El entramado de corrupción que tiene contra las cuerdas a Cristina Fernández de Kirchner

Más de 1.000 millones de dólares habría perdido el Estado argentino por cuenta de las maniobras de corrupción de las que hoy acusan a Cristina Fernández de Kirchner, tras actuaciones durante su mandato presidencial entre 2007 y 2015. Pero los cargos datan desde el Gobierno de su fallecido marido, Néstor Kirchner, que inició en 2003.

“Se trató de la mayor obra de corrupción de la historia”, dijo el fiscal Diego Luceni, parte del equipo que acusó a la exmandataria de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas. Además de solicitar la muerte política para Fernández, quien desde 2019 es la vicepresidenta de la nación.

La denuncia data de hace tiempo, ya que se le acusa de haber liderado una empresa criminal junto a su esposo para la adjudicación irregular de contratos que favorecían al empresario Lázaro Báez en obras en su cuna política, la provincia de Santa Cruz. Todo el entramado habría comenzado durante la presidencia de Néstor Kirchner, difunto esposo de Cristina.

El proceso judicial también lleva tiempo estando activo en Argentina, ya que dicha investigación inició en 2019 y se espera que los jueces tengan un veredicto final para finales de año, el cual Fernández de Kirchner podrá apelar en caso de una condena.

Además, el proceso es más engorroso aún, puesto que también se necesita una sentencia judicial en firme de parte de la Corte Suprema de Justicia para que la expresidenta pueda ir a la cárcel o pueda ser inhabilitada, pues por ser vicepresidenta goza de inmunidad política, lo que implica que será un proceso largo.

Si bien no es el primer caso del que se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner, parece el más sólido. Además, su aspiración de volver a la presidencia para un tercer mandato tendría serios problemas, ya que su partido tiene únicamente el 21 por ciento de intención de voto, mientras que Juntos por el Cambio, de oposición, tiene el 29 por ciento. Según la firma CIGP.

Ahora la investigación debe esclarecer si Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su Gobierno favorecieron a las empresas de Báez al momento de adjudicar decenas de obras públicas en el sur del país. De estas licitaciones, muchas podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido terminadas, además que se investiga el lavado de dinero por medio de hoteles y arriendos para ganancia personal de la expresidenta.

La justicia argentina tiene claro que Lázaro Báez, un banquero convertido en empresario, obtenía ocho de cada diez contratos en la provincia de Santa Cruz. Además, su fortuna se incrementó en 12.000 por ciento durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, todo mientras tenía millonarios contratos con los mandatarios. Hoy en día, Báez está preso por lavado de dinero.

Pero otro que está entre la espada y la pared es el actual presidente, Alberto Fernández, ya que de ser condenada su vicepresidenta, vería otra crisis política en su gobierno y tendría un grave conflicto de interés, pues le debe todo su capital político a Cristina Fernández. Dentro de las filas del kirchnerismo le piden al presidente que, en caso de que Cristina Fernández sea declarada culpable, la indulte, lo cual le traería otro gran problema al mandatario.

Aunque, incluso, el mismo mandatario tendría serias dudas de dictar el indulto, ya que razones constitucionales se lo impedirían, esto porque delitos relacionados con la corrupción y el enriquecimiento ilícito están excluidos de la posibilidad de una amnistía presidencial.

Además, sabiendo que la Corte Suprema tendrá que decidir sobre la situación de Cristina Fernández, es muy difícil que la entidad emita su fallo correspondiente antes de finales de 2023, cuando serán las elecciones presidenciales en Argentina, lo cual complicaría más aún la situación de la vicepresidenta si llega a haber un cambio de rumbo hacia la derecha en el país, que es lo que pasaría, según las encuestas.

La defensa de Cristina

La vicepresidenta argentina no se quedó de brazos cruzados ante la petición de la justicia de encarcelarla durante 12 años, ya que, según ella, todo se trata de un complot para acabar con su figura política y perjudicar a la izquierda en el país. “Este es un juicio contra el peronismo”, dijo la exmandataria al conocerse la decisión judicial.

Fernández de Kirchner planteó varios puntos para su defensa que refutan cada uno de los argumentos expuestos por la justicia argentina. En primer lugar, dijo que si alguien tenía vínculos con Báez, era el exsecretario de la provincia, José López, quien tiene muchas más relaciones con la derecha del país.

Además, sobre López existen unos chats que probarían su culpabilidad en el enriquecimiento ilícito con contratos adjudicados de manera irregular, pero la misma Fiscalía no quiso investigar las relaciones entre el funcionario público y las empresas de Lázaro Báez, al tiempo que no quiso aceptar los chats como material probatorio.

Cristina Fernández de Kirchner también puso en duda la imparcialidad de la Fiscalía argentina, pues asegura que desde que el caso arrancó hubo varios testigos presionados e intimidados a firmar declaraciones en contra de la expresidenta y su relación con los contratistas corruptos del sur del país. “Nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, dijo.

Pero esa no es la única duda que planteó Fernández, ya que cuando inició el proceso en 2019, se hizo sin siquiera realizar peritajes a las obras adjudicadas, lo cual ella criticó en su momento. Después, varios peritos oficiales declararon que no hubo sobreprecios en las obras, mientras que el que sí lo hizo era un conocido simpatizante contrario al kirchnerismo.

Finalmente, Fernández criticó a los jueces por pedir 12 años de prisión, al entender que solicitan un año de cárcel por cada año que ella estuvo al mando de la nación. “Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, declaró.

Mientras la justicia dice tener las suficientes pruebas para poder condenar a Fernández de Kirchner, la exmandataria insiste en que se trata de una persecución política para borrar su legado. Por ahora, el caso parece ir a mitad de camino y todavía queda mucho para definir el futuro de la figura más importante de la izquierda argentina de las últimas décadas.