La persecución de Trump a la Corte Penal Internacional

Hace unas semanas, el gobierno de Washington decidió dar una nueva estocada a su relación ya espinosa con la Corte Penal Internacional (CPI). Las nuevas medidas son las más agresivas que la administración estadounidense ha tomado contra el tribunal. 

En una orden ejecutiva, Donald Trump anunció sanciones para funcionarios de la CPI que adelanten investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados. La orden contempla congelar sus bienes en Estados Unidos y quitarles la visa. Como si fuera poco, las medidas también aplican a sus familiares. 

La decisión salió casi tres meses después de que la CPI dio vía libre a la fiscal Fatou Bensouda para investigar presuntos crímenes cometidos por tropas estadounidenses y la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania. Según la fiscal, existen pruebas para demostrar la responsabilidad de estos actores en crímenes del conflicto en Afganistán y en torturas relacionadas cometidas en esos países.   

Militares y funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos han sido señalados múltiples veces por crímenes de guerra en Afganistán. 

Para el Gobierno de Trump, la luz verde al proceso es un ataque a la soberanía y una afrenta a su sistema judicial. Según el secretario de Estado, Mike Pompeo, Estados Unidos “está más capacitado que la corte para llevar sus propios procesos de rendición de cuentas”.  

Estados Unidos rechaza consistentemente que instancias externas juzguen a sus ciudadanos. En forma excepcional, Bill Clinton, a finales de su periodo en 2000, firmó el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el Senado nunca ratificó el tratado. Posteriormente, George W. Bush dio marcha atrás y cortó toda posibilidad de someterse a esa jurisdicción. Barack Obama, sin llegar a integrarse, suavizó las relaciones al colaborar en algunos procesos.   

Estos avances cayeron en saco roto con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Su administración ha reafirmado su inmunidad en el extranjero. Lawrence Gumbiner, exdiplomático norteamericano y consultor internacional, explica que “esa posición responde a los riesgos que representa el extenso y permanente despliegue de tropas del país en el mundo, con la idea de que siempre están en peligro de que los órganos judiciales extranjeros los discriminen por razones políticas”. Según esa tesis, la corte sería un tribunal parcializado que no ofrece garantías. 

Pero de ahí a que amenacen a sus funcionarios con sanciones dignas de dictadores y delincuentes hay una gran distancia. La Corte Penal Internacional es un organismo respetado, ratificado por 123 países, creado para que los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios no eludan la justicia. De hecho, varios países europeos salieron en su defensa. 

La Corte Penal Internacional empezó a funcionar en 2003 y tiene su sede en La Haya, Países Bajos. 

Por otro lado, las sanciones se suman a una larga lista de acciones de Trump contra acuerdos y organismos internacionales. La más reciente, su retiro de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. David Castrillón Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado, califica estas decisiones como “expresión de un neoaislacionismo, que rechaza el orden mundial que el mismo Estados Unidos construyó”. De esta manera, Trump mantiene su discurso de Estados Unidos primero. 

Las medidas también serían una jugada para las elecciones de noviembre. La situación podría ser un intento de Trump de proteger a miembros de las Fuerzas Armadas, altamente valorados en la sociedad estadounidense. 

Sobre las consecuencias de las sanciones no hay consenso. Para unos, las medidas incentivarán las investigaciones de la corte. Para otros, la llevarán a ser más cautelosa. Al respecto, la CPI se pronunció para afirmar que apoya a sus funcionarios y que continuará su labor de manera independiente e imparcial. 

En caso de que las sanciones logren limitar las investigaciones de la CPI, este proceso se sumaría a las críticas que recibe el tribunal fuera de Estados Unidos. Para muchos, el organismo tiende a juzgar crímenes cometidos por nacionales de países menos influyentes, como los africanos. Además, ha tomado pocas medidas contra ciudadanos de grandes potencias como Estados Unidos.