EL EMBAJADOR DE LA COCA

La conexión costarricense era un secreto a voces desde la misma época en que se destapó el escándalo Irán-contras. Corrían los últimos días de 1986 y el coronel Olive North dejaba el anonimato de un oficina en el sótano de la Casa Blanca, para entrar a la fama al conocerse sus intrigas internacionales. Cuando se descubrió que ese oscuro oficial adscrito al Consejo Nacional de Seguridad podía pasar por encima de la órdenes del Congreso y procurar armas para los contras nicaraguenses la credibilidad del gobierno de Ronald Reagan quedó lastimada para siempre. Pero lo que se afirmaba de Costa Rica, las implicaciones en narcotráfico, parecía demasiado. Sin embargo, la semana pasada una investigación parlamentaria de ese país confirmó lo que se suponía increíble.

El escándalo estalló con las revelaciones hechas por el periódico The New York Times, en diciembre de 1986, sobre las actividades realizadas entre 1984 y 1985 en Costa Rica por un grupo de norteamericanos que actuaban bajo la coordinación directa del propio coronel North. Pero en este caso el asunto iba mucho más allá de venderle armas al propio ayatollah Khomeini, el archienemigo de Estados Unidos, para financiar a unos guerrilleros antisandinistas. En este caso las operaciones involucraban el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Y en el centro del escándalo aparecía Lewis Tambs, el recordado embajador de EE.UU. en Colombia, quien precisamente acuñó de su propia inspiración el término "narco-guerrilla" .

El esquema era sencillo. Costa Rica atravesaba por esos años una aguda crisis económica y cualquier contribución exterior era bienvenida. Conscientes de ello, North y sus hombres lograron que el gobierno de San José autorizara la construcción de una pista en el extremo norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua. Como embajador en Costa Rica, Tambs era el encargado de presionar al gobierno para que autorizara el descargue de armas y suministros para los contras quienes, dicho sea de paso, en aquella época aún tenían alguna posibilidad de triunfo. El Congreso norteamericano pasaba como rey de burlas, pues había prohibido expresamente toda ayuda militar para la guerrilla antisandinista.

La comisión contra el narcotráfico del Parlamento costarricense estremeció al país con las conclusiones de su investigación, que fueron reveladas la semana pasada. Integrada por seis diputados de los dos partidos mayoritarios, Unidad Social Cristiana --de oposición-- y Liberación Nacional --oficialista--, la comisión llegó en su informe a involucrar hasta al ex presidente Daniel Odúber (1974-1978) en el lavado de dólares provenientes del narcotráfico.

Pero esa no es la única bomba del informe. La comisión recomendó declarar personas non gratas y prohibir el acceso al país del propio Oliver North, de su jefe de aquel entonces, el almirante John Poindexter, de Richard Secord y de Lewis Tambs. Se trata, con la excepción de Tambs --involucrado solamente en Costa Rica--, de los mismos nombres que se mencionan en el escándalo Irán- contras.

La operación costarricense era un eslabón más en la política subterránea que esos funcionarios hacían desde la Casa Blanca. A partir de los días en que el New York Times destapó el asunto, se decía que los aviones contratados por North para traer armas a la frontera nicaraguense regresaban a Estados Unidos cargados de cocaína. Dentro de los indicios sobre la participación de North en ese caso, se mencionaba que, a mediados de 1986, el coronel intentó utilizar su influencia para que el FBI suspendiera sus investigaciones sobre la Southern Air Transport, la empresa usada para los despachos de armas para los contras. Para empeorar las cosas, resultó que la Southern había sido propiedad de la CIA entre 1960 y 1973, pero luego llegó a ser una de las compañías utilizadas, según el FBI, por el clan colombiano de los Ochoa para sus envíos de cocaína a los Estados Unidos.

Todos esos hechos parecen claros ahora que la comisión parlamentaria costarricense concluyó su investigación. En ella se afirma que Benjamín Piza, ministro de Seguridad Pública durante la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), fue el responsable de autorizar las operaciones ilícitas en el aeropuerto clandestino de Potrero Grande, al norte del país. Los investigadores examinaron las actuaciones de John Hull, dueño de la finca en que se abastecía a los contras y se recogía la cocaína, y recomendaron la anulación de su ciudadanía adoptiva costarricense y su inmediata expulsión del país, donde ha residido durante los últimos 20 años.

Costa Rica vive hoy un remezón político a todo nivel. Los legisladores recomendaron que se excluyera de cualquier responsabilidad pública al ex presidente Odúber y al ex ministro Piza, mientras expidieron una orden similar en relación con el importante empresario Ricardo Alem (detenido actualmente bajo acusaciones de lavado de dinero), quien colaboró con fuertes sumas a la campaña del presidente actual Oscar Arias. Así mismo pidió la expulsión del país del comerciante de Singapur, Sheik Kabir Tajudeen, también detenido, a quien se acusa en Europa de tráfico de heroína y quien financió la campaña del socialcristiano Rafael Angel Calderón.

El informe parlamentario no se quedó allí. Sus recomendaciones para librar a Costa Rica del narcotráfico se extendieron, desde la aplicación de nuevas normas para el control del contrabando en los aeropuertos y aduanas, hasta la regulación del financiamiento de los partidos políticos, para evitar la influencia de los narcotraficantes a través de sus donaciones.

Por encima de todo, es la primera ocasión en que los nombres de funcionarios norteamericanos se ven mencionados en una investigación sobre narcotráfico, al lado de reconocidos personajes del hampa internacional. Aunque al cierre de esta edición aún no se conocían las reacciones oficiales de Estados Unidos al respecto, muchos observadores internacionales señalaban la ironía de que se destapara oficialmente en Costa Rica la olla podrida de las actividades norteamericanas en ese país, casi simultáneamente con la ejecución de cuatro oficiales cubanos sentenciados a muerte por haber involucrado a Cuba en el mismo flagelo internacional. Para muchos, el silencio oficial con que el gobierno de Washington enfrentó todo el problema del general Ochoa y sus cómplices, se explica no solamente por cuanto Estados Unidos ya sabía desde mucho tiempo atrás las actividades de la pandilla cubana y no había hecho nada para detenerla, sino porque el Departamento de Estado era consciente de que "Ollie" North con o sin el consentimiento de sus jefes, se había convertido en el rabo de paja del gobierno de Reagan.

Como en el caso de Castro, tal vez nunca se sepa con certeza si los altos mandos sabían o no que sus operaciones encubiertas habían proporcionado la oportunidad ideal para el tráfico de drogas. Pero esas operaciones secretas tenían motivaciones diametralmente opuestas. Reagan había autorizado--por acción u omisión--que el Consejo Nacional de Seguridad se burlara de las órdenes de su propio Congreso. Castro, al autorizar la existencia del Departamento MC --que manejaban los célebres hermanos La Guardia--lo que buscaba era burlar el bloqueo comercial de una potencia enemiga.

Hoy se sabe que ambas actividades degeneraron en narcotráfico. Para los analistas, lo que el informe parlamentario de Costa Rica demuestra es que el narcotráfico no tiene fronteras ideológicas ni morales y puede penetrar por cualquier resquicio. Y mientras los cubanos terminaron frente al pelotón de fusilamiento, North resultó con una sentencia de cárcel suspendida, que le permite ir por su país cobrando US$50 mil por cada conferencia en que enseña cómo defender la democracia.--