Ecuador militarizada: Ejército toma el control de varias provincias para disminuir la violencia

Un pie de fuerza de 9.000 militares y policías asumió el control de las tres provincias de Ecuador más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, que dejan más de 1.200 muertos en lo que va del año y que llevaron al gobierno a decretar el estado de excepción.

La medida de emergencia por 60 días, en vigencia desde el sábado en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas (esta última, fronteriza con Colombia), incluye el toque de queda durante las noches para las áreas con mayor violencia de localidades como el puerto de Guayaquil, núcleo comercial del país. La fuerza pública incursionó en convulsas y deprimidas zonas, donde el acceso era difícil para los agentes.

El gobernador de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Pablo Arosemena, dijo a la AFP que la prioridad es restablecer el orden en las áreas bajo control de mafias. “Necesitamos intervenciones prolongadas y sostenidas para que los índices de inseguridad se estabilicen y decrezcan durante el estado de excepción” anotó.

Operativos se cumplieron el sábado en el empobrecido Guasmo, en el sur de Guayaquil. “Esperamos que ellos (militares y policías) ayuden a limpiar la ciudad de tanta gente mala”, dijo Mercedes Ortiz, de 67 años, en la puerta de su vivienda. Los criminales “a veces matan a los niños al pie de los adultos. No se puede vivir seguro”, anotó.

En su guerra declarada al narcotráfico, el presidente conservador Guillermo Lasso volvió a ordenar el viernes el estado de excepción argumentando una grave conmoción interna por la inseguridad. De la mano del narco ha crecido la criminalidad en Ecuador, con 1.255 muertos -entre ellos decapitados y mutilados- en el primer cuatrimestre de este año frente a los 2.500 de todo 2021 y 1.400 de 2020, según cifras oficiales.

Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil (capital de Guayas) y la vecina localidad de Durán, ambas las más inseguras. Un 60% del total de homicidios ha ocurrido en las tres provincias que ahora son patrulladas por militares.

A pesar de que la medida entraba en vigencia el sábado 30 de abril según Lasso, apenas fue anunciada cientos de uniformados armados de fusiles empezaron a controlar puntos candentes como en el Cerro Las Cabras de Durán, constataron periodistas.

Empero, el abogado especializado en derechos humanos Xavier Flores consideró que el estado de excepción no será la panacea contra el crimen organizado.

“Si se piensa que es la solución al narcotráfico es un error de concepto porque esto es mucho más complejo que entrar a reprimir con militares. Estamos hablando de problemas estructurales, donde se necesitan políticas públicas e inversión del Estado para el desarrollo de estos sectores muy empobrecidos”, expresó el excatedrático universitario.

Durán, con más de 300.000 habitantes, es considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes.

“Es terrible esto. A todos nos afecta la inseguridad”, indicó Javier Mora, poblador de Durán, añadiendo que es peligroso permanecer en lugares públicos. Al ir a un restaurante “ahora compras para llevar porque ya por la inseguridad no se puede”, sostuvo. En esa localidad aparecieron en febrero dos cadáveres suspendidos de cuerdas de un puente peatonal, al estilo de los crímenes de los cárteles mexicanos.

Con información de AFP.