El ‘madurazo’: ¿un riesgo calculado?

Hace 25 años, el domingo 5 Abril de 1992, el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori dio  un “autogolpe” de estado con el respaldo de las fuerzas armadas y buena parte del país : disolvió el congreso, intervino el poder judicial e inició una implacable persecución de miembros de la oposición. Entre otros contra el expresidente Alan García que se asiló en la embajada de Colombia en Lima, siguiendo los pasos que años atrás había dado su mentor y fundador del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre.

Como pocos días después se celebraba la reunión anual de cancilleres de la OEA en Nassau, Bahamas, se designó al canciller de Uruguay, para que hiciera un seguimiento de la situación y rindiera un informe. Sin embargo, el mandatario peruano resolvió algo inusual: viajar él mismo a Nassau para informar a los ministros de relaciones exteriores de las razones del golpe y explicar un plan acelerado que se había propuesto para reestablecer la democracia, evitando así las inminentes sanciones del organismo regional: le dio resultado.  

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Maduro ahora ha dado también un golpe de estado, que, aunque con el necesario apoyo de las fuerzas armadas y de las llamadas “milicias bolivarianas” una especie de “tonton macutes” venezolanos, a diferencia del golpe de Fujimori no cuenta con el respaldo de la mayoría de la opinión pública y no abre perspectiva ninguna para restablecimiento de la democracia, dejando a la oposición en una encrucijada. A no ser que haya una reacción generalizada de la comunidad internacional, en especial de los países miembros de la OEA, que precisamente hace pocas horas celebraron una reunión para estudiar un informe del Secretario General en el que sugiere la aplicación de la Carta Democrática, que contempla la posibilidad de la suspensión de Venezuela de la Organización.

Almagro nuevamente ha convocado de urgencia una reunión del Consejo Permanente. Sin embargo, por ahora sólo habido pronunciamientos de varios Estados sobre la situación e incluso se ha dado el retiro de algún embajador, pero no es fácil que se pongan en funcionamiento las acciones previstas en la Carta Democrática. No solamente porque Venezuela ejerce una especie de “tutelaje petrolero” sobre varios estados caribeños cuyos votos serían fundamentales, sino porque cuenta con las simpatías de países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador, entre otros. Además, no obstante, los bajos precios y la presencia de Trump en Washington, Venezuela es uno de los grandes abastecedores de petróleo a los Estados Unidos.

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De todas maneras, una de las figuras más prominentes del régimen, el ex canciller y ex embajador en Bogotá y en la OEA, Roy Chaderton, ha adelantado hace pocas horas que Venezuela “podría vivir sin la OEA”, lo que pone en evidencia que Maduro tomó la decisión de impulsar la sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, previendo incluso la eventual suspensión de su país de la Organización.

De todas maneras, algunos guardan esperanzas de que a pesar de todo, este hecho pudiera tener el efecto de impulsar la aplicación de la Carta Democrática, que, para la suspensión de Venezuela, tendría que transitar por un largo camino.

(*) Profesor de la facultad de gobierno, ciencia política y relaciones internacionales de la universidad del Rosario