El mayor escándalo de corrupción en Colombia se complica: The Economist

El caso por corrupción que involucra en Colombia a Odebrecht y al Grupo Aval tiene con las alarmas encendidas a más de medio mundo. La más reciente edición de The Economist recogió la información y arrojó duras apreciaciones sobre el caso. En el recuento que publicaron aseguran que la constructora brasileña Odebrecht trabajaba junto al Grupo Aval en la construcción de la Ruta del Sol y que fue Jorge Pizano quien descubrió el pago de coimas por consultorías que nunca se realizaron.

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Cuenta también que en menos de 72 horas tanto él como su hijo murieron en circunstancias extrañas. “En la noche del 8 de noviembre, la esposa de Jorge Enrique Pizano lo encontró tirado en el piso del baño en su casa al norte de Bogotá, envuelto en una toalla. Murió camino al hospital por un ataque al corazón. Tres días después, su hijo Alejandro, que había regresado de España para el funeral de su padre, tomó un sorbo de una botella de agua que estaba sobre el escritorio de su padre , se quejó de un mal sabor, se desmayó y murió momentos después. Los médicos dijeron que había sido envenenado con cianuro. El aparente envenenamiento de Alejandro plantea dudas sobre si su padre también fue víctima de un juego sucio”, dice la publicación británica. Medicina Legal confirmó en la tarde del viernes que en el cuerpo de Pizano, padre, no había rastros de cianuro. 

Más allá de los hechos alrededor de las muertes, The Economist disecciona el caso y explica parte de la relación del Grupo Aval con el fiscal general Nestor Humberto Martínez.  “Aval es propiedad de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia. Su asesor legal durante muchos años fue Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia desde 2016. Tanto el Grupo Aval como Martínez negaron tener conocimiento sobre los pagos”.

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Y remata diciendo que mientras se determina la utilidad de esas pruebas, Martínez no está en la posición adecuada para llevar a cabo una investigación imparcial, pues existe la posibilidad de que él mismo tenga que responder.

“Sean o no ciertas las acusaciones del Pizano, el fiscal Martínez, quien tiene poderosos amigos políticos, no está en condiciones de llevar a cabo una investigación imparcial sobre ellos. Sin embargo, no puede ser despedido como fiscal general. Aunque se ha retirado de algunas líneas relacionadas al caso, muchos colombianos quieren que se aparte completamente de esa discusión, o que renuncie”, asegura la publicación.

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