Gobierno turco intenta aprobar ley para el control de redes sociales

Esta semana el Partido Justicia y Desarrollo (AKP por sus siglas en turco), del presidente Recep Tayyip Erdogan, presentó al parlamento una nueva ley para aumentar el control estatal sobre las plataformas de redes sociales.   

La ley propone que todas las compañías de redes sociales con más de un millón de usuarios turcos suscritos deberán abrir oficinas con representantes locales en el país y, además, tendrán que almacenar los datos de dichos usuarios en el territorio. 

La propuesta también contiene una sección en la que se exige a las compañías que retiren de manera inmediata contenidos que el gobierno considere violan “derechos personales” y la privacidad de los usuarios. Para esto, las empresas tendrán 48 horas después de que el gobierno lo exija. 

Aquellas plataformas que no cumplan con lo estipulado en la ley podrían enfrentar penalidades, tales como fianzas de hasta 4.4 millones de dólares e, incluso, el bloqueo de las mismas en los proveedores de internet del país. 

Frente a esto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), una organización internacional veedora de la libertad de prensa en el mundo, se pronunció rechazando la propuesta: “la ley sobre redes sociales es un intento descarado para que las empresas internacionales permitan la censura de noticias en beneficio de los líderes turcos”.  

De igual manera, la CPJ señaló que actualmente el gobierno realiza investigaciones y persigue a periodistas por los contenidos que publican en sus redes sociales. Por lo cual, la nueva legislación haría aún más riesgosa esta tarea y afectaría la circulación de información de interés general en Turquía.   

Al respecto, Twitter y Reddit, red social para publicar y consumir contenido, señalaron en sus informes de transparencia de 2019 que el gobierno turco fue, entre todos los del mundo, el hizo mandó el mayor número de solicitudes para remover contenido.

Así, la propuesta de ley hace parte de un largo repertorio de acciones del ejecutivo liderado por Erdogan, que pretenden diezmar la libertad de expresión y de prensa en el país desde hace años.

Por ejemplo, el Alto Consejo de Radiodifusión de Turquía, órgano del gobierno, se ha encargado de sancionar a medios de comunicación críticos del gobierno, entre ellos varias cadenas de televisión. 

También, Reporteros Sin Fronteras, a inicios de este año, denunció que un juez en Estambul ordenó el bloqueó de 231 artículos que habían sido publicados en internet por diarios digitales y otros medios. Todos hablaban de la compra de tierras por parte del ministro de finanzas, quién es yerno del presidente.

Estas y otras presiones han llevado a que la mayoría de los medios de comunicación funcionando sean progubernamentales. RSF señala que el 85 por ciento de estos son propiedad de empresarios que siguen la línea oficial.   

Por otro lado, el gobierno también ha hecho común la persecución judicial a periodistas, disidentes o críticos del gobierno. Para finales del 2019, se reportaba que 25 periodistas estaban presos en Turquía.