Chile
El Pleno de la Convención Constitucional de Chile da luz verde al derecho al aborto
La convención constitucional cuenta con la participación de diferentes grupos y minorías sociales.
El Pleno de la Convención Constitucional de Chile, que se encarga de la redacción de la nueva Carta Magna, ha aprobado una norma que garantiza el derecho al aborto, por lo que llegará al borrador de la nueva Constitución.
La norma ha salido adelante con 108 votos a favor ―más de los dos tercios requeridos―, 39 en contra y seis abstenciones, según ha informado la Convención Constitucional a través de su cuenta de la red social Twitter.
En concreto, autoriza la “interrupción voluntaria del embarazo” como parte de los derechos sexuales y reproductivos consagrados en la futura Carta Magna.
También reza que “el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
“Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”, añade.
La aprobación del derecho al aborto ha tenido lugar en un órgano con paridad entre hombres y mujeres y, según ha destacado Radio Cooperativa, con una fuerte presencia de las organizaciones políticas que sustentan al Gobierno de Gabriel Boric, que se ha definido abiertamente como “feminista”.
Actualmente, el aborto en Chile está permitido únicamente para salvar la vida de la madre, que el feto sea inviable o por violación. A finales del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, por lo que quedó archivada. La norma ya no podía volver a debatirse en la anterior legislatura.
Difícil inicio de gobierno
El gobierno de Gabriel Boric, quien se posesionó como presidente de Chile el pasado viernes, ha tenido un difícil inicio. Mientras la ministra del interior, Izkia Siches, se desplazaba a la región de la Araucanía, donde se asientan comunidades mapuches, se oyeron varios disparos que detuvieron a la comitiva.
La ministra inició, este martes junto a otros ministros, una primera visita a la región de la Araucanía, con presencia de militares desde el 12 de octubre del año pasado luego que el expresidente Sebastián Piñera ordenó un Estado de Excepción tras una escalada de ataques incendiarios.
El fiscal de Alta Complejidad, César Schibar, informó que la comitiva tuvo que desviar su viaje cuando se desplazaba por un camino rural a la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, luego de que fuera dejado un vehículo en llamas para bloquear el acceso y se originaran disparos al aire.
Siches viajaba por una zona en donde han ocurrido varios ataques, rumbo a reunirse con familiares de Camilo Catrillanca, un indígena asesinado en 2018 por un policía que le disparó a la cabeza.
En las cercanías del lugar se encontró un cartel que decía: “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuche, no habrá diálogo”.
La ministra confirmó por su parte el “corte de camino” y “algunos disparos al aire”. “Debo confesar que lo único que yo identifiqué fue el choque de nuestro vehículo porque intentó retroceder, fue lo único que yo visualicé”, aseguró ante la prensa desde la región de la Araucanía.
“Entendemos que fue una medida de amedrentamiento y que no dispararon a los vehículos”, declaró de su lado el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas.
La visita forma parte de un nuevo enfoque con el que el gobierno de Boric busca afrontar uno de los temas más conflictivos de su flamante administración: la serie de ataques incendiarios que se registran en las regiones de la Araucanía y del BioBío, en el sur de Chile.
Allí se asienta gran parte de las comunidades indígenas mapuches que reivindican tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de empresas forestales.
Grupos radicales mapuches han reivindicado algunos de los atentados, pero también denuncian la presencia de grupos de autodefensa de las forestales y sabotajes por parte de la policía, así como de narcotraficantes.
*Con información de la AFP.