El debate que sacude a Panamá: minería versus medioambiente en la balanza

Toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en los bloqueos de calles, éxodo de turistas, escuelas cerradas y marchas sin tregua: El país centroamericano vive sus mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.

La crisis, que deja al menos cuatro muertos -dos baleados por un panameño estadounidense en un bloqueo-, estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Para Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, y Lilian Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), más allá de la mina de FQM, los panameños no quieren una “economía extractivista”.

“El país nunca eligió que la minería sería un eje de desarrollo, fue impuesta por los grupos económicos de poder, pese a que pone en peligro actividades que son vocación de Panamá, el turismo ecológico y la agricultura”, dijo a la AFP Isaías Ramos, biólogo del CIAM.

Para el gobierno se trata de un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares en regalías y una fuente de empleos (8.000 directos y 40.000 indirectos). Cerrarla, dijo el ministro de Gobierno, Róger Tejeda, pondrá al país en una “quiebra técnica”.

El conflicto no es nuevo. El contrato sustituye el acuerdo de concesión firmado en 1997, declarado inconstitucional en 2017, porque se hizo sin licitación ni consulta social, pero defendido por el Gobierno como una de las mayores inversiones en la historia del país, de unos 10.000 millones de dólares.

¡El oro de Panamá es verde!

Ambientalistas advierten del impacto en las reservas hídricas y en los bosques en un área alta biodiversidad que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México. Imágenes aéreas muestran cráteres gigantes de la mina a cielo abierto en una zona selvática concedida de 12.955 hectáreas en la caribeña provincia de Colón, a 240 kilómetros de la capital.

“Estamos totalmente comprometidos a operar de manera ambientalmente sensible”, asegura la minera, que prometió reforestar miles de hectáreas. Entre 2014 y 2018, el sector minero significó en la economía panameña entre un 1,7 % y 1,9 %, según el Instituto de Estadísticas. Un informe del Banco Mundial señala que la mina de FQM desempeña un “papel clave” desde 2019 con la producción anual de 300.000 toneladas de cobre, 75 % de las exportaciones del país.

Como el de FQM, “cada proyecto minero en Panamá, debe ser considerado como un proyecto de desarrollo sostenible” a “nivel nacional y en las comunidades circundantes”, sostiene la Cámara Minera. La mina de FQM representa el 5 % del PIB panameño. Según un estudio del Centro Nacional de Competitividad, en 2024 la actividad minera en Panamá podría significar el 8,3 %.

Pero el 3 de noviembre, ante la fuerte presión social, el gobierno y los diputados aprobaron una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica, que frenará el trámite de 103 concesiones y las prórrogas de 15 vigentes. El país, dicen los manifestantes, habló: “Queremos un país sin minería. El oro de Panamá es verde”, corean en las manifestaciones.

El precio de la transición energética

La demanda mundial de cobre, litio, cobalto y níquel, los llamados “metales críticos”, creció en la última década y aumentará más a medida que el mundo avance hacia tecnologías verdes, como los vehículos eléctricos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), hacia 2040 se multiplicará por tres la demanda mundial de cobre en los escenarios de descarbonización compatibles con los compromisos sobre el clima de 2015 para limitar el calentamiento global a +1,5 ºC.

“El cobre es fundamental para la eficiencia energética, la seguridad y la mitigación del cambio climático (...) nos enorgullece saber que nuestro mineral es utilizado a nivel global para la generación de energías renovables y amigables con el planeta”, publicó la minera en Instagram.

Para Ramos la lucha contra el cambio climático no debe hacerse a costa del “sacrificio” de los recursos naturales de los países en desarrollo. “No podemos pagar el precio de la transición energética mientras los países ricos siguen provocando gases de efecto invernadero para mantener” su nivel de vida, apuntó.

La disputa por la mina está en manos de la justicia, que evalúa nuevas demandas de inconstitucionalidad. “Vamos hasta el final”, dijo Karla Rodríguez, en una marcha en la capital.

*Con información de AFP.