un gobierno de unidad, el presidente conserva el poder de nombrar y despedir ministros, jueces y disfruta de inmunidad judicial.

El colapso económico de esta isla del sur de Asia comenzó a sentirse luego de que la pandemia del coronavirus cortara los ingresos por turismo y remesas, lo que llevó al Gobierno a prohibir numerosas importaciones para evitar la fuga de divisas extranjeras.

La insostenible deuda externa, estimada en 51.000 millones de dólares, forzó al Gobierno a decretar, el 12 de abril, una moratoria de pagos.

*Con información de la AFP.