EL DESFILE DEL HORROR

"Si de cada cien personas torturadas o muertas sólo cinco son subversivos, el hecho de por sí ya está justificado". Así respondió, en tiempos de la "guerra sucia" el general Carlos Suárez Mason a Emilio Mignone, abogado, dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Hoy, recuperada la democracia, la tortilla se ha vuelto y Suárez Mason no ostenta ya la misma prepotencia. Ni él, acusado de ser el siniestro jefe del campo de torturas "Olimpo", ni el coronel Roberto Rowaldes, acusado de las desapariciones del sindicalista Oscar Smith y del embajador en Venezuela Hidalgo Solá, tienen ahora el mismo desplante que en el pasado cercano. Pero igual que el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, responsable confeso de cientos de desapareciones, reaccionan ante el asedio periodístico y ante la indignación pública con el mismo orgullo de los ex líderes de las SS nazi. Están absolutamente seguros de haber realizado una operación limpieza.
Alguno, todavía, ha dicho que gracias a esta labor cumplida es que Argentina hoy puede vivir en democracia.
Más allá de lo que digan o piensen los jefes militares que ahora están "de capa caída", los argentinos asisten en estos días a lo que el diario La Crónica llama "el desfile del horror". Diariamente, por las radios, diarios y pantallas de televisión, se van enterando de los detalles más que macabros que caracterizaron la "lucha contra la subversión", llevada a cabo por los sucesivos integrantes del Proceso de Reorganización Nacional. La avalancha de noticias supera mucnas veces la capacidad para leerlas y digerirlas, pero así y todo, la población ya tiene bien claro por qué los nueve ex comandantes en jefe de las Juntas que desde 1976 gobernaron al país serán sometidos a juicio sumario y tienen prohibición para salir del país. Ellos son Basilio Lami Dozo, Jorge Isaac Anaya, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Orlando Ramón Agosti, Armando Lambruschini, Omar Rubens Graffigna, Emilio Eduardo Massera y se les suma ahora último, el ex presidente de la Nación, Reynaldo Bignone. Cada cual tiene su cuenta que rendir, pero la justificación general del juicio está en sus responsabilidades "en la utilización de métodos y procedimientos absolutamente ilegales para encarar las actividades subversivas, durante las cuales se cometieron delitos de homicidio, privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos".
Estas frías acusaciones tienen su traducción en "caliente": descubrimiento a diario y en diversas provincias del país, de cementerios clandestinos con cadáveres sepultados como N.N. (sin identificación), testimonios de ex prisioneros sobrevivientes sobre ubicación y hechos sucedidos en cárceles secretas, rastreo en las profundidades de lagos y diques en busca de cadáveres, testimonios sobrecogedores de exiliados sobre torturas infringidas a personas hoy desaparecidas, y hasta revelaciones de los propios torturadores que están confesando todo lo que saben por miedo a ser eliminados. "Solamente un país muy enfermo pudo producir esos excesos", escribió un comentarista. Seguramente lo mismo hubiese escrito si le hubiese tocado vivir en la época en que salieron a la luz los horrores del régimen de la Alemania Nazi. Enfermo o no, el país vivió estos hechos y ya nadie puede negarlos. La comparación no es casual ni exagerada. En la Argentina de 1984 surgen muchas voces asombradas -auténticas algunas, otras no- de que todo ésto haya podido pasar ante sus narices. ¿Son realmente tan inocentes? En un régimen donde imperan el terror y la muerte como método político de uso cotidiano ¿puede ser posible vivir tan en abstracto? Al parecer, sí, aunque quienes se mantuvieron cuidadosamente aparte y hoy sienten el estómago revuelto, se atreven a reconocer: "todos somos culpables".

EL HORROR EN CUOTAS
Entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero, son por lo menos una docena los cementerios del país en los que se han descubierto sepulturas de cadáveres N.N., enterrados en fosas comunes o, desprolijamente, en algún corredor entre tumbas. En calidad de bultos envueltos en plástico, fueron arrojados allí cuerpos de hombres, mujeres y hasta de niños, algunos con orificios de bala, otros con inequívocas señales de violencia, muchos con las manos cortadas, incontables con huellas de haber sido lisa y llanamente masacrados. Las fechas de sepultura coinciden inexorablemente con el periodo más negro de la lucha contra la subversión: 1976-1978.
Uno de los cementerios clandestinos es el de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires. En las excavaciones se encontró una fosa con 11 cadáveres, ocho de mujeres, tres de hombres, casi todos envueltos en bolsas de polietileno. Un testigo de los entierros en el lugar dijo: "Los cadáveres aparecieron en distintas playas, después de haber estado unos 15 o 20 días en el mar. Venían muy desfigurados, algunos por la voracidad de los peces, por el agua salobre, pero otros tenían huellas evidentes de haber sido golpeados". Las investigaciones han dado a entender que los cuerpos fueron lanzados desde un avión, presumiblemente aún con vida.
En Calzada, también provincia de Buenos Aires, otras 12 tumbas de N.N. fueron exhumadas. Todos habían sido sepultados clandestinadamente. Autoridades de la Provincia descubrieron el sitio luego de denuncias efectuadas por personas que, entre marzo y abril del 76, vieron cómo se enterraban allí cuerpos sin ferétros, a veces vestidos, a veces desnudos, que eran trasladados en vehículos "no precisamente de pompas fúnebres".
En Córdoba, los hechos no fueron menos espeluznantes. Después del descubrimiento de tumbas N.N. en el cementerio de San Vicente, un empleado del lugar recordó con detalles cómo todo era controlado desde el comando del Tercer Cuerpo del Ejército: "Había días en que pedían 50 o 60 fosas individuales en el cuadro "C" y tenían que estas listas para la noche. Los cuerpos no llegaban en ataúdes. Por lo general venían envueltos en sábanas o en bolsas".
En Tucumán, la provincia donde la "guerra sucia" cobró mayor violencia, se han encontrado siete cadáveres en un corredor del cementerio de Lules. El hallazgo fue casual, a raíz de unos trabajos de plomería. Los cadáveres estaban atados de pies y manos, enterrados a un metro y medio bajo el pavimento, cubiertos por bolsas. Testimonios de los empleados dicen que la inhumación de los cadáveres se hizo entre 1975 y 1977, por orden policial.
El idílico paisaje que rodea el dique El Carrizal, en Mendoza, también fue testigo de escenas alucinantes. Ahora que el miedo está siendo superado, los vecinos se han atrevido a hablar: "Durante la época de la represión arrojaban cuerpos, con bloques de cemento atados a los pies, desde aviones o helicópteros militares". Actualmente se realiza un operativo rastreo en el dique para recuperar los cuerpos.
"¿Qué clase de paranoía describe la actitud de quienes tomaron cada una de las espantosas providencias de que ilustra día a día la crónica de exhumaciones, en orden a impedir que los deudos de los muertos pudieran reconocer o recobrar sus restos?", se preguntaba en estos días un cronista local. "La misma, tal vez, de los generales nazis", podría ser la respuesta.
Párrafo aparte merecen las cárceles clandestinas o campos de concentración. La imaginación más malditamente creadora no puede compararse siquiera con la de quienes -enfermos, locos, o simplemente verdugos por vocación- inventaron estos siniestros lugares dedicados a la tortura y la muerte. Desde antes que asumiera el gobierno Alfonsín, se sabía concretamente dónde habían funcionado algunos: casi siempre regimientos u otros recintos militares. El más nombrado era, y sigue siendo, la Escuela de Mecánica de la Armada, un enorme edificio blanco, rodeado de jardines, ubicado al costado de una de las más importantes avenidas bonaerenses. Sobre todo lo sucedido allí ha dado amplio testimonio un ex suboficial de 36 años, Raúl David Vilariño, quien ha explicado que sus propios ex compañeros de tareas (secuestradores, torturadores) lo buscan ahora para matarlo porque sabe demasiado. En un párrafo de sus inauditas confesiones, Vilariño reveló: "A las embarazadas se les introducía una cuchara u otro instrumento metálico en la vagina hasta que tocara el feto. Entonces se les daba una descarga de 220 voltios. En una palabra. se picaneaba a la criatura que había dentro". Y agregó: "Cuando alguien salía de la Escuela de Mecánica de la Armada era porque ya no servía para nada".
Un gallinero que hoy funciona en Granadero Baigorria, Santa Fe, serviá en el pasado reciente también coma cárcel clandestina. Vecinos de la zona, que todavía hoy hablan en forma anónima, han relatado cómo circulaban desde y hacia el lugar camiones militares. El actual criadero de gallinas está en pleno campo, a 300 metros de una autopista y todavía conserva intactas las celdas con sus letrinas y árboles con orificios de bala.
También se han descubierto cárceles del mismo tipo en La Plata, Córdoba, Rosario y Tucumán, y en la propia capital Federal: el denominado campo "O". Un ex detenido allí, el médico Manzur Azzam, reconoció su sitio de detención del cual quedan sólo las baldosas. El resto fue desmantelado. Pero Azzam pudo ubicarlo asociando las características boscosas de la zona con el movimiento de los autobuses cuyo número pudo ver en alguna oportunidad. Por lo menos 18 personas que figuran en las listas de desaparecidos fueron vistas en el "Olimpo" y Azzam vio personalmente allí al físico-matematico Alfredo Giorgi, también desaparecido. Jefe de este campo era el general Suárez Mason, y el jefe de la policía provincial en ese periodo era el general Camps.

¿SE HARA JUSTICIA?
Esta es la pregunta que se hacen muchos argentinos, sobre todo quienes en carne propia o en la de sus hijos o nietos han sufrido los efectos de la represión. El gobierno del Presidente Alfonsín ha cumplido con lo prometido en la plataforma sobre derechos humanos. Derogó, casi junto con asumir el poder, la Ley de autoamnistía decretada por los militares. Y ahora ha mandado a juicio a todos los miembros del proceso sospechosos de haber auspiciado cualquier acto ilegal durante la lucha contra la guerrilla. Pero los acusados serán juzgados por tribunales militares, dado que así lo indica la Constitución que el gobierno está dispuesto a respetar a toda costa. Eso sí: la palabra final la dirán tribunales civiles.
Esto no parece bastar a las Madres de la Plaza de Mayo. El juicio planteado de esta forma no les da garantías. "Están apareciendo cientos de cadáveres, por no decir miles ya en este momento, y de los asesinos no hay ninguno preso, con todas las pruebas que se están aportando", se queja insistentemente Hebe de Bonafini, líder de las madres de desaparecidos.
Más tensa se puso la situación cuando el titular del bloque de diputados radicales, César Jaroslavsky, dijo que las madres "a pesar de ellas, les guste o no, están siendo utilizadas políticamente" y luego el propio ministro del Interior, Antonio Tróccoli, afirmó que "exteriorizan un dolor imposible de satisfacer" sin descartar que "hayan quienes están cabalgando políticamente sobre esa dolorosa situación".
"Responden como la dictadura": refutó Hebe de Bonafini, sosteniendo que el gobierno utilizaba argumentos similares a los del régimen anterior al calificarlas como movimiento politizado. La dictadura, efectivamente, siempre sostuvo que las Madres estaban políticamente dirigidas. Bonafini afirma que la organización que preside está formada por mujeres que dejaron sus tareas de lavar, cocinar y planchar "para salir a la calle y pelear por la vida y el amor que le teníamos a nuestros hijos" y que "a medida que fuimos caminando, fuimos aprendiendo y politizándonos".
Desde su lado, cada cual tiene razones. El gobierno no quiere dar un sólo paso que pueda ser juzgado como inconstitucional, y por eso se remite a que el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas inicie el proceso. Es el ajedrez político que está obligado a jugar.
Para las Madres, por su parte, no hay ningún tipo de juego que valga. Mientras no vean a los verdugos de sus hijos en la cárcel, no piensan descansar.

¿SE HARA JUSTICIA?
Esta es la pregunta que se hacen muchos argentinos, sobre todo quienes en carne propia o en la de sus hijos o nietos han sufrido los efectos de la represión. El gobierno del Presidente Alfonsín ha cumplido con lo prometido en la plataforma sobre derechos humanos. Derogó, casi junto con asumir el poder, la Ley de autoamnistía decretada por los militares. Y ahora ha mandado a juicio a todos los miembros del proceso sospechosos de haber auspiciado cualquier acto ilegal durante la lucha contra la guerrilla. Pero los acusados serán juzgados por tribunales militares, dado que así lo indica la Constitución que el gobierno está dispuesto a respetar a toda costa. Eso sí: la palabra final la dirán tribunales civiles.
Esto no parece bastar a las Madres de la Plaza de Mayo. El juicio planteado de esta forma no les da garantías. "Están apareciendo cientos de cadáveres, por no decir miles ya en este momento, y de los asesinos no hay ninguno preso, con todas las pruebas que se están aportando", se queja insistentemente Hebe de Bonafini, líder de las madres de desaparecidos.
Más tensa se puso la situación cuando el titular del bloque de diputados radicales, César Jaroslavsky, dijo que las madres "a pesar de ellas, les guste o no, están siendo utilizadas políticamente" y luego el propio ministro del Interior, Antonio Tróccoli, afirmó que "exteriorizan un dolor imposible de satisfacer" sin descartar que "hayan quienes están cabalgando políticamente sobre esa dolorosa situación".
"Responden como la dictadura": refutó Hebe de Bonafini, sosteniendo que el gobierno utilizaba argumentos similares a los del régimen anterior al calificarlas como movimiento politizado. La dictadura, efectivamente, siempre sostuvo que las Madres estaban políticamente dirigidas. Bonafini afirma que la organización que preside está formada por mujeres que dejaron sus tareas de lavar, cocinar y planchar "para salir a la calle y pelear por la vida y el amor que le teníamos a nuestros hijos" y que "a medida que fuimos caminando, fuimos aprendiendo y politizándonos".
Desde su lado, cada cual tiene razones. El gobierno no quiere dar un sólo paso que pueda ser juzgado como inconstitucional, y por eso se remite a que el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas inicie el proceso. Es el ajedrez político que está obligado a jugar.
Para las Madres, por su parte, no hay ningún tipo de juego que valga. Mientras no vean a los verdugos de sus hijos en la cárcel, no piensan descansar.
Carmen Correa, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires.