Andrés Manuel López Obrador, a pesar de haber impulsado la consulta, decidió no participar en la votación.

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Duro revés para López Obrador: el referéndum para juzgar expresidentes no logra la votación requerida

El resultado de la consulta para juzgar a los expresidentes no sería vinculante, al quedar lejos del 40% necesario, según un conteo rápido oficial.

2 de agosto de 2021

El referendo celebrado este domingo primero de agosto en México, para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción, contó con una participación de alrededor de 7%, muy lejos del 40% necesario para que tenga efectos legales, según un conteo rápido oficial.

La proyección del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que en la consulta, impulsada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, participaron entre 7,07% y 7,74% de los 93,6 millones de electores.

El “sí” a la posibilidad de procesar a los exmandatarios tuvo un respaldo de entre 89,36% y 96,28%; el “no” registró un apoyo que oscila entre 1,38% y 1,58%, de acuerdo con la estimación presentada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

A pesar de las grandes rivalidades que tiene con exmandatarios, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que nada del proceso tiene que ver con venganza propia. | Foto: Getty Images

Los resultados definitivos se conocerán este lunes y serán “remitidos a la Suprema Corte de Justicia para que determine los efectos legales”, dijo Córdova en una sesión pública del INE. Para que el referéndum fuera vinculante se requerían los votos de 37,4 millones de personas (40% del padrón electoral).

Empero, la posibilidad de que la fiscalía actúe sigue en pie, pues en México los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden el fuero al dejar el poder.

Varios expresidentes en la mira

El ejercicio, cuyas consecuencias son inciertas, dividió a los mexicanos entre los que creen que se puede acabar con la histórica impunidad en el país y los que consideran absurdo votar para que se aplique la ley, pues la Fiscalía debería emprender acciones directamente si tiene pruebas contra los exmandatarios.

En un principio, se proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

A pesar de haber convocado y promovido el plebiscito, el presidente López Obrador, de gira fuera de la capital, no fue a votar porque, tal y como ya había avisado, su “fuerte no es la venganza”.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, ha sido uno de los principales señalados para un eventual juicio político por cargos de corrupción. Pero este juicio ahora queda en veremos. | Foto: A.F.P.

Juicio a expresidentes

Siendo presidente electo en noviembre de 2018, pero sin aún asumir el cargo, López Obrador planteó la posibilidad de enjuiciar a cinco ex presidentes mexicanos. Aseguró que él favorecía otorgar perdón y amnistía; sin embargo mencionó los motivos por los cuales tienen una responsabilidad.

Ahondando más en cada caso; a Carlos Salinas de Gortari, lo acusó de haber privatizado bienes públicos y beneficiar a algunas figuras de su entorno sin hacer licitaciones públicas. A Ernesto Zedillo, por convertir deudas privadas en deuda pública (caso Fobaproa). A Vicente Fox le recriminó haber entregado concesiones a la industria minera de 30 millones de hectáreas y del (supuesto) fraude electoral del 2006. A Felipe Calderón lo responsabilizó de una estrategia de seguridad que ha dejado más de 250 mil muertos, y finalmente a su predecesor, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción.

El mandatario ha insistido desde entonces en la necesidad de la participación de los ciudadanos para decidir si enjuiciarlos o no, a pesar de mantener su postura de “no confrontación”. Pero la consulta y la fecha para realizarla, han sido un camino sinuoso para cumplir con los requisitos legales. Un primer intento fue movilizar a sus simpatizantes para recabar un mínimo de 1,8 millones de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución designada por la Constitución para realizar este tipo de iniciativas.

*Con información de DW.