EL NUREMBERG LATINO

El "juicio del siglo" no es como usted probablemente lo imagina. Carece formalmente de toda espectacularidad. Ni siquiera están presentes los acusados, como en las series televisivas. En efecto, los nueve jefes militares que mandaron a 30 mil argentinos a una muerte atroz y clandestina, no sólo gozan de todos los beneficios de la defensa en juicio, hasta disfrutan el curioso privilegio de estar ausentes de las audiencias públicas, salvo que expresen su deseo de asistir.
Esta gracia sólo admite dos excepciones: podrán ser citados por el Tribunal cuando la situación procesal lo torne imprescindible y en el momento final de leerse la sentencia. Aún en esas ocasiones cada acusado comparecerá "libre en su persona", singular metáfora judicial que significa: sin esposas en sus muñecas, sin el clásico guardián agarrandolos de un brazo.
No caminaron de este modo sus víctimas: solían marchar hacia el patíbulo encapuchados o vendados, con pies y manos aherrojados, sin jueces, abogados, ni periodistas.
"Espero lo peor", habría dicho el ex dictador Jorge Rafael Videla a sus íntimos. ¿Qué puede ser lo peor? Una condena de 25 ó 30 años. Aunque el Código de Justicia Militar, por el que se los juzga, prevé obviamente la pena de muerte.
Y, sin embargo pese a que no se trata de un "Nuremberg a la criolla", como dijo con insolencia el general retirado Jorge Arguindeguy, primer comandante del Ejército en el régimen constitucional y ahora golpista confeso, el "juicio del siglo" es el "juicio del siglo". No sólo para Argentina sino muy probablemente para toda la América Latina, cuyas sociedades nunca habían asistido hasta ahora a un proceso de los dictadores salientes a cargo de un gobierno civil surgido de elecciones y no de una revolución. Así, lo que está en juego no es solamente "el hecho judicial en sí", a lo que trataron de reducirlo el gobierno de Raúl Alfonsín y el Poder Judicial, sino la suerte de la democracia en la Argentina.
No es de extrañar, entonces, que en la semana que precedió al inicio del histórico proceso, el país se viera sacudido por una oleada de rumores golpistas. Viejos políticos encenagados en muchas aventuras militares como el ultraconservador Alvaro Alsogary, desprestigiados por la traición a sus promesas electorales como el ex presidente Arturo Frondizi, se coludieron con dictadores militares jubilados como el general retirado Juan Carlos Onganía, para denunciar inexistentes "rebrotes subversivos" y "un caos y una violencia" que sólo existe en sus deseos y en las febriles ensoñaciones de los centuriones desplazados.
El domingo 21 de abril, por la noche, Raúl Alfonsín denunciaba el complot a la nación. El lunes 22 mientras se iniciaba el "juicio del siglo" los ocho organismos de derechos humanos metian 100 mil personas en la calle. El viernes 26 de abril centenares de miles de argentinos se movilizaban por la democracia, en un acto donde convivieron radicales, peronistas, intransigentes, socialistas, demócratacristianos y muchos argentinos sin encuadre partidario que, pese a todas las debilidades, todas las vacilaciones, todas las injusticias que aún prohija y tolera el gobierno constitucional, fueron a decirle " sí" al Presidente constitucional y "no" a las minorías que ensangrentaron y oprimieron el país, llevándolo a su actual decadencia.
AL TRIBUNAL
A comienzos de su mandato el presidente Alfonsín emitió el decreto número 158 por el cual se promovía el enjuiciamiento de los nueve comandantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976. La cuarta Junta, la que entregó el poder al gobierno civil, quedó excluida, pese a que sus integrantes participaron en los mismos delitos que sus antecesores.
Debían comparecer ante el banquillo de los acusados los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Rubens Graffigna Basilio Lami Dozo.
Por acuerdos secretos -según algunos-, por un prurito legalista tan afin al espíritu de los radicales según otros, por ese oculto, inconciente y no confesado respeto de la civilidad a la "intangibilidad" de los militares (que explica entre otros factores por qué la Argentina padece dictaduras militares desde hace más de medio siglo), el gobierno dispuso que los ex comandantes fueran juzgados por "sus jueces naturales". Esto es, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por oficiales de las tres armas en situación de retiro.
Con el Consejo pasó lo que las Madres de Plaza de Mayo anunciaron que iba a pasar: tardó largos, valiosos meses y terminó desafiando al Poder Ejecutivo al anunciar que no podría cumplir con los plazos procesales y afirmando, además, que era correcto "lo actuado frente a la subversión".
Se hizo cargo, entonces, la Cámara Federal de Apelaciones, el más importante tribunal de alzada en el fuero penal. Los defensores de los ex comandantes recursaron este juzgado civil, apelando ante la Suprema Corte. La Corte falló dando jurisdicción a la Cámara, pero determinando para dar continuidad al juicio que los reos fueran procesados por el Código de Justicia Militar.
La Cámara, que integran seis jueces, presididos por uno de ellos, el doctor Carlos Arslanian, ha merecido comentarios aprobatorios por su proceder hasta el momento. Incluso las Madres de Plaza de Mayo, en la voz de su presidenta, Hebe de Bonafini, manifestaron que visualizan al presidente del Tribunal como "un hombre justo" .
No parecen opinar lo mismo algunos de los acusados, especialmente el más notorio de ellos, el ex dictador Videla, quien negó toda autoridad "jurídica y moral" a sus jueces y llego a afirmar que su procesamiento era "una revancha de los derrotados", una manera elíptica de colocar al propio Presidente de la República en la esfera de la "subversión" .
EL FISCAL
Sobre el acusador público, doctor Julio César Strassera, hay opiniones encontradas: algunos recuerdan que en sus tiempos de juez en la penúltima dictadura militar (la que presidió el general Alejandro Agustín Lanusse) hizo lugar a numerosos "recursos de habeas corpus" interpuestos en favor de personas detenidas clandestinamente. Otros, como los propios defensores de los ex comandantes, prefieren exhumar su reciente condición de "Juez del proceso", es decir de Magistrado designado por la dictadura militar.
Sea cual sea la verdad sobre su pasado, Strassera tiene un presente contundente y un incierto e inquietante futuro. Desde que fue designado Fiscal del "Juicio del siglo" ha desplegado con celo y energía su cometido. De los 2.200 testigos que serán citados a las audiencias públicas, 2 mil han sido convocados por la acusación y sólo 200 por la defensa.
Strassera ha trabajado sobre 9 mil casos investigados por la Comisión nacional sobre desaparición de personas (Conadep) que presidió el escritor Ernesto Sábato, reuniendo elementos más detallados de 2.100 ex pedientes y concentrándose en 711 casos que, a su juicio, contienen indicios sobrados para enviar a la cárcel a los ex comandantes.
Algunos de los testigos que presentará el Fiscal son hombres y mujeres que lograron sobrevivir a la ordalia de sangre que fue la tónica de los centros clandestinos de reclusión entre 1976 y 1983. Los defensores han cuestionado estos testigos afirmando que son "subversivos". El Fiscal replicó diciendo -lo cual es rigurosamente cierto- que ha citado a toda clase de testigos, de las más variadas extracciones políticas.
También se preguntó, aludiendo al pequeño grupo de sobrevivientes de la escuela de mecánica de la Armada: "Si esta gente perteneció a las bandas subversivas y estuvieron detenidas en algún centro clandestino de detención ¿quién los mandó al extranjero, quién les dio el pasaporte... ?"
Massera debe estar cavilando sobre este punto.
En el doble juego de la mala fe y la amenaza, los ataques públicos de los defensores se combinan a la perfección con la intimidación secreta de los hombres que integraron los "Grupos de Tareas" de la dictadura. Algunos testigos claves del Acusador Público, como ciertos policías y militares arrepentidos, dispuestos a declarar todo lo que vieron e incluso hicieron en los campos de concentración, han sido amenazados. El propio doctor Stras sera ha recibido, recibe y con seguridad continuará recibiendo amenazas.
El interés de la prensa internacional por el "juicio del siglo" está plenamente Justificado no sólo por lo que se Juzga y por quienes son Juzgados sino también por la resonancia de muchos testigos entre los que se cuentan Patricia Derian, ex funcionario de Jimmy Carter, Tom Farer, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Theo van Boven de igual cargo en la ONU, el periodista Jacobo Ti merman y los ex presidentes argentinos Alejandro Lanusse, Italo Luder y María Estela Martínez de Perón, a quien se le autorizó a presentar su testimonio por escrito.

Es probable, asimismo, (no está confirmado) que el ex presidente de Francia, Valery Giscard D'Estaing, sea citado. El mandatario galo sabe por boca del propio almirante Massera, que las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, que fueron secuestradas en un operativo ideado y dirigido por el teniente de navío Alfredo Astiz, fueron asesinadas en diciembre de 1977. El alegato fiscal promete ser elocuente. Más allá de incluso de la indudable trascendencia de estos testimonios, o del dramatismo que ya aportó en la cuarta sesión del juicio el antropólogo norteamericano Clyde Collins Shown, quien denunció el asesinato de una familia compuesta por un joven matrimonio y sus hijos de seis y cuatro años, de la cual sólo sobrevivió un bebé de seis meses (entregado en adopción a un militar y su esposa).
Aunque Strassera -por obvias razones tácticas- no ha mostrado todo su juego, ha hecho declaraciones muy significativas que anticipan cuales serán las tesis de la acusación.
El Fiscal sabe que el Código Penal no contempla nuevas figuras delictivas como "la desaparición forzada de personas", o conceptos jurídicos consagrados en tribunales internacionales como los "crímenes contra la humanidad" o el genocidio, pero con lo que está perfectamente tipificado en materia de homicidio, secuestro, robo o violación le alcanza, y sobra para exigir las penas más severas.
LA DEFENSA
Hay un argumento común a todos los defensores y diferentes tácticas determinadas, en buena medida, por los propios defendidos.
El argumento común es que hubo una "guerra contra la subversión", que fue ordenada por el gobierno constitucional anterior al golpe de Estado de 1976, quien otorgó potestades a las Fuerzas Armadas para "aniquilar" a la guerrilla.
Si en cumplimiento de ese "mandato constitucional", se cometieron "algunos excesos", los comandantes no son culpables porque no los perpetraron personalmente y no tuvieron conocimiento de ellos.
Pero, en tanto Videla no quiso prestarse a la ampliación de las indagatorias y sigue negándose a ser juzgado por un tribunal civil, Viola Graffigna, Lami Dozo y Anaya, la aceptan. Massera y Galtieri también la aceptan, aunque a semejanza de Videla, se negaron a ampliar sus declaraciones.
Videla lleva su punto de vista hasta el extremo de haber designado un defensor militar; Galtieri, en cambio, tiene un abogado civil.
Las diferencias tácticas tienen que ver también con los distintos grados de culpabilidad que podrían establecerse. Galtieri, por ejemplo, quien debe responder en otro proceso ante la justicia militar por su desastrosa conducción en la guerra de las Malvinas, podría verse relativamente bien librado en este juicio, ya que su mayor responsabilidad en la represión no se produjo cuando era comandante en jefe y miembro de la Junta Militar, sino cuando conducía el 11 Cuerpo del Ejército con asiento en la ciudad de Rosario.

LAS PRIMERAS SESIONES
Las cosas no han empezado bien para la defensa: el lunes a las tres de la tarde, compareció el primer testigo citado por los defensores, el ex presidente peronista Italo Argentino Luder -quien, por enfermedad de María Estela Martínez de Perón- firmó el famoso decreto ordenando el "aniquilamiento" .
Tanto Luder, como otros miembros de aquel gobierno, se ocuparon de puntualizar que la expresión "aniquilar" era una metáfora militar referida al desmantelamiento de la guerrilla y no una incitación a secuestrar, torturar o asesinar a los guerrilleros. En suma, desmintieron a los "Perry Mason" que los habían convocado.
No le resultará difícil a Strassera demostrar qué poco tiene que ver con una guerra real los incontables asesinatos de mujeres, niños y adolescentes desarmados, o el robo de todos los enseres en las casas de las víctimas.
Después de todo, estos militares participaron (calamitosamente pero participaron) en una "guerra en serio", donde "valientes" como el teniente Astiz que no vacilaban cuando las "acciones bélicas" consistían en hacer puntería sobre una niña que corría desesperada, como la sueca Dagmar Hagelin, se la pensaron dos veces antes de abrir fuego sobre los marines de la Royal Navy.