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Duro golpe al expresidente Pedro Castillo: justicia peruana ordena el embargo de todos sus bienes
La defensa del Estado aspira a una reparación por parte del ex jefe de Estado de 67 millones de soles,unos 18 millones de dólares
Un tribunal peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo, quien espera en la cárcel su llamado a juicio por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre, según informó la Procuraduría.
Los jueces de la Corte Suprema atendieron el pedido de la Procuraduría (que actúa en defensa del Estado en el proceso contra el exmandatario) y dictaminaron “el embargo de los bienes de los imputados, Pedro Castillo y Aníbal Torres”, exjefe de gabinete del exmandatario, señaló el organismo en un comunicado.
Con esta medida cautelar, Castillo y Torres no podrán transferir o vender propiedades porque “si no, cuando se les condene y se establezca una reparación civil a favor del Estado, no se podrá cobrar absolutamente nada”, explicó el abogado penalista Vladimir Padilla al diario El Comercio.
El mismo diario aseguró que la Procuraduría General del Estado recordó que ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
La PGE también está constituida como actor civil en el proceso a los implicados en el golpe de Estado, como el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y Roberto Sánchez.
El embargo a Castillo, que además de expresidente es un antiguo profesor de escuela de primaria de 53 años, recae sobre las cuatro propiedades que tiene en la región andina de Cajamarca, mientras Torres cuenta con nueve bienes en Lima, según la Procuraduría.
En medio de una severa crisis política, Castillo intentó disolver el Congreso cuando llevaba 17 meses en el cargo, tras lo cual fue destituido y recluido en una cárcel especial de Lima donde cumple prisión preventiva.
Su salida del poder provocó violentas protestas entre diciembre y febrero, en las que murieron más de 50 personas, la gran mayoría manifestantes que fueron reprimidos a bala por la fuerza pública, según denuncias de organismos independientes.
La fiscalía abrió una investigación contra la sustituta de Castillo en la presidencia, Dina Boluarte, por la represión de las movilizaciones, ante la posible comisión de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Denuncias dentro de prisión
“Hasta día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres, mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme”, ha manifestado el expresidente Castillo.
Asimismo, el exmandatario ha acusado a la Fiscalía de ser un “colaborador eficaz” del Congreso de la República y de la actual presidenta del país andino, Dina Boluarte, según recoge la emisora peruana RPP.
“Ha habido un plan, todo un complot. El pueblo se da cuenta quién es quién. Porque es la primera vez en la historia de Perú que un Gobierno viene del interior del país, porque no se sometió a grandes intereses de los grupos de poder”, ha aseverado.
En respuesta, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha tildado de “absurda” la afirmación de Castillo, y ha aprovechado para criticar su mandato. “Llevamos un año y medio prácticamente paralizados. Gente incompetente estuvo en el Gobierno”, ha dicho.
Gremios antigubernamentales y ciudadanos de diverso signo ideológico marcharon en los últimos días en varias ciudades de Perú y en Lima, donde hubo ocho heridos, para exigir de nuevo el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La movilización central se realizó en Lima, donde en la noche se reportaron seis civiles y dos policías heridos en medio de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, según la Defensoría del Pueblo.
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