El fujimorismo en Perú se juega su futuro político en una audiencia judicial

La justicia peruana llevó a cabo el lunes la audiencia a partir de la cual decidirá si suspende por 30 meses a Fuerza Popular, el partido del fujimorismo, por alegada financiación ilegal de la multinacional brasileña Odebrecht.

El proceso responde a una petición de la Fiscalía de inhabilitar por un plazo de dos años y medio a la agrupación política mientras continúa con las investigaciones a Keiko Fujimori, la actual cabeza del partido, y otras personas de su círculo cercano.

Con esta audiencia, el fujimorismo enfrenta una de sus mayores amenazas desde 1990, mientras Perú intenta superar una crisis política que desató una ola de protestas multitudinarias y llevó al país a tener tres mandatarios en una semana a inicios de este mes. Con un fallo adverso, el fujimorismo quedará impedido de competir en las elecciones generales del 11 de abril de 2021, aunque podría apelar la decisión.

Keiko Fujimori, dos veces candidata presidencial (2011 y 2016), tildó de “arbitrario” el pedido de la Fiscalía en un tuit minutos antes de la audiencia, en la que ella no participa y que se desarrolla en forma virtual por la pandemia del coronavirus.

Afuera del tribunal, una treintena de fujimoristas se manifestaban alzando pancartas que decían “Keiko presidente 2021” y “basta de persecución”.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez dijo que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero ilícito.

“Estamos solicitando esta suspensión porque quien ejerce al día de hoy la representación y presidencia del partido es Keiko Fujimori, quien tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización”, agregó. Según Pérez, el Tribunal Constitucional peruano ya dictaminó que las organizaciones políticas pueden ser sancionadas penalmente por lavado de activos.

Al respecto, el abogado de Keiko Fujimori, Christian Salas, negó que el partido sea una organización criminal. “El partido político Fuerza Popular, según la propia Fiscalía, había sido instrumentalizado. Eso es una hipótesis que aún está en parte de la investigación”, dijo.

Salas añadió que después de “más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes” y no meras sospechas, y por ello pidió al juez que declare improcedente el juicio. Al finalizar la audiencia, el togado señaló que emitirá su falló en un “plazo prudente”.

Keiko, quien estuvo en prisión preventiva 16 meses por este caso, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016, en las que estuvo cerca de ganar la Presidencia. La política de 45 años es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien hoy paga 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1990-2000).

El periodo de Fujimori padre se recuerda por su mano dura contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, las violaciones a derechos humanos, el funcionamiento de escuadrones de la muerte como el Grupo Colina y un escándalo de corrupción revelado por una serie de videos que terminó en su destitución en noviembre de 2000. Estos hechos y las nuevas investigaciones han afectado gravemente la popularidad del fujimorismo que hace unos años aún tenía muchos adeptos. Según un sondeo de la firma Ipsos, Keiko solo cuenta con un 5 % de apoyo de cara a los comicios del próximo año.

*Con información de la AFP.