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El Gobierno venezolano responde a críticas por inhabilitación de María Corina Machado: “el TSJ actuó de forma impecable”
Entre tanto Estados Unidos confirmó que analizará el restablecimiento de sanciones contra Venezuela.
El Gobierno venezolano señaló que la oposición accedió explícitamente en el Acuerdo de Barbados a someterse al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia en lo relativo al recurso contra la inhabilitación de 15 años impuesta a la candidata opositora María Corina Machado, que pretende presentarse a los comicios presidenciales de 2024.
“Presento el Acuerdo de Barbados, para que todas y todos constaten su cumplimiento de forma estricta. También el mecanismo con que el TSJ actuó de forma impecable. Es cosa juzgada. Avancemos”, publicó el jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, en su cuenta en X.
Rodríguez subrayó en un mensaje adicional que “el procedimiento para revisión de habilitaciones se cumplió cabalmente”. “Cosa juzgada”, aseveró.
A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados. Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!!
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 26, 2024
Más tarde, el propio Rodríguez brindó rueda de prensa en Caracas en la que explicó que aceptó la sugerencia de Noruega como país mediador para convocar “de manera perentoria” la comisión de seguimiento y verificación del Acuerdo de Barbados, firmado el pasado 17 de octubre.
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“Previa consulta con el presidente de la República, es que vamos a hacer un nuevo intento para sostener los postulados del acuerdo político de Barbados, a pesar de los intentos de salirse del cauce constitucional. Si fuera la primera vez cabría el asombro, pero siempre es la compulsión a salirse (de los acuerdos) desde la prepotencia y arrogancia, vamos a insuflarle oxígeno. Le hemos respondido a Noruega que Venezuela está lista”, dijo.
El fin sería “reanimar” el acuerdo “con parámetros muy claros”. “Luego respiración boca a boca y resucitación”, señaló, argumentando también que cuentan con numerosas pruebas de que la oposición ha incumplido el acuerdo de Barbados. Así, ha recordado que se pactó fomentar un clima político favorable a las elecciones sin injerencias externas. En ese punto se ha referido en concreto a Estados Unidos y ha advertido de que no aceptarán interferencias.
También ha mencionado que no se rechazan todas las formas de violencia y contra la estabilidad del país, en referencia a las recientes denuncias de complots y planes de golpe de Estado y magnicidio destapados por las autoridades.
La opositora venezolana María Corina Machado descartó abandonar su candidatura presidencial, tras un fallo judicial que la hace inelegible en los comicios previstos para este año, y que ha llevado a Estados Unidos a estudiar “opciones” sobre la reanudación de sanciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, selló el viernes una inhabilitación política por 15 años, que en la práctica le impediría participar en las elecciones.
“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, dijo Machado ante seguidores, tres días después de la sentencia, que tachó de “decisión grotesca”.
“Yo recibí el mandato de casi tres millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre” en unas primarias en las que arrasó (92% del escrutinio). “Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí”, sentenció, descartando al mismo tiempo designar a un sustituto.
Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían “la salida” de Maduro y dejaron 40 muertos.
Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.
La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser “partícipe de la trama de corrupción”, vinculada al dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente por Estados Unidos entre 2019 y 2023 con manejo de recursos bloqueados en el exterior.
Con información de Europa Press y AFP*