El nuevo presidente de Perú pedirá que el salario de congresistas y ministros baje a la mitad

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, anunció que va a solicitar al Congreso que se reduzca a la mitad el sueldo de los ministros y de los legisladores.

El pronunciamiento de Castillo se llevó a cabo durante la Asamblea Nacional 2021 de su partido, Perú Libre.

“Vamos a proponer en el Congreso solicitando que el sueldo de ministros y congresistas baje a la mitad. Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro”, dijo Castillo.

El político izquierdista ya había descartado que en su gobierno vaya a copiar “modelos” extranjeros, insistiendo en que no es “chavista” ni “comunista”.

“Vamos a gestar el verdadero modelo peruano [...] respetando la institucionalidad”, dijo Castillo tras recibir de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su “credencial” de presidente de la República para el período 2021-2026. “Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”, agregó el maestro de escuela rural de Cajamarca.

Si sectores políticos y empresariales temen un giro al socialismo semejante al del gobierno de Caracas, el principal asesor económico de Castillo, Pedro Francke, dijo a AFP que el programa no tiene “nada que ver con la propuesta de Venezuela”.

Castillo, de 51 años, fue proclamado el lunes como presidente electo por el JNE, que demoró seis semanas en revisar impugnaciones de votos y apelaciones antes de declararlo ganador del balotaje del 6 de junio sobre la derechista Keiko Fujimori.

Quien será el primer mandatario peruano sin parentesco con las élites políticas, económicas y culturales, reiteró su llamado a la unidad. “Debo llamar a la más amplia unidad de todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos los maestros del Perú, a las organizaciones sindicales y populares del país, a todas las comunidades originarias, a los pueblos indígenas”, dijo luciendo su sombrero blanco de copa alta, atuendo tradicional de los campesinos del Cajamarca.

A la toma de posesión de Castillo, el 28 de julio, asistirá el rey Felipe VI de España, según lo informó este viernes la Casa Real, y el presidente boliviano Luis Arce, quien lo anunció en Twitter.

El nuevo mandatario recibe un país duramente golpeado por el covid-19. Perú acumula más de dos millones de contagios y casi 200.000 muertos. Tras ajustar las cifras, el 31 de mayo, pasó a ser el país con mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia: 601 decesos por cada 100.000 habitantes.

Castillo prometió en la campaña electoral convocar a una Asamblea Constituyente para adoptar una nueva carta magna, en reemplazo de la actual, de 1993, que promueve un régimen de libre mercado y relega el rol del Estado en la economía.

Pero el mandatario interino Francisco Sagasti, dijo que Castillo debe hacer una “evaluación pragmática” sobre si se justifica cambiar la Constitución, advirtiendo que el marco jurídico “no admite modificaciones ni caprichos”.

“Tengo confianza en que el nuevo presidente hará una evaluación pragmática de lo que existe en la Constitución”, dijo Sagasti en su última conferencia de prensa con corresponsales extranjeros. “Cualquier gobierno que venga tiene un marco jurídico ya establecido, que no admite modificaciones ni caprichos”, remató el presidente centrista.

Sagasti y Castillo se reunieron el martes en la sede presidencial. “Fue una reunión para conocernos, me encantó su sentido del humor, su sencillez [...], me preguntó dónde pondría los animalitos que tiene en su casa rural de Cajamarca”, dijo.

Por su lado, Keiko Fujimori, quien perdió por un estrecho margen el balotaje, de haber ganado la presidencia habría conseguido inmunidad frente al juicio que enfrenta por supuesto lavado de dinero.

Por eso, este viernes el juez Víctor Zúñiga fijó para el 31 de agosto el inicio de las audiencias.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, que arriesga una condena de 30 años, está acusada de recibir supuestamente aportes ilegales del gigante brasileño Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.