Nicaragua
El plan de Daniel Ortega para legitimar el cierre de medios de comunicación
La SIP advirtió y rechazó los escenarios de censura judicial de los que han sido objeto varios periodistas en ese país, incluida la excandidata presidencial Cristina Chamorro y su familia.
A través de un comunicado emitido el lunes, desde su sede en la ciudad de Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la situación actual que atraviesan los medios de comunicación que desarrollan su oficio periodístico en Nicaragua, advirtiendo que en ese país, desde las instituciones oficiales del régimen Ortega, se está socavando la libertad de prensa y se está coartando la libertad de expresión.
La SIP calificó de “aberración a las libertades de expresión y de prensa” lo sucedido recientemente en contra de los periodistas Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del diario La Prensa, de la ciudad de Managua, luego de que en días pasados fueran sometidos a juicios y se emitieran condenas en su contra sin que se contase, según el organismo de defensa de los Derechos Humanos, con las correspondientes pruebas.
En el comunicado presentado por la SIP se destaca el comentario de su presidente, Jorge Canahuati, quien advirtió que en Nicaragua “es obvia la falta de independencia de los jueces”, advirtiendo que estos “siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura”.
Para Canahuati, quien se desempeña como presidente del Grupo Opsa, de Honduras, las condenas emitidas se constituyen en una clara “afrenta al Estado de derecho”.
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La SIP se refirió puntualmente al caso de la exaspirante presidencial y exdirigente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, recordando que la líder opositora, quien también es reconocida por su participación en espacios de opinión, se encuentra detenida en arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio de 2021 y, que el pasado 11 de marzo, “fue declarada culpable por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida”.
Tras conocer el fallo el pasado viernes, la señalada advirtió que con ese fallo se está violentando la libertad de expresión y añadió que “seguiré defendiendo ese legado que dejó mi padre”.
Según lo explicado por la SIP, con sus declaraciones, Chamorro hizo referencia a su padre, el asesinado periodista y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue víctima de actos violentos que segaron su vida en 1978.
Al llamado de rechazo presentado por la SIP, también se adhirió el de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quien manifestó que, además del atentado contra el debido proceso y la verdad, en el caso Chamorro se evidencia un intento del régimen Ortega - Murillo, por “legitimar el cierre de medios y la persecución de periodistas”.
En su pronunciamiento, Jornet, quien también se desempeña como director periodístico del medio La Voz del Interior, de Argentina, señaló que “el gobierno ya ha logrado cerrar el círculo de la censura absoluta”.
No es el único ataque contra la libertad de prensa y la familia Chamorro
Si bien el caso de Cristina Chamorro es el que ocupa por estos días los titulares de los medios de comunicación, este no es el único ataque contra la familia Chamorro, pues otros miembros de su familia como Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exvicepresidente de la FVBCh, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa, también han sido objeto de procesos judiciales.
En el caso del primero, se encuentra preso desde el pasado 14 de agosto y se está a la espera de que se dicte sentencia en su contra, la cual se tiene prevista para el 21 de marzo, en un proceso que se presume entregaría una sentencia de cerca de nueve años de prisión.
A los ataques contra la familia, también se suman otros, de los que han sido objeto trabajadores cercanos a ellos, entre los que se cuenta incluso el conductor personal de la exaspirante presidencial. En el caso de estos otros trabajadores, las penas que podría emitir la justicia, según detalla la SIP, se encontraría entre los 7 y 13 años de prisión.
La SIP también advirtió que, en el caso de la Fundación que presidía Chamorro, la cual se conoce con la sigla FVBCh, esta se vio obligada a cesar sus actividades desde inicio del año pasado, en virtud de la implementación de una ley con la que el Gobierno busca “controlar la financiación externa que recibían organizaciones no gubernamentales”.
Otros ataques contra la prensa
A través de estos mecanismos de censura judicial, el régimen Ortega-Murillo también ha silenciado la voz de otros periodistas críticos al poder en Nicaragua, destacando la SIP los casos de los comunicadores Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes fueron condenados a penas de trece y nueve años de prisión respectivamente.
La SIP, que se define como “una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas”, señala que la libertad para ejercer el periodismo en América Latina está seriamente golpeada, advirtiendo que los casos más preocupantes actualmente se registran en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿Cómo estamos en Colombia?
De acuerdo con el más reciente reporte presentado por la Fundación para la Libertad de Prensa, ONG encargada de la defensa de este derecho en Colombia, durante el 2021, en el país se presentaron al menos 700 casos de agresiones contra periodistas, de los cuales, la Fuerza Pública, como mayor agresor, sería el responsable de 247 de los episodios, teniendo en cuanta que la mayoría de dichas agresiones fueron denunciadas en el contexto de las protestas sociales y responden a episodios de agresión física directa.
En cuanto a casos de vulneración a los Derechos de la Libertad de prensa a través del denominado acoso judicial, se presentaron 36 casos, que se suman a 43 escenarios de obstrucción al acceso al a información, situación de la cual, en su mayoría, los responsables son funcionarios públicos, según detalla el organismo.
Según la FLIP, en 2021, se presentó un caso de asesinato de un periodista, asociado a su oficio de informar, refiriéndose al caso de Marcos Efraín Montalvo en la ciudad de Tuluá.
En lo corrido de 2022, la FLIP ha documentado 108 violaciones a la libertad de prensa y de expresión, con un número de víctimas de 116 periodistas.
