El esperanzador camino que le espera a Chile para redactar su nueva Constitución

Redactar un nuevo texto constitucional equivale a una refundación nacional, y eso fue lo que decidió Chile este domingo 25 de octubre al aprobar, con 78 por ciento, la reforma de la carta y al votar por el mecanismo de una convención constituyente, electa en su totalidad con una mayoría de 79 por ciento. La decisión marca un antes y un después en la historia del país andino y América Latina: la Asamblea Constituyente surgió para dejar atrás, de una vez y para siempre, las rémoras de la época de las dictaduras del siglo pasado, de las cuales la de Augusto Pinochet fue una de las más siniestras.

De esta manera, la nación andina se emancipará definitivamente de la sombra de Pinochet y se sumará a la lista de países suramericanos que, como Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, reformaron en las últimas décadas sus constituciones. Textos redactados en el siglo XIX, con sistemas políticos vetustos que no reflejaban los enormes cambios económicos, políticos y sociales del último siglo y medio, tuvieron que terminar en el baúl de los recuerdos, reemplazados por nuevas cartas magnas.

“Hay una demanda de la gente que quiere sepultar la memoria de la dictadura militar y la Constitución, que simbólicamente sigue siendo la de Pinochet, y hay un intento de exorcizar la memoria de Pinochet de la historia de mi país”, dijo a SEMANA Patricio Navia, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Nueva York. Por su parte, el constitucionalista Fernando Atria anotó a esta revista que “por primera vez, Chile va a decidir una constitución en condiciones democráticas, no solo por el plebiscito, sino porque va a haber un órgano elegido que va a discutir y a decidir la nueva Constitución. Es toda una novedad”.

La movilización social que estalló el 18 de octubre de 2019 y el acuerdo del 18 de noviembre de ese año abrieron el camino para el proceso que dio su primer paso en el plebiscito del domingo pasado. Ahora los chilenos elegirán, en abril de 2021, los 155 convencionales de manera proporcional en 28 distritos, de la misma forma en que eligen a los diputados. Aplicarán la paridad de género en las listas y por primera vez se asegura un cupo para los nueve pueblos indígenas al agregar un distrito electoral con 18 escaños.

La Convención se instalará entre mayo y junio, escogerá un presidente y un vicepresidente, y fijará las reglas de funcionamiento. Los ‘convencionales’ tendrán entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Constitución, cuyos artículos deberá aprobar una mayoría calificada de dos tercios de la totalidad de los miembros. Una vez aprobada, en un plazo de 60 días, el presidente convocará al plebiscito de ratificación, hacia agosto de 2022. Los partidos políticos presentarán candidaturas, pero también los independientes podrán registrar listas con la firma del 0,4 por ciento de quienes votaron en ese distrito en la elección anterior.

La explosión social de octubre de 2019 destruyó un modelo económico y político heredado de la dictadura y perpetuado en la Constitución de 1980. Por eso, las demandas más acuciantes de la población, referidas a sus salarios, sus jubilaciones y su nivel de vida, se resumieron en un gran cambio constitucional. “La dictadura impuso la Constitución vigente con la finalidad de impedir que la democracia pudiera transformar el modelo neoliberal. Creó un poder político estructuralmente incapacitado para tomar cualquier decisión transformadora”, explicó Atria a SEMANA.

Los reclamos sociales fueron tomando cada vez más fuerza, aunque esas exigencias se vieron ahogadas, según Atria, “ante una política organizada por la Constitución de modo que no se pudiera transformar nada”. Eso fue produciendo “una espiral de deslegitimación política e institucional, como nunca había habido en Chile”. Si bien es un procedimiento político, la gente votó a favor de un proceso constituyente, porque quiere y cree que “va a tener mejores pensiones, lo que se dice en inglés, las ‘cuestiones del pan y la mantequilla’”, agregó. Para el constitucionalista, hay que “pasar de un Estado subsidiario como el actual”, cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado, a un Estado social, que asuma “el deber fundamental de realizar derechos sociales como educación, salud, vivienda, seguridad social”.

En tercer lugar, el país debe pasar de “un modelo de desarrollo extractivista, dañino con el medioambiente, que concentra el ingreso en beneficio de unos pocos”, a un modelo amigable con el entorno, que sepa crear valor, y para ello “tenga posibilidad de actuar”. Navia considera que los principales cambios se referirán a darle más poder al Legislativo y restarle al Ejecutivo; incluir la representación proporcional y ciertos mandatos, como que un porcentaje del gasto público vaya para educación y salud; agregar más descentralización y mecanismos de participación ciudadana como referéndums revocatorios o límites a la reelección.

Por último, está el problema de la participación popular, no solo en la elección de los constituyentes, sino en el proceso de elaborar la carta política. “La pregunta es cómo en un momento de deslegitimación política la Convención va a representar a la gente. Mientras la Convención esté en operaciones, al tiempo que está la discusión formal, va a haber otra discusión informal en la sociedad”, señaló Atria. La pregunta es cómo unir la discusión formal y la informal y los mecanismos para permitir ese intercambio. Audiencias públicas, que los constituyentes vayan a los territorios e iniciativas ciudadanas son algunas de las propuestas para “hacer realidad la idea de que lo que se discuta en la Convención represente y refleje lo que sucede en la sociedad”, concluyó Atria.

Para Navia, el proceso chileno, a diferencia de los de otros países, tiene la particularidad de que en la nación andina “no hay una conducción política, sino un proceso contra la clase política”. Existe el riesgo de que la nueva Constitución se convierta en “un árbol de Navidad con regalos para todos”, ya que, como se vio en los ejemplos anteriores de procesos constituyentes en América Latina, las nuevas cartas políticas tienen “una lista muy larga de derechos sociales que luego va a tocar financiar”. Navia advierte que “no generan crecimiento económico; no puedes poner allí va a haber mejores pensiones si después no tienes cómo pagarlas”. Por eso, “va a haber un elemento de decepción, porque el proceso constituyente no va a mejorar las cosas automáticamente”.

A estas limitaciones se suma que el proceso se mezclará con el electoral, ya que la Constituyente empieza a sesionar en mayo de 2021, en julio serán las elecciones primarias, en noviembre se realizará la primera vuelta de las presidenciales y en diciembre, la segunda. Pero la Constituyente terminará en mayo de 2022. “El nuevo presidente y el nuevo Congreso van a asumir en marzo de 2022, pero la Constitución estará lista en mayo o junio.

Lo irónico es que se van a realizar elecciones presidenciales y a lo mejor la Constituyente establece un sistema parlamentario, o elegimos senadores y diputados, y a lo mejor la Constitución establece un sistema unicameral”, explicó Navia. “Nos vamos a encontrar con caminos que no existen, murallas y cerros que no sabíamos que estaban ahí”, analiza. “Las cosas van a empeorar antes de que mejoren; se viene una larga travesía por el desierto”. De cualquier modo, el pueblo celebra su triunfo y parece dispuesto a iniciar este periplo constituyente con el entusiasmo de un país que aspira, por primera vez, a protagonizar sus propias definiciones.