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Donald Trump defiende su veto migratorio ante la justicia

El gobierno de Estados Unidos se manifestó en contra de la decisión de un tribunal de Seattle de suspender el decreto que evitaba la entrada de inmigrantes de siete países. El presidente Donald Trump considera que la medida es legitima.

6 de febrero de 2017
| Foto: A.P.

El gobierno de Estados Unidos defendió este lunes ante un tribunal de apelaciones la validez del polémico decreto que veta el ingreso de refugiados e inmigrantes a EEUU, por ser "ejercicio legal" de la autoridad del presidente Donald Trump.

En un documento de 15 páginas el Departamento de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, que mantenga la validez del decreto, y apuntó que el bloqueo a las medidas previstas en el decreto es "enormemente amplio".

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Los tres jueces de la Corte de Apelaciones informaron posteriormente que las partes involucradas en el caso (el gobierno federal y el presidente Donald Trump de un lado, y el Estado de Washington del otro) tendrán una audiencia telefónica el martes para presentar argumentos orales.

En esa audiencia "cada parte tendrá 30 minutos de tiempo para presentar argumentos", informó esa Corte.

En el documento presentado este lunes ante el tribunal, el gobierno afirmó que "la orden ejecutiva es un ejercicio legal de la autoridad del presidente sobre la entrada de extranjeros a Estados Unidos y su admisión como refugiados".

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Por ello, apuntaron los abogados del gobierno, el tribunal se equivocó al imponer una decisión que bloqueó la aplicación del decreto. "Pero aún si alguna opción de alivio era apropiada, el bloqueo generalizado por parte de la corte fue enormemente amplio", añadieron.

El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana.

La decisión desató una oleada de indignación en todo el país hasta que un juez federal acató un pedido y suspendió la aplicación de las medidas previstas en el decreto de Trump.